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Juicio del 'procés' Mireia Boya: "Tuve la suerte de estar encima de un Patrol de la Guardia Civil"

  • La ex diputada de la CUP exculpa a Jordi Sànchez de la manifestación del 20-S

  • Un alto cargo del gabinete jurídico de la Generalitat niega malversación el 1-O

La ex diputada de la CUP Mireia Boya declara en el Supremo junto a su abogado. La ex diputada de la CUP Mireia Boya declara en el Supremo junto a su abogado.

La ex diputada de la CUP Mireia Boya declara en el Supremo junto a su abogado. / EFe

La ex diputada de la CUP Mireia Boya ha asegurado que tuvo "la suerte" de subirse al techo de un coche de la Guardia Civil el 20-S para recordar a un grupo de "jóvenes más entusiastas" las prácticas de la "no violencia", si bien ha admitido que ella no era partidaria de desconvocar la concentración.

Boya está pendiente de ser juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia junto a miembros de la Mesa del Parlament cuando la presidía Carme Forcadell, una vez que el Tribunal Supremo decidió separar la causa en dos procedimientos.

La ex diputada, citada en el juicio por defensas de los Jordis por su participación el 20-S, ha explicado que ella y la ex parlamentaria de la CUP Eulàlia Reguant "subieron a un vehículo de la Guardia Civil" después de que Sànchez y Cuixart les pidieran que recordaran a unos jóvenes cuales eran "las bases de la desobediencia civil no violenta", ya que "seguramente eran votantes de la CUP" y las cuperas podían conectar con ese grupo mejor que ellos.

Ha justificado que "por su estatura" necesitaban algún lugar elevado para que les reconocieran, de manera que ellas consideraron que "subir al techo de uno de los dos coches de la Guardia Civil era un buen atril" para dirigirse a la gente.

Una vez arriba dijo "en plan humorístico": "Sé que a muchos de vosotros os encantaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil. Yo tengo ese suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta y siempre tenemos que hacerlo desde la no violencia".

Y aunque no quiso "provocar daños" al subir al vehículo, sino que pretendía evitar altercados, ha reconocido que con su peso "seguramente sí" contribuyó "a chafar un poco el capó del coche".

Boya, a quien las acusaciones han renunciado a formularle preguntas, ha explicado que los Jordis les propusieron desconvocar la concentración, "en especial Sánchez estaba convencidísimo", pero las ex diputadas de la CUP lo rechazaban. "No éramos nadie para desconvocar, nos opusimos porque la gente ejercía libremente su derecho de manifestación, no teníamos esa potestad aun siendo cargos públicos, no estaba de acuerdo en desconvocar", ha señalado la testigo.

"Ningún perjuicio al erario público"

El director del Gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha negado en el juicio del procés cualquier gasto realizado por el Gobierno de Carles Puigdemont para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. De hecho, ha afirmado que tras revisar y analizar las actuaciones de los distintos departamentos se ha observado que no existe "ningún perjuicio al erario público".

El testigo, investigado en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona por la licitación de urnas para el 1-O, ha asegurado en varios momentos que las consejerías de la Generalitat dirigidas por los acusados en este juicio no utilizaron sus presupuestos para organizar el 1-O.

En este sentido, ha asegurado que el gabinete jurídico "ha comprobado" que la Generalitat no hizo "ningún encargo formal específico" con Unipost, empresa en cuya nave se incautaron 45.000 tarjetas censales para el referéndum, pues, según ha dicho, no se ha encontrado "ninguna aceptación presupuestaria", ni "ninguna factura pendiente". "Por tanto ninguna afectación en el presupuesto de la Generalitat", ha añadido Esteve.

Ésta no ha sido la primera vez que ha hecho una afirmación como tal, pues a renglón seguido, el testigo ha apuntado que tras recibir una notificación el pasado enero del Tribunal de Cuentas informando de una denuncia interpuesta por la Fiscalía contra los miembros del Govern y la interventora general por la presunta malversación de fondos públicos en relación al 1-O, se hizo un "análisis de las partidas por las que se reclamaban responsabilidad" y que no "apareció ninguna responsabilidad contable ni perjuicio al erario público".

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