La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Huelva ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo denunciando el estado en el que se encuentran los calabozos del Palacio de Justicia de la provincia, lamentando que gran parte de las instalaciones continúan sin climatización ni ventilación, y tampoco hay sistemas de video vigilancia, incumpliendo así los criterios fijados hace siete años por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Todo ello forma parte de unos requisitos establecidos en las Instrucciones 11/2015 y 12/2015 que impartió la Secretaría de Estado de Seguridad. Siete años después, el Ministerio del Interior continúa sin subsanar estas carencias. Fue algo a lo que se comprometió, y la anterior Defensora del Pueblo mostró públicamente su malestar por la circunstancia, pero "la inacción institucional nos impulsa a interponer una nueva denuncia ante el Defensor del Pueblo y a volver a informar a la Dirección General de la Guardia Civil", asegura AUGC en un comunicado.

"La falta de climatización y ventilación y el mal funcionamiento producen unas condiciones de insalubridad que pueden afectar a la salud de los detenidos y de los agentes que realizan las funciones de custodia. Hay que destacar que algunos presos padecen enfermedades infectocontagiosas y las extremas condiciones climatológicas de Huelva complican el trabajo diario en el centro penitenciario. La implantación de unos sistemas “que funcionen correctamente y que se acomoden a la climatología” es un requerimiento aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, concretamente en el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’ que fue actualizado en mayo de 2018", añade la nota.

En el mismo Protocolo también se dispone que las instalaciones dedicadas a la custodia de detenidos, donde trabajan tanto Guardias Civiles como Policías Nacionales, “dispondrán de sistemas de videovigilancia y grabación”. En el Palacio de la Justicia de Huelva tampoco se está cumpliendo. Son unos elementos necesarios para garantizar la integridad física de los funcionarios policiales que ejercen la custodia de los presos y también por la propia seguridad de las personas privadas de libertad.

Las concretas normas de la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad se dictaron para su cumplimiento y, con el mismo, lograr una protección más eficaz de los agentes y de los detenidos. Además, es necesario elaborar un protocolo que amplíe y desarrolle las pautas básicas establecidas siguiendo las sugerencias emitidas por los órganos interministeriales relacionados con esta materia y por el Defensor del Pueblo. "Los compañeros que prestan servicio en Centros Penitenciarios y que viven situaciones similares a las del Palacio de la Justicia de Huelva no pueden continuar con estas condiciones. Hemos tomado cartas en el asunto e instamos a que el Defensor del Pueblo realice su labor y a que la Dirección General de la Guardia Civil atienda a las necesidades de los trabajadores", concluye.