Estas son las obras públicas en las que la UCO señala a Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa varios contratos de obra pública adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) en siete comunidades autónomas. Según consta en un informe de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, estos proyectos se desarrollaron en Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel, y están siendo investigados por el magistrado Leopoldo Puente en el marco del caso Koldo.

Este documento, que motivó los registros del pasado martes en el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y en varias empresas, analiza grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023. En estas conversaciones, donde aparecen el propio Koldo, Ábalos y Santos Cerdán —hasta hace poco secretario de Organización del PSOE—, los investigadores aprecian intentos de cobrar "presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción SA".

Proyectos bajo sospecha en Andalucía

En territorio andaluz, la UCO señala dos obras particularmente relevantes. La primera es la construcción de tirantes del Puente del Centenario de Sevilla, en la autovía SE-30, que según los investigadores habría generado un "beneficio económico" para Ábalos. El informe destaca una conversación de noviembre de 2018 donde se evidencia que el Ministerio de Transportes preparaba esta licitación, aunque Cerdán "ya tenía conocimiento de la intención de licitar dicha obra y los pormenores de la misma".

Los agentes subrayan que en abril de 2019, Cerdán instó a Koldo a "cerrar" dicha licitación, generando presiones que el exasesor y Ábalos comentaron posteriormente. De las grabaciones se desprende que Pedro Saura estaría "bloqueando la publicación de la obra", situación que intentaron resolver a través del subsecretario, con la intervención del entonces director de Carreteras, Javier Herrero.

Finalmente, esta licitación se publicó en septiembre de 2020. En enero de 2021, Herrero comunicó a Koldo que Acciona era "la más barata" y había obtenido una puntuación técnica perfecta de 100 puntos. La adjudicación se materializó el 17 de mayo por 71 millones de euros, ampliándose posteriormente hasta los 102,8 millones en 2023.

El segundo proyecto andaluz bajo sospecha afecta a la autovía A-32 (Linares-Albacete) y la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil. Los investigadores encontraron una nota en un dispositivo de Koldo, fechada el 29 de marzo de 2019, que decía: "Úbeda a Torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR".

Contratos investigados en Asturias y Cataluña

En el Principado de Asturias, la UCO ha puesto el foco en dos adjudicaciones. Por un lado, la licitación de la Dirección General de Carreteras para la adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina, valorada en 7,3 millones de euros. Según las conversaciones intervenidas, en abril de 2019 Herrero advirtió a Koldo que la constructora OPR había presentado una oferta técnica "muy, muy floja", lo que complicaba su adjudicación. Sin embargo, el director de Carreteras le dijo a Koldo que estaba "empujando en Asturias", informándole posteriormente de que habían hecho "bingo".

También en territorio asturiano se investiga la licitación realizada por Adif, por 592.053 euros, para las obras de emergencia de estabilización de taludes en las trincheras de la Línea 750 de bus Gijón Sanz Crespo - Pravia. Los agentes destacan una conversación donde Koldo habría solicitado a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, la adjudicación discrecional de esta obra a LIC.

En Cataluña, el proyecto bajo sospecha es la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), con un presupuesto de 71,5 millones de euros. Según la UCO, el 30 de mayo de 2019 Pardo de Vera informó a Koldo del resultado de la apertura de ofertas económicas, señalando que "la de Acciona era la novena más barata". A pesar de ello, la empresa resultó adjudicataria en noviembre de 2019 por 51,7 millones, ampliándose el contrato hasta los 62 millones en 2022.

Licitaciones sospechosas en Galicia y La Rioja

En territorio gallego se investigan dos contratos. El primero es la licitación de Adif para el tratamiento de puentes, túneles y explanaciones en parte del tramo Monforte-Lugo de la línea 800, adjudicada en agosto de 2021 a la UTE Monforte 379, en la que participaba OPR. Tres años después, un cargo de esta empresa contactó con Koldo para informarle del derrumbe de un talud y solicitarle la adjudicación del expediente de emergencia para repararlo. Finalmente, se concedió la obra por 1,4 millones de euros a la UTE donde estaba OPR.

El segundo contrato gallego es la licitación de Carreteras de una obra en la autovía A-12, del Camino de Santiago, por 72,4 millones. Según los investigadores, Herrero también informó a Koldo sobre este proceso. La UTE en la que participaba LIC "obtuvo la puntuación global más alta (95,22), aún después de haber sido la decimocuarta en puntuación económica, ya que obtuvo 100 puntos en el apartado de juicio de valor".

