La Policía destapa un taller de armas de guerra en una investigación por el fraude del IVA en hidrocarburos

La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) a principios de este mes contra el entramado criminal alrededor de Biomar Oil, investigada por un fraude de cerca de 300 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, ha destapado coches de lujo, inmuebles, millones de euros en cuentas y hasta un taller clandestino de armas.

Según informa este jueves la Policía Nacional, la investigación iniciada hace varios años por agentes de la UDEF ha revelado uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el sector de hidrocarburos a través de una organización que ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor de mercado gracias a los incumplimientos fiscales.

Fruto de los registros practicados dentro de la investigación a Biomar, empresa que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, se han intervenido más de 140.000 euros, bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, activos financieros que superan los 14 millones, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 coches valorados en más de 3 millones, 167 relojes de lujo y 46 inmuebles con un valor superior a los 5 millones.

Además, en un inmueble de Ávila, se ha localizado un taller clandestino con hasta 44 armas de fuego, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre.

A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó la libertad con cargos para los tres directivos de Biomar arrestados que pasaron a disposición judicial.

Ofrecer el carburante a precios imbatibles

La investigación comenzó a principios de 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional detectaron grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales.

Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con los pagos del IVA.

Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización detrás de ambas que vendía el carburante por debajo del precio de adquisición, es decir, realizando venta a pérdidas.

Al no ingresar en la AEAT el IVA repercutido, podían ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Además, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio –lo quesuponía además otro impago de alrededor de 40 millones de euros- en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas.

La organización tenía vocación de continuidad en esta actividad delictiva, ya que, crearon y dieron de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal e, incluso, llegaron a tener un tercer operador petrolífero con el cual comenzaron igualmente a operar fraudulentamente, si bien, fue dado de baja.

Tenía una estructura jerarquizada liderada por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

En el último escalón estaban los trabajadores, aunque muchos de ellos desconocían la actividad criminal y, sin formar parte de esta estructura, los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias.