La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), ha pedido ante la Audiencia Nacional, a través de una alegación, que Fertiberia "no ejecute" el proyecto Restore 20/30 para la regeneración de la zona de las balsas de fosfoyesos de Huelva, "sin una nueva evaluación ambiental", ya que la administración "tiene seria dudas" sobre "la idoneidad" del mismo.

El escrito de la Abogacía del Estado es una alegación a la comunicación realizada por la empresa, con fecha 13 de junio de 2023, en la que informa de que "ha obtenido todos los permisos y autorizaciones sustantivas necesarias para iniciar la ejecución del proyecto", por lo que anuncia que "una vez que el Ayuntamiento de Huelva le conceda la licencia de obras (hecho que se comunicará puntualmente), iniciará la ejecución del proyecto".

En este sentido, la Abogacía del Estado ha presentado dos objeciones. Por un lado, que el proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos "debe ser confirmada por la Sala antes de que se inicie su ejecución", tal y como se recoge en el Auto de 21 de octubre de 2016, y es ésta la que "debe otorgar su idoneidad".

Al respecto, señala que, "con independencia de lo que esta Sala decida en su día acerca de la idoneidad del proyecto, correspondía a la Administración del Estado emitir un juicio sobre su idoneidad antes de proceder a su tramitación ambiental", por lo que "se ha emitido el octavo informe definitivo de idoneidad de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, tras lo cual las partes habrán de tener ocasión de examinar los informes y realizar las alegaciones que estimen pertinentes al respecto en el procedimiento de tramitación ambiental y aprobación del proyecto".

Asimismo, "y en consecuencia", la segunda objeción que realiza la Abogacía del Estado al proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos es que el Ministerio tiene "serias dudas" acerca de la "idoneidad" del mismo, toda vez que alude a dos informes, con fechas de noviembre de 2020 y enero de 2023, en las que, a petición de la sala, informa sobre el estado de tramitación de los distintos procedimientos y actuaciones.

En cuanto al documento de 2020, la directora general de la Costa y el Mar "trasladó la Declaración de Impacto Ambiental aprobada con fecha 23 de septiembre de 2020", en la que "se hacía partícipe a la Sala de las importantes dudas que generaba el Proyecto para el Ministerio", toda vez que advertía que, "de confirmarse por la Sala la idoneidad del Proyecto en su actual versión, el control ambiental de los trabajos corresponde a la Junta de Andalucía, además de que, al tratarse del sellado de un vertedero, la Administración autonómica resulta competente en materia de residuos y suelos contaminados".

Por su parte, en el Informe de enero de 2023, la directora general de la Costa y el Mar trasladó diferentes manifestaciones de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, en las que llamaba la atención sobre "las dudas que, a la vista de las conclusiones del informe elaborado por la Universidad de Huelva, suscita tanto el proyecto presentado para la zona 4, como el que fue objeto de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y que amparaba las actuaciones a llevar a cabo en las zonas 2 y 3".

Por ello, el informe recoge que los estudios realizados por la Universidad de Huelva "exponen carencias detectadas en el proyecto presentado, como aquellas que afectan al funcionamiento hidrogeológico de las marismas subyacentes, la propia estabilidad de los depósitos de fosfoyesos, los efectos derivados que pueden afectar a la cadena trófica y ecología de la zona de actuación y la preocupación de la población y posibles efectos a la salud de los residuos".

Ante ello, el escrito subraya que "el principio de precaución" aconseja que "se plantee la conveniencia de proceder a realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento al Auto de 21 de octubre de 2016 de la Audiencia Nacional", al tiempo que especifica que esta recomendación se hace desde "el entendimiento que hay acerca de la necesidad de evaluar de manera integral las actuaciones a llevar a cabo no solo en las zonas 2 y 3, tal y como se hizo en la Resolución de 23 de septiembre de 2020, sino también en la zona 4".

Asimismo, dichas "inquietudes" del Ministerio, según continúa el texto, son frutos de "las conclusiones recogidas en diversos informes y estudios aportados" al proyecto. Al respecto, la Abogacía del Estado entiende que "la conclusión global de los informes técnicos es clara", ya que el sistema de "cierre y apilamiento" diseñado por el proyecto presentado "tiene importantes consecuencias medioambientales", por lo que "debe valorarse la posibilidad de una alternativa que implique, no el apilamiento, sino la retirada de los residuos", de hecho, hace mención que en el informe de enero de 2023 la directora general de la Costa y el Mar solicitó de esa Sala "instrucciones acerca de la conveniencia de proceder a una nueva evaluación de impacto ambiental en los términos planteados". Por ello, la Abogacía General del Estado traslada una "idéntica solicitud", a través de este escrito, "considerando conveniente, el Ministerio aquí representado, la solicitud de una nueva evaluación ambiental".