En La Rioja, las conversaciones entre Koldo, Ábalos y Cerdán mencionan en "diferentes ocasiones" una obra en "Logroño". El entonces número tres del PSOE preguntó a Koldo en abril de 2019 si tenía información sobre esta adjudicación, a lo que el asesor respondió que se había desbloqueado y saldría el día 10. La UTE donde participaba Acciona Construcción "obtuvo la mayor puntuación técnica" y "presentó el segundo presupuesto más económico", adjudicándosele el contrato en septiembre por 92,4 millones.

Proyectos cuestionados en Murcia y Teruel

En la Región de Murcia se investigan dos importantes obras ferroviarias. El 18 de noviembre de 2020, Koldo informó a Ábalos de que tenía "pendiente de cobro las adjudicaciones de 'San Feliu' y de 'El Mayor'". Esta última se refiere al soterramiento de la red arterial ferrovial en el barrio Santiago El Mayor, en Murcia, licitada en agosto de 2018. La UTE Ferrovial Agroman - Acciona Construcción obtuvo la mayor puntuación técnica y presentó la segunda oferta más económica, adjudicándosele por 158 millones.

También en Murcia se encuentra bajo sospecha la licitación en junio de 2018 del proyecto de construcción de plataforma del AVE Murcia-Almería en su tramo Pulpí-Vera. La misma UTE (Ferrovial Agroman - Acciona Construcción) fue primera en valoración subjetiva y "la segunda oferta más cara entre las 14 licitadoras", consiguiendo la adjudicación por 121 millones.

Finalmente, en Teruel se investiga la licitación por parte de Carreteras de la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras en la provincia, por 5,7 millones. La UCO ha encontrado una conversación de enero de 2021 donde Herrero advirtió a Koldo del resultado de apertura de ofertas económicas. El contrato se adjudicó a la UTE formada por MARCO y LIC, que obtuvo la máxima puntuación a pesar de presentar la decimotercera oferta más ventajosa en la primera proposición económica y la decimocuarta en la segunda.

La Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación del 'caso Koldo'

La UCO de la Guardia Civil está desempeñando un papel fundamental en la investigación del denominado 'caso Koldo'. Este cuerpo especializado en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción ha analizado meticulosamente las grabaciones realizadas por el exasesor ministerial durante casi cuatro años, evidenciando supuestas irregularidades en múltiples adjudicaciones de obra pública.

El detallado informe de 490 páginas elaborado por los agentes ha sido clave para que el magistrado Leopoldo Puente ordenara los registros en el domicilio de Ábalos y en las sedes de varias empresas. Este documento revela las posibles conexiones entre altos cargos políticos y adjudicaciones que, según los investigadores, podrían haberse realizado de forma irregular, favoreciendo a determinadas empresas constructoras a cambio de presuntas comisiones.

¿Qué empresas están involucradas en las adjudicaciones bajo sospecha?

Las tres constructoras que aparecen reiteradamente en las adjudicaciones investigadas son Acciona (principalmente a través de su filial Acciona Construcción), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Según el informe de la UCO, estas empresas habrían obtenido contratos en diversos puntos de la geografía española, en algunos casos a pesar de no presentar las ofertas económicas más ventajosas.

En varias de las licitaciones analizadas, las empresas mencionadas consiguieron puntuaciones técnicas máximas o muy elevadas, lo que les permitió compensar posiciones menos competitivas en el apartado económico. Los investigadores sospechan que podría haberse producido un trato de favor en la valoración técnica de estas ofertas.

¿Cuál ha sido el papel de los altos cargos en las adjudicaciones?

El informe de la UCO señala que figuras como el entonces director de Carreteras, Javier Herrero, o la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, habrían mantenido comunicaciones con Koldo García sobre procesos de licitación en curso. En algunas conversaciones, estos altos cargos informaban al exasesor ministerial sobre los resultados de las aperturas de ofertas o sobre posibles problemas en las adjudicaciones.

Además, el documento destaca el papel que habría jugado Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización del PSOE, presionando en algunos casos para acelerar determinadas licitaciones. Estas comunicaciones sugieren la existencia de un entramado que podría haber influido en los procesos de adjudicación de importantes obras públicas a lo largo de la geografía española.