El techo eléctrico del hidrógeno en Huelva: 18 proyectos industriales a la espera de potencia
La Junta cifra en 2,1 GW la demanda pendiente en la provincia mientras el Gobierno asegura cobertura en una planificación aún sin publicar y con menos del 5% de la capacidad disponible en la red
Moeve y Atlantic Copper se adjudican provisionalmente la potencia eléctrica para sus grandes proyectos
La planificación eléctrica de 2026 decidirá el futuro industrial y urbanístico de Huelva
“Desarrollaremos tantos proyectos como la electricidad nos permita”. La frase, pronunciada por María Molina, directora del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, durante La noche del hidrógeno verde organizada por Huelva Información el pasado 3 de febrero, no fue un recurso retórico: fue la manera más directa de describir el momento que atraviesa Huelva. La provincia ya no debate solo de potencial, ni siquiera de financiación o de tecnología. Debate de capacidad real de red. De potencia disponible. De conexiones. Y, sobre todo, de certidumbre: si la electricidad no llega “a tiempo y a escala”, la inversión se aplaza, se encoge o se muda.
La clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el pasado 6 de febrero, elevó esa discusión a la categoría de asunto político. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, verbalizó ante la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, lo que la industria venía repitiendo en cada mesa: la falta de infraestructuras eléctricas puede convertirse en el freno que decida el futuro de proyectos que ya no están en fase conceptual. En su intervención, Paradela advirtió de que Andalucía sigue “a la espera” de decisiones que garanticen potencia y acceso para iniciativas “emblemáticas” como el Valle Andaluz del Hidrógeno de Moeve, que "necesita conexión para tomar decisiones firmes de inversión". Subrayó que sin resolución de concursos de acceso y sin planificación ajustada a la demanda real, “la competitividad industrial se ve comprometida” y las decisiones empresariales se ralentizan.
Montero respondió con un mensaje de alto voltaje institucional: aseguró que la planificación eléctrica con horizonte 2030 “contempla la cobertura necesaria para todas las fases” del Valle Andaluz del Hidrógeno de Moeve —entre Huelva y Cádiz— y para otras iniciativas industriales como CirCular, el proyecto de reciclaje de residuos electrónicos de Atlantic Copper. Un anuncio que ya ha tenido su primer viso de realidad, ya que este sábado se ha conocido que ambas compañías se han adjudicado provisionalmente la potencia que se dirimía en concurso en los nodos de Colón y Palos. Añadió, además, que “la totalidad de los requerimientos” trasladados por la Junta al Ministerio de Trancisión Ecológica con respecto a la planificiación se han atendido e incluso “se han superado”.
El problema es que, a día de hoy, este úlrimo compromiso, fundamental para acoger nuevas iniciativas industriales, sigue sin un documento público que lo sostenga: el texto definitivo de la planificación 2025-2030 no se ha publicado aún tras el análisis de más de 1.200 alegaciones presentadas. Ese vacío de papel es el que convierte la discusión en un asunto de economía real. Porque mientras la política promete, la red impone límites físicos y cuantificables.
2,1 gigavatios que "no caben" y un cuello de botella inmediato
La Junta de Andalucía ha puesto cifras al problema en Huelva con precisión en un debate que suele esconderse tras tecnicismos. En su análisis sobre la planificación eléctrica identifica 18 proyectos en la provincia con una demanda conjunta de 2,1 gigavatios que, según su estudio, no pueden ser atendidos con la propuesta actual del Ministerio. Casi todos, 17, son iniciativas industriales vinculadas al hidrógeno y a su cadena de valor. El otro, un proyecto de generación. No se trata de escenarios hipotéticos, sino de proyectos concretos que requieren acceso y conexión para avanzar hacia la decisión final de inversión.
