La AN condena a 65 años a 8 narcos por traer cocaína a Huelva desde Perú

La investigación parte del testimonio de un onubense al que la banda captó como mulero, quien se arrepintió y denunció los hechos

Los 18 cilindros de coca, el peso y el MDMA intervenidos en casa de El Gordo.
Raquel Rendón Huelva

11 de junio 2013 - 01:00

Un jefe dominicano con contactos en Sudamérica. Muleros. Una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. Distribuidores nacionales. Y, en mitad de la película, Huelva. Es el resumen de la operación Damas de Panamá, auspiciada por la Udyco de la Policía Nacional onubense en 2010, que acabó con la desarticulación de una estructurada corporación criminal con base en Madrid y ramificaciones en las localidades onubenses de Bonares y Rociana del Condado.

Ocho hombres se sentaron el pasado mes de mayo en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder por delitos contra la salud pública -en relación a sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia- y pertenencia a organización delictiva. Otras dos personas, un joven onubense y una mujer, fueron arrestados en el aeropuerto de Lima (Perú) cuando trataban de introducir en España, en connivencia con la banda, más de cinco kilos de cocaína, siendo condenados en el país iberoamericano a cumplir seis años y ocho meses de cárcel cada uno.

Huelva Información ha tenido acceso a la sentencia de la Audiencia Nacional, recién salida del horno, por la que se sanciona a los ocho procesados -cuatro de ellos residentes de la provincia de Huelva- a una pena conjunta de 65,5 años y al abono de multas que alcanzan una cuantía global de 4,5 millones de euros.

La investigación parte en febrero de 2010, momento en que el padre de un joven onubense solicitó a la Policía Nacional auxilio para su hijo, quien había viajado tres días antes a Madrid para ser "instruido y habilitado para efectuar un viaje a Sudamérica con el fin de traer cuatro kilos de cocaína a las que convino el ilícito transporte a cambio de unos 10.000 euros". Iba a hacer de mulero -viajaría primero a Francia, luego a Panamá, República Dominicana y, finalmente, Perú-, pero acabó arrepintiéndose y decidió volver a Huelva. A partir de ahí comenzó el calvario de amenazas.

El 4 de marzo de 2010, el padre del joven concertó una cita en la puerta principal del centro comercial Aqualon de la capital onubense con I.Q.A. y el dominicano E.P.T., ambos con residencia en Rociana, una cita que vigiló de cerca el Grupo II de Estupefacientes de Huelva. Le reclamaban en "tono agresivo e intimidatorio" 2.000 euros en concepto de gastos del viaje a Madrid. El 9 de marzo el Juzgado número 3 de La Palma autorizó la intervención de los teléfonos de estos individuos y comenzó el baile.

A lo largo de tres meses de pinchazos telefónicos, acompañados de actos policiales de seguimiento y vigilancia, la operación Damas de Panamá destapó la existencia de "una red estructurada de personas dedicada a la introducción de droga en España, previa captación de personas que la traían a cambio de dinero, para su posterior distribución y venta", principalmente, en Madrid y Huelva.

I.Q.A., E.P.T. y el bonarense F.J. distribuían la droga por la provincia de Huelva, pero también captaban a los muleros para la banda que dirigía el dominicano E.D.L.B., alias El Gordo, desde Madrid. Consiguieron engatusar al onubense D.G.P. para que hiciera el trabajo. Viajó a Perú para traerse la cocaína, pero fue interceptado el 29 de febrero de 2010 en la zona de embarque del aeropuerto Jorge Chávez de Lima cuando se disponía a regresar a Madrid. En el interior de tres pantalones vaqueros que llevaba en su maleta azul hallaron tres paquetes que contenían 2.998 gramos netos de cocaína, por lo que fue condenado el 27 de abril de ese año a seis años y ocho meses de prisión. Los casi tres kilos incautados hubieran alcanzado en el mercado ilícito alrededor de 300.000 euros.

El rumano I.M. llegó a transportar "hasta en tres ocasiones" y en connivencia con E.P.T., 1,1 kilos de cocaína a Huelva en distintas partidas "a cambio de 500 euros cada vez".

El Gordo organizó otro viaje a Perú en abril, ayudado por su amigo C.P.B., madrileño, y por su primo, W.L.T., que fueron quienes contactaron con el barcelonés J.G.M., quien propuso a su madre como mulera. La mujer partió hacia Lima desde Barajas el 22 de abril. Desde allí comunicaba al cabecilla de la banda y a su hijo todos sus movimientos con los proveedores. El 12 de mayo de 2010, la señora fue detenida en el aeropuerto peruano Jorge Chávez. Escondía bajo los pantis 555 envoltorios "tipo cápsula" con un peso de 2.691 gramos de almidón y cocaína con una pureza cercana al 80%. Fue condenada en Perú a seis años y ocho meses de prisión.

C.P.B. acudió a recogerla al aeropuerto de Barajas en la madrugada del 13 de mayo. No apareció nadie. La Policía Nacional lo detuvo allí mismo. Los siguientes en caer fueron el cabecilla, E.D.L.B., -en cuyo domicilio se hallaron 184,3 gramos de cocaína también encapsulados, además de 40 gramos de MDMA-, su primo, W.L.T., y el hijo de la mulera, J.G.M. Les siguieron el 20 de mayo los arrestos en Huelva de los tres residentes en Rociana, I.M., E.P.T. e I.Q.A., y F.J., de Bonares.

La Audiencia Nacional condena ahora a El Gordo a 12 años de cárcel y 1,2 millones de euros de multa por un delito contra la salud pública en el seno de una organización delictiva "en la que ostenta la jefatura". Por los mimos delitos impone a E.P.T. y C.P.B. penas de diez años de cárcel y multa de 600.000 euros para cada uno, mientras que a I.Q.A. y F.J. les asigna penas de nueve años y un día de reclusión y 600.000 euros de multa. Al hijo de la mulera, J.G.M., le impone siete años de cárcel y 300.000 euros. La misma cantidad tendrán que abonar los otros dos condenados, aunque W.L.T. tendrá que cumplir 4,5 años de prisión e I.M., sólo cuatro.

El tribunal señala en la sentencia el buen hacer de los agentes de la Udyco de Huelva, destacando que las declaraciones en el plenario de los cuatro funcionarios policiales "merecen toda la credibilidad". Por ello, prosiguen los magistrados, "este tribunal rechaza contundentemente las apreciaciones de varias defensas, en especial la del acusado principal, acerca del calificativo de "chapuza" con que definió la instrucción desplegada, como resultan del todo rechazables expresiones como compadreo andaluz, búsqueda de carnaza e instrucción desastrosa, en un vano intento de denigrar la diligente, rápida y eficaz actuación policial efectuada".

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