El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo desde el 7 de abril por el caso mascarillas

El Alto Tribunal cita como testigos a Torres, Armengol, Pardo de Vera y el ex gerente del PSOE mientras descarta llamar a Sánchez, Montero, Marlaska o Illa

El ex ministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. / J. J. Guillén / Efe
Agencias

04 de marzo 2026 - 11:36

El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al ex ministro Jose Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral.

Asimismo, ha citado como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Así consta en un auto, que responde a las peticiones realizadas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, cuando sus defensas reclamaron que el Supremo no era competente y que la causa siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, al perder el exministro el aforamiento tras renunciar al acta de diputado.

La Sala de lo Penal desestima todas las nulidades defendidas por sus defensas en la audiencia preliminar, manteniendo así su competencia para juzgar el caso. A la vez, se opone a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal como había solicitado la defensa del exasesor de Ábalos.

De esta forma, la Sala de lo Penal les sentará en el banquillo, junto al supuesto conseguidor Víctor de Aldama, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Los magistrados han aceptado que en el juicio comparezcan como testigos Torres y Armengol, que eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.

También figuran, entre la lista de más de 75 testigos aceptados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.

Eso sí, el tribunal ha desestimado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto.

Negativa al polígrafo de Koldo ni al careo con Aldama

Los siete magistrados que les juzgarán han rechazado igualmente la petición de Koldo para que se le someta a la prueba del polígrafo de cara al juicio, así como la de un careo con Aldama.

"El careo no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros; será, pues, la Sala la que decida sobre la procedencia de acceder a la práctica", responden.

Y sobre el polígrafo, indican que "tampoco puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad".

A ello añaden que se trata de "una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español" y que "podría imponer la efectiva renuncia del acusado a su derecho a no decir verdad".

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.

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