La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha citado este jueves en el Senado a las comunidades autónomas para dar una respuesta unitaria frente a los mensajes negacionistas de la violencia machista y para exponer el III Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Se trata de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que el Ministerio convocó hace dos semanas justo cuando dirigentes autonómicos del PP, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hicieron polémicas declaraciones en torno a la violencia machista.

Núñez Feijóo opinó que si un padre mata a sus hijos "no es violencia machista, es intrafamiliar", no obstante, horas después en su cuenta Twitter reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Y Aguirre dijo que el concepto de violencia intrafamiliar -que defiende Vox- puede ser preferible al de violencia de género por ser más "representativo", ya que el primero incluye al segundo; posteriormente quiso dejar claro su compromiso frente a la violencia de género.

En el encuentro, abordarán con las comunidades el inicio de los trabajos para la ampliación, mejora y renovación de acuerdos y los instrumentos presupuestarios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la continuidad de los proyectos vinculados al mismo.

Además de dar una respuesta unitaria frente a los discursos negacionistas de la violencia machista, Igualdad quiere informar en la reunión del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025.

Todo ello después de las críticas de varios dirigentes políticos del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidió destinar los 20.000 millones de euros del Plan a paliar la inflación.

Entre otras cosas, el Plan contiene el presupuesto para destinar a la equiparación de permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la educación de 0 a 3 años, entre otros.

En la reunión, Igualdad tratará con las comunidades las medidas de coordinación y actuación sobre la crisis derivada de la guerra en Ucrania, aprobadas en un real decreto, entre las que se encuentran varias para facilitar y garantizar la protección y los derechos de las víctimas ucranianas de trata y explotación sexual, así como a otros colectivos vulnerables.