La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha advertido este miércoles de “la situación alarmante” que se está dando en los servicios de Atención Primaria del SAS en Huelva, que ya “no soporta más presión”, ante la demanda para atender pacientes con posible covid y con otras patologías, además de llevar a cabo gestiones y funciones nuevas a raíz de la crisis sanitaria, como el rastreo, que se está intensificando en los últimos días con el incremento de positivos en la provincia onubense.

González ha manifestado su “perplejidad ante el no hacer” del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que, a pesar de las continuas demandas de su grupo parlamentario, “sigue haciendo oídos sordos, y la situación en los centros de salud está cada vez peor al no tomarse ninguna medida efectiva”.

“Uno de los efectos más graves del nuevo modelo sanitario impuesto por la Junta es un agravamiento de patologías, porque la atención telefónica muchas veces no puede suplir la presencial”, ha aseverado, y los centros de salud “están prácticamente cerrados”. Sin embargo, “esta atención requiere de un reforzamiento de personal necesariamente por exigencias de la pandemia”. Ante las circunstancias extraordinarias que la sociedad está viviendo, la diputada anticapitalista ha recordado que “el gran problema es que esta situación viene de años atrás, de no cuidar la Sanidad Pública”. Por ello, “lo sorprendente es que no se ponga remedio ya”, ha insistido, porque “es evidente que las medidas para afrontar la crisis sanitaria están siendo una chapuza detrás de otra”.

“Para poner remedio a la situación desbordante que existe en la Atención Primaria son vitales varias cuestiones”. Por un lado, “contratar más personal sanitario y por el otro reestructurar las funciones asignadas”, tal y como vienen explicando los sindicatos desde hace meses. Así, “las funciones de rastreo pueden cumplirlas trabajadores sociales u otros empleados relacionados con el ámbito sanitario”, dejando los casos de mayor riesgo para los sanitarios.

Igualmente, la Junta tiene que ofertar “unos contratos decentes para facultativos y el personal de enfermería, para que quieran quedarse en nuestra tierra, porque muchos se van a otros lugares de España y de fuera del país, donde tienen mejores condiciones laborales”, ha remarcado.

“No nos cansamos de repetir estas cuestiones y de trasladarlas a la Consejería de Salud y Familias”, cuyo titular “ya ha dicho que la Atención Primaria va a estar colapsada por un tiempo”, recuerda, y lo que “no se puede entender es que aún no se hayan tomado medidas”. Unas medidas que “llevan demandando todos los sectores de la sociedad”.

“El miedo al coronavirus no puede atajarlo el Gobierno andaluz, pero el miedo a no ser atendido y a agravar la enfermedad sí es responsabilidad de este Gobierno”, ha aseverado, porque “el señor Aguirre no está atendiendo la demanda de toda la ciudadanía que le dice que ya no soporta este colapso en los centros de salud”. Además, “este colapso lleva a cargar a los hospitales con urgencias que no son tales, pero que, ante la indefensión de las personas al no poder ser atendidos en su centro de salud, es la única opción”.

De esta forma, González ha recordado las funciones que se llevan a cabo desde la Atención Primaria, explicadas por el mismo consejero: “atención telefónica, atención presencial del circuito covid y no covid, urgencias, atención domiciliaria, centros residenciales, centros educativos, detección, protección y tratamiento de las personas en sospecha de padecer covid, indicaciones para las mismas y rastreos de sus contagios, innovación y aprendizaje y el cuidado de la población asintomática”. Sin embargo, a pesar de toda esta carga de trabajo, “seguimos sin esos cambios estructurales ante tantas y tantas funciones que siguen recayendo en el personal médico y de enfermería, principalmente”. Por ello, para la diputada andaluza, se trata de “un proceder inexplicable”.

Igualmente, ha recordado que “las urgencias de muchos pueblos de Huelva no pueden seguir cerradas”, como ya denunció la parlamentaria. “Se trata de más de 21.000 personas que no reciben atención de urgencias en su localidad, y muchas de ellas no serán atendidas por no poderse trasladar o por miedo a la pandemia, por lo que las consecuencias pueden ser fatales”, ha subrayado.