Mónica Rossi, candidata de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz) a la alcaldía de la capital y portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto presentó este lunes una propuesta para llevar a cabo en la próxima legislatura una "renta municipal garantizada".

Con esta iniciativa, Huelva "se convertiría en la primera ciudad andaluza con esta inyección económica para poner en marcha una primera experiencia piloto” que ayude a ese 60% de la población de Huelva que cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), “nuestra intención es unificar prestaciones y desarrollarlas de acuerdo con las necesidades reales de la población y desde el ámbito municipal, exigiendo los recursos necesarios para ello”.

Rossi está estudiando "todas las vías posibles para que Huelva sea la primera ciudad andaluza con una renta municipal garantizada". “No se trata de crear una nueva prestación, sino de desarrollar un derecho, desde el propio ayuntamiento, que ayudaría a muchas familias mientras salen de situaciones de vulnerabilidad crónicas o inesperadas. Este derecho formaría parte del catálogo de prestaciones de los servicios sociales”, apuntó Rossi.

Monica Rossi.

La vulnerabilidad social de la ciudadanía de Huelva “implica que nuestro tejido económico, en la actualidad, es incapaz de ofrecer mejores empleos, frente a una subida media de precios de más de un 4% respecto al año 2022”. Con estas circunstancias "es normal que en la actualidad 1 de cada 3 onubenses se encuentren en riesgo de exclusión social, sin que esta cifra se haya reducido significativamente en la última década".

Por su parte, Inmaculada Nieto indicó que “necesitamos poder evaluar el impacto que han tenido otras prestaciones, como la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. Sin embargo, no existe una evaluación de estas políticas por parte de la Junta de Andalucía”, por ello se comprometió "a llevar esta cuestión al Parlamento de Andalucía y recabar los datos que permitan poner en marcha esta iniciativa pionera en Andalucía y que sería un auténtico revulsivo para la vida de muchas personas”.

Desde diversos organismos internacionales tales como la OIT, la ONU o la UE, reconocieron "la necesidad de implementar esta tipología de prestaciones y consolidarlas como un derecho social. Además, hacen hincapié en la idoneidad de unificar las diversas prestaciones y desarrollarlas desde el ámbito municipal, donde el personal técnico conoce mucho mejor la situación de los hogares potencialmente perceptores y pueden evaluar el impacto real de las mismas en términos de integración socio-laboral de las unidades familiares".

Se trataría de un derecho que "pertenecería a toda persona que cumpla con los requisitos, que percibirá la prestación mientras se sostenga la situación de vulnerabilidad que la motiva, que puede ser coyuntural. No sólo se trata de una prestación para personas sin recursos, sino también una prestación complementaria para personas que, por su situación laboral, perciben bajos salarios".