El laberinto de la corrupción a partir del caso Koldo

En febrero de 2024 la Guardia Civil detuvo al por entonces desconocido Koldo García, que había sido asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes. Ese fue el principio de un laberinto de tramas y subtramas corruptas en el entorno del PSOE que llegan abiertas a 2026.

El desde entonces conocido como caso Koldo, engloba en realidad varias investigaciones que se siguen en distintas instancias judiciales, con protagonistas que se repiten y se relacionan entre sí.

Las mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado ya la apertura de juicio oral sobre una presunta trama corrupta que facilitaba a la empresa Soluciones de Gestión acceso privilegiado a contratos sanitarios de la administración pública durante la pandemia -especialmente compra de mascarillas- a cambio de comisiones ilegales.

Los implicados en el caso son Koldo García, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, presunto corruptor de esta trama y nexo entre los políticos y la empresa beneficiaria de los contratos presuntamente amañados.

La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para el exministro; 19,5 para Koldo García, y 7 años de prisión para Aldama, cuyo testimonio fue clave para la imputación de Ábalos y, dada la condición de aforado de este, el traslado de la causa al Supremo.

Ábalos y Koldo, que este 27 de diciembre cumplen un mes en prisión preventiva, están acusados de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial, uso y aprovechamiento de información privilegiada y prevaricación.

En el caso de Aldama, al que se atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se calcula que obtuvo beneficios de unos 5,5 millones de euros a través de la empresa Soluciones de Gestión.

El caso Koldo

Es una extensión del Caso Mascarillas que quedó fuera del Supremo ya que afecta a personas no aforadas. Lo investiga el juez Ismael Moreno, titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.

Tiene una triple vertiente: la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas empresas a cambio de mordidas, la contratación en empresas públicas de mujeres relacionadas con José Luis Ábalos sin proceso de selección y sin que conste que acabaran desempeñando su trabajo, y la compra de mascarillas a través de la empresa de Aldama para los gobiernos de Baleares y Canarias.

Además de Koldo García, hay varios imputados en esta pieza, entre ellos el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, por influir en la adjudicación de obras públicas, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, también por adjudicaciones pero además por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

El caso Hidrocarburos

Cronológicamente, el siguiente caso en saltar a la opinión pública fue el de la trama del fraude del IVA en la venta de hidrocarburos, en el que también es protagonista destacado Víctor de Aldama, detenido en octubre de 2024 y puesto en libertad por colaborar con la Justicia mes y medio después.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga el presunto fraude de casi 200 millones de euros en el pago del IVA entre 2022 y 2024 mediante la creación de empresas fantasma que vendían el combustible y después desaparecían antes de pagar los impuestos correspondientes.

Están imputados en la causa el comisionista Víctor de Aldama; su socio Claudio Rivas; Carmen Pano, quien asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz; y su hija Leonor González Pano.

En esta trama aparece José Luis Ábalos, ya que la Guardia Civil cree que Rivas destinó un millón de euros a "comprar la voluntad" del entonces ministro para que ayudara a obtener una licencia para la empresa Villafuel, aunque en realidad eso solo ocurrió una vez que el ex ministro había sido cesado.

El caso Cerdán o Servinabar

El testimonio de Aldama ante el juez y las conversaciones grabadas por Koldo García con miembros de la trama entre 2019 y 2023 pusieron en la picota en junio de 2025 al sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Cerdán, considerado por la Guardia Civil líder -por encima de Ábalos y Koldo- en la parte de la trama que afecta a la obra pública, ingresó en prisión provisional el 30 de junio y se mantuvo allí hasta noviembre, hasta que el juez del Supremo Leopoldo Puente consideró que ya no había riesgo de alteración de pruebas.

Se le acusa de posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias vinculados a adjudicaciones de obra pública.

Junto a él, los implicados en el caso son Ábalos, Koldo, Aldama, el empresario Antxón Alonso, y exdirectivos de varias constructoras, entre ellas Acciona.

Los investigadores creen que la trama funcionaba adjudicando obras públicas a Acciona y, a cambio, esta compañía ingresaba un 2% del importe en la empresa Servinabar, propiedad de Antxón Alonso y con la que la Guardia Civil relaciona a Cerdán como poseedor del 45% de las acciones.

Los pagos en metálico

Derivada del caso Koldo es la investigación que ha emprendido el juez Moreno para aclarar los pagos en metálico del PSOE a dirigentes o colaboradores, una pieza en la que el PSOE ha tenido que aportar todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 y que se mantiene bajo secreto por su posible afección a la protección de datos de múltiples personas.

La investigación se abrió tras las declaraciones del exgerente del partido Mariano Moreno y una trabajadora de Ferraz el pasado mes de octubre en el Supremo, que remitió a la Audiencia Nacional la documentación que apuntaba a posibles irregularidades en abonos al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

Caso Leire

Entre tanto, en mayo de 2025, el diario El Confidencial publicaba unos audios en los que Leire Díez, entonces aún militante socialista, trataba de obtener información comprometida de miembros de la Fiscalía y la Guardia Civil.

En esas grabaciones y en otras que se publicaron posteriormente, Díez decía actuar en nombre del PSOE, de ahí que fuera bautizada en los medios como "la fontanera de Ferraz", aunque después ella negara cualquier vinculación con el partido, de la que ya no es militante.

El caso lo lleva el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, y en el están imputados, además de Díez, el empresario Javier Pérez-Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Se les acusa de cohecho y tráfico de influencias al llevar a cabo un plan delictivo para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía para influir en procesos judiciales e investigaciones de casos de corrupción.

Díez había ocupado antes cargos en empresas públicas como jefa de Comunicación en Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024), empresas que la UCO ha registrado en el caso SEPI.

Caso SEPI

El caso saltó a la prensa en diciembre de 2025 con la detención de Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández (2018-2019) y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar.

Se les investiga en la Audiencia Nacional por malversación, tráfico de influencias y organización criminal por el presunto reparto de mordidas a cambio de mediar en hasta cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI.

Según la UCO, en uno de los casos, los tres investigados se habrían llevado el 50% de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa con cuatro ex directivos o ex altos cargos investigados en el caso Cerdán.

En la misma semana que se produjeron las detenciones (los tres ya están en libertad con medidas cautelares), también hubo casi una veintena de registros y se requirió información a empresas públicas relacionadas con la SEPI, como Forestalia, Enusa, Correos y dependencias de Hacienda o Transición Ecológica.