El 19 de agosto de 1998 el periódico Huelva Información publicaba la siguiente noticia: 12 vecinos de Lepe eran desalojados por la Policía Local de sus viviendas, ante el peligro de derrumbe de las mismas. Se encendió la luz de alarma cuando en varias de las casas situadas en la calle Peral de la localidad, las paredes se agrietaron y el suelo se hundió rápidamente, hasta treinta centímetros en el caso de una de ellas.

Sobre las tres de la tarde del 18 de agosto de hace 25 años, un día después de que terminaran las fiestas de verano de la localidad, se escuchó un fuerte ruido en una vivienda de la esquina de la calle Peral, "como si estuvieran tirando piedras contra las paredes", y el suelo se hundió. Después de que cediera el pavimento de esta casa sucedió lo mismo en las dos viviendas siguientes, mientras que en las tres restantes empezaron a agrietarse las paredes. Esto originó que las fuerzas de seguridad desalojaran los seis domicilios agrietados y las otras casas de la misma acera "por precaución". La familia que ocupaba la vivienda número uno no pudo salvar siquiera los enseres debido al peligro que entrañaba acceder a la casa mientras se hundía.

Horas después del suceso, que pudo acabar en tragedia, las autoridades municipales y los afectados tramitaron el alojamiento de las familias a los hoteles La Barca, a cuatro kilómetros de la localidad lepera, y Tamara, ubicado en el mismo casco urbano. Posteriormente, las familias fueron reubicadas temporalmente en una promoción de Viviendas de Protección Oficial, aunque en régimen privado.

El alcalde de Lepe, en ese momento José Oria, responsabilizó del derrumbe a la empresa constructora, que había levantado el edificio apenas dos años antes. Esta anunció que haría entrega de otras viviendas a los afectados mientras se aclaraban los hechos.

El servicio de Obras del ayuntamiento lepero derribó las dos viviendas más afectadas para evitar males mayores y limpió el solar para que los arquitectos estudiasen el suelo con la intención de determinar qué causa motivó que las casas se hundieran en la tierra más de metro y medio en solo unas cuatro horas.

Los afectados directamente por el siniestro acudieron al juzgado de Ayamonte a interponer la correspondiente denuncia para que la Justicia determinase quién debía ceder la vivienda. Estos culpaban del incidente a "la falta de cimientos" e indicaban que sus hogares estaban construidos sobre un campo que se anegó en multitud de ocasiones, antes de convertirse en zona residencial en 1995. 

Desde el Ayuntamiento insistieron en que los estudios previos del suelo eran todos positivos. El alcalde de Lepe quiso dejar claro que se trataba de "un hecho aislado que no tenía por qué volver a repetirse en ninguna otra vivienda de la zona, una de las más modernas de Lepe".

La Policía Judicial de Ayamonte abrió una investigación para esclarecer las causas del suceso. Se supo que algunos de los afectados se habían dirigido días antes a la empresa constructora para comunicarle que habían aparecido grietas en las paredes de las viviendas sin que la empresa diese importancia a las mismas y las considerase normales en unas viviendas de reciente construcción.

Finalmente, el juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Ayamonte condenó a la promotora por el derrumbe de las casas, así como a pagar la cantidad de 350.000 euros a sus propietarios en concepto de daños morales.

Años después, los vecinos denunciaban que en el solar no se habían vuelto a levantar las viviendas a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que desde 2011 avalaban lo obvio: que los propietarios no tuvieron la culpa, y que las viviendas se tendrían que haber reconstruido nada más derrumbarse. Es más, las casas estuvieron 16 años en ruinas, hasta que las derrumbaron en 2014. El año siguiente, en 2015, lo único que se había conseguido era que se limpiase el solar.

Un problema que hizo que 13 familias de la localidad comprasen sus casas, las pagaran por completo y algunas jamás las ocuparan. 13 historias humanas distintas que dan forma a este suceso.