La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado a través de un comunicado el inminente cierre del módulo de mujeres del penal onubense, prevista "inicialmente para marzo", como se precisa a Huelva Información desde el sindicato en la prisión de Huelva.

El director del centro, Raúl Barba, ha indicado al respecto a este periódico que "no hay nada decidido sobre el cierre del módulo 9, de mujeres", a lo que añade que "tenemos previsto inaugurar un Departamento UTE Mixto en unos meses, para que las mujeres tengan la oportunidad de ingresar en un Departamento Terapéutico-Educativo, al que hasta ahora sólo tenían acceso los hombres".

En esta opción tratamental "pionera en Andalucía" se ofrecerá "la posibilidad de ingresar en nuestra UTE Mixta a internas de otros centros penitenciarios que lo necesiten según su programa de tratamiento", subraya Barba, lo que "podría aumentar el número de internas en nuestro centro y mantener abierto el módulo de mujeres, que sería lo deseable".

Acaip insiste en que el proyecto de clausura del módulo femenino onubense, coincidiendo también con el cierre de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), "delata los planes de Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas privativas de libertad de las mujeres andaluzas". En este sentido, aduce en el comunicado que Barba justifica la decisión "en el descenso de la población reclusa, olvidándose por completo de la prestación de un servicio público de calidad como lo es el penitenciario".

Asimismo, subraya que este hipotético cierre "contrasta con las políticas de igualdad de género de las que se hace gala no solo dentro de la institución sino también del propio Gobierno, cuando la misma Ley Penitenciaria reconoce que el cumplimento de penas debe evitar el desarraigo".

Sobre el Departamento Terapéutico-Educativo al que hacía referencia el director de la penitenciaría, Acaip apunta que será "un módulo residencial terapéutico mixto (en el que convivirán hombres y mujeres)", y que las condenadas onubenses "prácticamente tendrán que aceptar entrar en ese programa experimental sino quieren ser trasladas a otras provincias para el cumplimiento de su pena".

A juicio de la fuerza sindical, esta iniciativa "también refleja que la Administración actual ha abandonado las políticas de reinserción, mientras que está más preocupada por un alarde de publicidad institucional, que en definitiva esconde el adelgazamiento de las plantillas de los dos centros penitenciarios de Huelva y un empeoramiento en la calidad asistencial a la población reclusa, que tiene como consecuencia directa que los funcionarios de prisiones trabajemos en peores condiciones para llevar a cabo la función social y rehabilitadora que nos encomienda la Constitución española, perjudicando, en definitiva, a la población reclusa bajo nuestra tutela y a la sociedad onubense".

Merma de la plantilla

Acaip destaca además que en plena tercera ola de la pandemia Huelva "sufre el mayor traslado de funcionarios prácticos de toda España, ocho en total, a otros centros penitenciarios, castigando a una ya mermada plantilla y poniendo en peligro la prestación de un servicio público esencial ante un contagio masivo de trabajadores".

Desde su prisma, este "adelgazamiento de las plantillas" contrasta con "contratos de obras millonarios de reforma" del penal de La Ribera. Por todo, Acaip Huelva solicita a la Subdelegación del Gobierno en Huelva que "tome cartas en el asunto y trate de tomar las medidas necesarias para el aseguramiento de un servicio público esencial".

Sobre esta cuestión, el director del Centro Penitenciario de Huelva manifiesta que "los datos objetivos no sustentan las afirmaciones del sindicato". Detalla así que antes de la apertura del Centro de Inserción Social la prisión tenía 1.800 internos. "Ahora tenemos menos de 1.000, siendo el número de empleados públicos parecido al del año 2008, con una plantilla de unos 470 trabajadores". Es decir, que la ratio de reclusos por empleado público "en este momento es prácticamente la mitad que en el año 2008".

Y esto, afirma Raúl Barba, "muestra objetivamente el esfuerzo actual de la Administración Penitenciaria para dotar al Centro Penitenciario de Huelva de un número suficiente de empleados públicos para prestar con la máxima calidad un servicio público esencial para nuestra sociedad".