El Gobierno esperará el criterio del Tribunal Supremo (TS) sobre la potestad de las comunidades para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma para hacer cambios legales si fuera necesario, aunque el PP cree que su ley de pandemias acabaría con este "desaguisado" en solo 15 días. Desde el Ejecutivo están convencidos de que no son necesarias actuaciones concretas para evitar situaciones como las vividas el pasado fin de semana en varias ciudades españolas tras el decaimiento del estado de alarma porque, entre otras cosas, las autonomías cuentan con un arsenal de posibilidades más que suficiente para atajarlas.

Lo que los gobiernos autonómicos no pueden, por el contrario, es decretar medidas como el toque de queda o el cierre perimetral sin estado de alarma, si bien les ha recordado que la ley les permite pedir al Gobierno central que aplique esta situación excepcional en su territorio para poder así implementarlas. Así lo señaló el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una columna en El País, donde apuntó que "se estudiarán y se propondrán a las Cortes" cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del TS, que en última instancia debe decidir qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un Gobierno autonómico.

Tras lo cual, Campo aclaró en La Sexta que no es que se esté preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales, insistiendo en que, aunque las comunidades no pueden adoptar este tipo de restricciones sin su paraguas, pueden pedirlo al Gobierno cuando así lo estimen conveniente. De "bastante lamentable" tachó las fiestas y botellones multitudinarios convocados para festejar el fin del estado de alarma, pero reiteró que "no hay necesidad ninguna de hacer un cambio normativo ahora mismo" porque comunidades y ayuntamientos tienen "un arsenal normativo" para impedirlo. En sus manos está, por ejemplo, limitar el horario a la hostelería y los comercios, mientras que los botellones ya están prohibidos por ordenanzas municipales.

El PP insiste en pedir un cambio en la Ley de Salud Pública que apenas llevaría 15 días

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ratificó que las comunidades cuentan con todos los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación sin necesidad de acometer reformas legales. En una comparecencia en Atenas tras participar en un foro económico junto a su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, se refirió al fin del estado de alarma y, ante las imágenes de aglomeraciones en las calles tras su finalización, instó a no bajar la guardia. "El ministro de Justicia ha sido claro en sus declaraciones", señaló Sánchez. Pero las intenciones del Gobierno no convencen al PP; su líder, Pablo Casado, le exigió negociar una alternativa al estado de alarma, el plan B jurídico que los populares reclaman desde 2020 y que consiste en una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 que apenas llevaría 15 días.

"Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación de pandemias", recalcó Casado, quien culpó a Sánchez de las vidas y contagios que se lleven las aglomeraciones que las comunidades no puedan evitar ante la falta de reformas legislativas. Y "si el Ejecutivo quiere, en 15 días acabamos con este desaguisado", añadió el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, planteó que sea la Audiencia Nacional la que convalide las restricciones de movilidad, evitando así "la situación caótica" tras decaer el estado de alarma. "Atónito" se quedó el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ante el "giro" en el posicionamiento mantenido hasta ahora por el Gobierno en relación al fin del estado de alarma, ya que "no admite que ha metido la pata". Vox presentará mociones en todos los parlamentos autonómicos para reclamar que "en ningún caso mantengan los toques de queda y las limitaciones arbitrarias al derecho de reunión".