Alaya detiene a Eduardo Muñoz en una operación contra el fraude en la formación

La juez Mercedes Alaya respetó las elecciones andaluzas, pero no le ha dado tiempo a Susana Díaz para que repose su triunfo. Tan sólo dos días después de que se celebraran los comicios, la magistrada lanzó una operación contra el fraude en los cursos de formación que se ha centrado sobre los altos cargos que intervenían en la concesión de las ayudas para la acciones formativas y que se ha saldado con la detención de 16 personas y la imputación de otras cinco. Entre los detenidos, el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Eduardo Muñoz.

Al cierre de esta edición, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había puesto a disposición de la juez Alaya a la mitad de los detenidos, todas ellas mujeres, a las que en principio se atribuyen delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, María José Lara, primera imputada en comparecer, se acogió a su derecho a no declarar tras su detención en el marco de la operación Barrado. La UCO también puso a disposición de la juez a las ex delegadas de Empleo en Jaén Irene Sabalete Ortega; de Almería, Francisca Pérez Laborda: y de Sevilla, Aurora Cosano; de Granada, Marina Martín Jiménez;así como a la ex directora-gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte; y a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda y que recibió numerosas ayudas de la dirección general de Formación. Completa la lista de estas primeras imputadas la presidenta de la UTE del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga).

Según fuentes del caso, tanto Sabalete como Florido sí prestaron declaración ante los agentes de la Guardia Civil. En el caso de ésta última, habría negado una intervención directa en la concesión de ayudas al entramado de empresas vinculado a su cuñado Ángel Ojeda, quien según la juez Alaya habría usado "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi. Florido habría alegado que se abstuvo en cada uno de los expedientes relacionados con el entramado de Ojeda. Al término de estas declaraciones Alaya tenía previsto celebrar una vistilla para ver si Anticorrupción solicita alguna medida para estas primeras imputadas.

Los agentes de la UCO iniciaron a las nueve de la mañana la operación denominada Barrado, que se desarrolló de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas y que se centra en la actuación de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una de las partes del sumario que la juez había declarado secreta junto a la actuación de los consorcios entre administraciones que también recibieron ayudas de la dirección general de Formación Profesional. Siete de los 16 arrestados han desempeñado el cargo de director provincial del SAE -que ostentaban los delegados de Empleo- y cuatro estuvieron al frente de las direcciones generales dentro del mismo organismo. Destacan asimismo las detenciones de dos delegados provinciales de Empleo que hasta el día de ayer, cuando fueron cesados de inmediato por el Consejo de Gobierno de la Junta, ocupan dicho cargo: Aurora Cosano, en Sevilla, y Muñoz en Huelva.

El mayor número de detenciones se practicaron en Sevilla y Málaga, con tres arrestos en cada provincia, mientras que en Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería hubo dos detenciones en cada provincia, y finalmente una detención en Granada y Jaén, respectivamente.

Entre los primeros arrestados por la Guardia Civil en la provincia de Sevilla figuran la ex directora general de Formación de la Junta Teresa Florido y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La Guardia Civil detuvo asimismo a los ex delegados Empleo en Cádiz Juan Bouza; Almería, Francisca Pérez Laborda; Granada Marina Martín Jiménez -en la actualidad directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí-; y Málaga, Juan Carlos Lomeña. También fueron arrestados los ex directores-gerentes de dos consorcios de formación: el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas, en Málaga, y Formades, en Almonte, y también fue detenida la presidenta de la UTE gestora de CIOMijas. Además de las detenciones, se llevaron a cabo dos registros en el complejo CIOMijas.

Alaya mantiene desde el pasado 20 de enero el secreto parcial de la causa de los cursos de formación, en la que han abierto cuatro líneas de investigación, una de ellas sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La juez constató "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación, una de ellas relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro y que según la instructora se convirtió en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración".

La "única fuente de financiación" de la Faffe, explicó entonces Alaya, eran las subvenciones otorgadas por el SAE, al tiempo que advirtió de las "graves irregularidades" que presentaban en cuanto a su justificación. Entre esas irregularidades, Alaya destaca las relacionadas con las siete subvenciones extraordinarias concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi por importe de 35,9 millones, dentro del plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, así como otras dos subvenciones en 2009 y 2010 por 25,5 y 24,3 millones, "sin que haya presentado justificación".