La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que está de visita en Madrid para emitir un informe sobre la ley de amnistía, concluye este viernes su misión con sendas reuniones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

La delegación de la Comisión, que emite informes no vinculantes, está formada por siete integrantes -juristas y dirigentes políticos de diferentes países- que acuden a España para conocer todas las opiniones sobre la ley de amnistía a los encausados por el procés antes de emitir su informe.

Conde-Pumpido no se pronuncia

Cándido-Conde Pumpido recibido a la delegación de la Comisión de Venecia "razones de cortesía". Así, les ha explicado cómo impugnar leyes ante el TC pero no se ha pronunciado sobre la futura ley, aclarando que "en el momento actual" no procede porque no está ni aprobada. 

Según ha informado la corte de garantías en una nota, la reunión ha tenido lugar "por razones de cortesía institucional", "dada la excelente relación que mantiene el Tribunal Constitucional con este órgano consultivo del Consejo de Europa desde hace décadas". 

Conde-Pumpido ha explicado a la delegación europea "el funcionamiento del control constitucional que (el TC) ejerce 'a posteriori' de las leyes aprobadas por el Parlamento". 

Les ha detallado que, para cuestionar la constitucionalidad de una ley, hay dos vías. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad, cuya legitimación corresponde, entre otros, al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y otros tantos senadores. Y, por otro lado, la cuestión de inconstitucionalidad, que solo pueden plantear jueces y tribunales. 

El TC ha indicado que, "durante el encuentro, no se ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la proposición de ley orgánica sobre la amnistía". 

Conde-Pumpido les ha trasladado que "el Tribunal Constitucional no puede, en el momento actual, realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto, en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no existe ningún recurso contra la misma ante el TC". 

El papel de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado a la Comisión de Venecia el papel que tendrá el Ministerio Público una vez entre en vigor la proposición de ley de amnistía, sin entrar en el contenido de la misma.

García Ortiz ha precisado a la delegación europea cómo funciona la Fiscalía, cuáles son sus órganos y sus competencias. En concreto, se ha detenido en el Consejo Fiscal, después de que el jefe del Ministerio Público comunicara al Senado que no elaboraría el informe solicitado a este órgano consultivo porque no tenía competencias legales para ello.

El Senado reclamó informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal y, mientras que el primero accedió, García Ortiz señaló que el segundo no lo haría porque no está legalmente habilitado. A renglón seguido manifestó que él sí podría emitirlo pero que tampoco lo haría para no "alterar" su funcionamiento de cara a futuros litigios.

Precisamente, el fiscal general ha expuesto a la Comisión de Venecia cuál será la intervención del Ministerio Público, una vez que la ley de amnistía entre en vigor, en los procedimientos judiciales que se planteen, si bien no ha entrado a valorar el contenido de la misma.

En su primera jornada, la delegación europea, que quiso dejar claro que son "expertos independientes", anunció que entregará su informe a las Cortes Generales el próximo 15 de marzo, si bien abrió la puerta a la posibilidad de entregarlo antes si les urgía, una opción que reclamará el PP, según fuentes de este partido.

Su reunión con los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso fue la que despertó más interés por las preguntas que formularon sobre aspectos técnicos de la ley y otros asuntos como la Operación Cataluña, aunque sin mencionar nada sobre terrorismo.

En cuanto a las otras citas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, les transmitió la importancia de la ley y "y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la UE".

También se reunieron con los presidentes de las cámaras, con tiempos llamativamente distintos. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se limitó a saludarles, mientras que el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, estuvo una hora con ellos.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial precisó que aun no tiene una postura oficial sobre la norma y tres de las cuatro asociaciones judiciales -las conservadoras- resaltaron su opinión crítica con la ley.