Los servicios jurídicos de AUGC en defensa de sus afiliados lograron un nuevo éxito, en este caso, correspondiente a la delegación en Huelva, que ha logrado que se anule una sanción disciplinaria, impuesta a uno de sus afilados.

A este afiliado se le sancionó injustamente por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Huelva con una sanción disciplinaria que ninguno de los oficiales que la investigaron, observó que se hubiera cometido. El único que consideró necesario abrir expediente disciplinario fue el Coronel que lo sancionó. "Juez y parte del procedimiento", sostiene la AUGC.

Estas informaciones procedían de una queja impuesta por una ciudadana, en la Subdelegación del Gobierno. Como consecuencia de ello, se abrieron dos informaciones reservadas, una para resolver la queja, que fue investigada por un oficial de la Comandancia, declarando que no había existido ningún tipo de responsabilidad y que se había actuado conforme a las normas: “Es parecer del Oficial que suscribe, a la vista de lo informado por los agentes, y de las averiguaciones realizadas, que el trato que se le dio a la ciudadana fue correcto en todo momento y que dicha visita, está justificada, ya que fue motivada por la información que dio su expareja en el momento que iba a denunciar, pese a no hacer efectiva la denuncia, se realizaron las gestiones pertinente encaminadas a que no surgiera ningún tipo de problema entre la ciudadana y su expareja y que pudiese recoger las cosas de su domicilio”. Decía esa primera información.

No pareció del agrado del Coronel, que ordenó la apertura de otra información reservada, para ver si había existido infracción disciplinaria. También en esta información reservada se concluyó que no había infracción disciplinaria. No obstante, el oficial presuntamente para agradar al jefe, determinó que “procede a advertir verbalmente para un mejor cumplimiento de sus obligaciones y servicios en un futuro”.

Y esta expresión fue la que preparó el expediente, "está claro lo que se pretendía con esa última expresión", al menos es lo que considera AUGC en una nota de prensa, y no era otra que "poder abrir un expediente disciplinario y sancionar al guardia civil, para así poder justificar todo el procedimiento ante la Subdelegación del Gobierno y agradar de esta forma a las autoridades políticas, al tratarse de una queja relacionada con violencia de género".

Pero este guardia civil contaba con el apoyo de los servicios jurídicos de AUGC Huelva, que lo defendieron en su expediente y que una vez sancionado, presentó el correspondiente recurso de alzada, alegando vulneración del derecho a la defensa, indefensión, presunción de inocencia, vulneración de la legalidad y tipicidad.

La estimación del recurso no deja lugar a dudas y declara que el guardia civil no había podido defenderse de las acusaciones que se le hacían, y que se le había sancionado, vulnerando el derecho a la defensa del encartado en el expediente, habiéndose producido una indefensión, dejando por ello nulo todo el expediente, esperamos que ahora también las autoridades políticas también tengan conocimiento de la anulación.

AUGC considera que "en todo este procedimiento se ha pretendido desde el principio sancionar a los guardias civiles, para justificar las actuaciones por la queja presentada, ante las autoridades políticas, alguien se empeñó en sancionar y se preparó el expediente, lo que se ha conseguido con esto, es dejar en entredicho la profesionalidad de un guardia civil, con muchos años de servicio, con varias condecoraciones y con muchísima experiencia, con este tipo de acciones, solo se consigue quebrar la profesionalidad de los guardias civiles, que deben estar más atentos a una posible sanción disciplinaria, que de la atención al ciudadano, como ocurrió en este caso".

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos.