La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra David Sánchez: "Es absurdo prolongar el proceso"

La Fiscalía ha instado a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirma el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

El escrito de la Fiscalía se ha conocido un día después de que la acusación popular pidiera tres años de prisión tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

En su escrito, la acusación popular realiza una cronología de los hechos desde la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios hasta que se desvinculó en febrero de este año, así como la responsabilidad de cada uno de los investigados.

"Un paripé"

En concreto, señala la acusación popular en su escrito que David Sánchez Pérez-Castejón, "teniendo conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé, pues el puesto era para él".

También hizo la entrevista "para simular la legalidad formal del procedimiento", del que era "el principal beneficiario", y además y "pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, sin embargo, ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado".

Añade además que David Sánchez "habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener, beneficios propios", como por un lado que se le nombrase coordinador de los conservatorios y más tarde, siendo ya empleado público, al "conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales".

"Hasta tal punto", añade el escrito de acusación, que al amparo de un cambio de nomenclatura "se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera".

Por otro lado, también consiguió que "la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho", como es Luis Carrero, exasesor de Moncloa, quien "consiguió acceder a un Puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios".