La Comisión Europea dice ante el TJUE que "no parece que la amnistía responda a un objetivo de interés general"

El tribunal de Luxemburgo examina la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas en la causa que reclama los fondos públicos del 'procés'

El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía por seis votos frente a cuatro

Una vista ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.
Una vista ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. / EP
Agencias

Luxemburgo, 15 de julio 2025 - 12:39

La Comisión Europea (CE) insistió este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, añadió que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación".

La CE se expresó así en la vista que el TJUE celebra este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.

En este sentido, el abogado de la CEafirmó que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".

No obstante, Bruselas dijo que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y aseguró que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen".

Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, dijo que el plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar este asunto "sin ningún problema", una opinión que también defendió la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados.

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