Los órganos judiciales onubenses han tenido que atender los servicios esenciales con los 115 empleados que trabajan presencialmente desde mediados de abril. Hoy recibirán refuerzos. Tras la intensa negociación de ayer entre los sindicatos y la Consejería de Justicia, se incorporarán a sus puestos el 33% de los gestores, tramitadores y auxilios judiciales de cada uno de los juzgados onubenses, tal y como avanzó ayer a Huelva Información el delegado provincial de la sección de Justicia de UGT, Víctor Cuevas. También lo hará un tercio de la plantilla de médicos forenses de la provincia.

Los detalles de esta desescalada laboral se conocerán en una resolución dictada por la Junta de Andalucía, que al cierre de esta edición todavía no estaba disponible, pero que implicará el ingreso progresivo del funcionariado a las oficinas judiciales y a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Huelva (IML).

De otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer los criterios por los que se regirán los planes de reanudación de la actividad judicial. A partir de hoy (aunque muchos jueces y magistrados ya lo han hecho) se procederá al restablecimiento gradual del trabajo presencial. En la primera fase que se inicia ahora “se mantendrá un sistema de prestación de servicio mixto (trabajo presencial y teletrabajo), reduciendo el horario de audiencia pública y limitándolo a los días en que se tengan que celebrar actuaciones presenciales”. El 100% de efectivos de la carrera judicial no estará trabajando in situ hasta el 2 de junio.

Los servicios esenciales se mantendrán activos, como ocurre desde el inicio del estado de alarma. Ayer, por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Huelva hubo dos causas con presos e intervinieron los pertinentes testigos, como indicó a este diario el fiscal jefe, Alfredo Flores.

Antonio Pontón, junto a una de las mamparas instaladas en una oficina judicial, ayer.

Pero, ¿qué ocurre con los no esenciales? El CGPJ apunta en un comunicado que la suspensión de los plazos e interrupción de los términos procesales continuarán así mientras esté vigente el estado de alarma, pero que no debe impedirse “el normal funcionamiento de la Administración de Justicia”. Así, cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que se realice una actuación procesal que abra un plazo que deba quedar suspendido por el decreto de alarma.

Una vez se levante la suspensión de plazos y hasta el próximo 31 de agosto, dice el CGPJ, se desarrollarán en juzgados y tribunales (preferentemente) aquellas actuaciones relativas a asuntos declarados urgentes o que hubieran sido suspendidos. Se procurará desarrollar estas actuaciones “de forma telemática, siempre que se disponga de los medios técnicos para ello y se asegure la confidencialidad”.

El órgano de gobierno de la judicatura deja a criterio de jueces y magistrados la forma en la que se celebrarán los juicios: de forma telemática o presencial o, incluso, combinando ambos métodos. Además, tendrán que señalar juicios también por la tarde, siendo estos  los que “no requieran la participación de muchos intervinientes y cuya duración estimada sea corta”.

Se celebrarán juicios también por la tarde, con mamparas y haciendo uso de mascarillas y guantes

Cuando el juicio sea presencial, las salas de vistas tendrán mamparas para separar a todas las partes, preservando las distancias de seguridad. Y se exigirá el uso de mascarillas quirúrgicas, guantes y geles hidroalcohólicos. Así se establece en un documento elaborado por la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Justicia sobre las medidas preventivas a adoptar para evitar contagios de Covid-19.

En Huelva, como informó a este rotativo el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, estas mamparas todavía no se han instalado en las salas de vistas pero se hará en breve. Sí están presentes en oficinas judiciales.

Por ende, los estrados del tribunal o el juez, la Fiscalía, las acusaciones y las defensas estarán protegidos por dichas mamparas, al igual que el puesto de la persona que declara –acusados, testigos y peritos–; los letrados de la administración de Justicia y el personal funcionario.

La Junta remarca que será “necesario asegurar la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros entre las personas comparecientes en el banquillo y entre las personas que asistan como público, en su caso”, lo que implica determinar en cada supuesto el “aforo máximo” de la zona de público.