El "colapso" en la justicia derivado por la crisis de la Covid-19 está propiciando que en los juzgados y tribunales de lo Social de la provincia de Huelva ya se estén fijando señalamientos para 2023, una situación que desde el Colegio de Abogados de la provincia han tachado de "auténtico colapso". Por ello, reclaman a la administración la creación de nuevos órganos de lo social y la dotación de recursos materiales y humanos.

Así lo ha puesto de manifiesto el decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, que ha recordado que recientemente se abrió un nuevo juzgado de lo Social que se sumó a los tres existentes, pero aún así, a su juicio, "no es suficiente".

En este punto, Vergel ha asegurado que hay juicios que se están señalando para 2023, lo que supone "un perjuicio no ya para los profesionales de la abogacía sino para la ciudadanía".

Se trata principalmente, como ha explicado, "de juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de Seguridad Social", por ejemplo que, con estos retrasos, "se corre el riesgo de que cuando llegue la fecha del juicio ya no exista la empresa".

"Estamos hablando de salarios, indemnizaciones o prestaciones de la Seguridad Social que quedan en el aire durante años, impidiendo que los afectados puedan, en muchos casos, acceder a un sustento económico al que tienen derecho y sumiéndolos en una situación manifiesta de desamparo", asegura el decano, que considera que ante este supuesto se puede incluso reclamar a la Administración de justicia por responsabilidad patrimonial por las consecuencias por su "mal funcionamiento".

Por ello, ha sostenido que hacen falta más medios, más jueces y más órganos judiciales ya que "la solución la sabemos todos para afrontar la mala organización de la administración de justicia".

Asimismo, Vergel se ha mostrado convencido de que, además, proliferarán diligencias y procedimientos derivados de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que pasarán a ser Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el aumento de despidos generados por la crisis sanitaria.

"La conflictividad litigiosa volverá a incrementarse de manera exponencial" tras la pandemia, ha sostenido el decano, que ha reiterado la necesidad de que se dote a los juzgados de lo Social existentes de los medios materiales que permitan agilizar los procedimientos judiciales en aras a la efectividad del principio constitucional de tutela judicial.

De hecho, dos de cada tres abogados sostienen que la pandemia está afectando negativamente y de forma importante a su trabajo profesional, según el reciente Barómetro Interno de Abogacía Española y Metroscopia 'La situación de la abogacía vista por los abogados'.