El dato adquiere dimensión cuando se contrasta con la capacidad real disponible. La actualización más reciente retrata el embudo con crudeza: en toda Andalucía quedan disponibles 220 megavatios para nueva demanda; en Huelva, apenas 55 megavatios repartidos en 65 nodos eléctricos. Esa media, inferior a un megavatio por nodo, resulta insignificante para cualquier inversión electrointensiva. Una planta de electrólisis, una ampliación industrial o un proyecto energético serio se mide en decenas de megavatios. No daría ni para que una promoción urbanística de 1.000 viviendas pudiera conectarse. La escala actual, sencillamente, no encaja con la ambición anunciada.
El atasco ya se traduce en resoluciones negativas. Fuentes de Endesa confirman que, a cierre del año 2025, en Andalucía se han denegado solicitudes por 4 gigavatios, y un 42% de esas denegaciones corresponde a centros de procesamiento de datos, otro de los grandes competidores por potencia eléctrica en la nueva economía digital. En el ámbito del hidrógeno, los rechazos alcanzan 343 megavatios en la comunidad, de los cuales 164 megavatios corresponden a Huelva, prácticamente la mitad. Es decir, la provincia concentra el relato del hidrógeno, pero también una parte desproporcionada del frenazo administrativo por falta de capacidad de red.
Para entender por qué un documento aparentemente técnico condiciona miles de millones en inversión hay que descender al funcionamiento del sistema. La planificación eléctrica 2025-2030 determina qué actuaciones se ejecutan en la red de transporte: líneas de alta tensión, nuevas subestaciones, repotenciaciones y posiciones adicionales. Es la red troncal que permite que después la distribución —la red que abastece polígonos, industrias y núcleos urbanos— pueda crecer sin colapsar. Puedes invertir en distribución, pero si el transporte no acompaña, el cuello de botella persiste. Y puedes planificar transporte, pero si las actuaciones se retrasan o no se ejecutan, el calendario industrial se desplaza varios años.
El procedimiento explica también la tensión del momento. El Gobierno central pidió a las comunidades autónomas en diciembre de 2023 que trasladaran sus necesidades. Andalucía remitió su propuesta en marzo de 2024 tras consultar a empresas y promotores. El Ministerio publicó el borrador en octubre de 2025 y abrió el periodo de alegaciones, que concluyó el 16 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, no se ha publicado el texto definitivo. Para la industria, cada mes de retraso añade incertidumbre: sin planificación firme no hay certeza de refuerzos; sin refuerzos confirmados, el acceso se decide en concursos con capacidad limitada; y sin acceso garantizado, las decisiones finales de inversión se posponen.
La discrepancia entre administraciones se apoya en datos concretos. El borrador estatal recoge 35 actuaciones para Huelva, pero solo dos coinciden con las solicitadas por la Junta. Además, 14 de esas actuaciones no son inversión nueva, sino infraestructuras ya contempladas en planificaciones anteriores que aún no se han ejecutado y que reaparecen ahora como parte del nuevo paquete inversor. Para ajustar la red a la demanda real, la Junta reclama en la provincia 16 actuaciones adicionales, con una inversión estimada cercana a 24 millones de euros, incluyendo una nueva subestación Puerto de Huelva 220 kV y repotenciaciones estratégicas como Palos–Guillena 400 kV y Colón–Santiponce 220 kV.
En el conjunto andaluz, la magnitud es mayor. La Junta cifra en 119 los proyectos que requieren infraestructuras no contempladas en el borrador, con una demanda de 14,5 gigavatios. Reclama 102 actuaciones adicionales que supondrían 365 millones de euros extra, elevando las nuevas infraestructuras solicitadas a 823 millones, frente a una propuesta ministerial que, según el documento autonómico, solo atiende el 23% de lo pedido y destina a Andalucía el 11,8% de la inversión nacional, por debajo del peso relativo de la comunidad en consumo eléctrico y tejido industrial.
Colón, la clave del corto plazo
Mientras se resuelve la planificación estructural, la pelea del corto plazo se ha concentrado en el nodo de Colón, en el entorno del polo químico-energético de Huelva. Allí se han sometido a concurso 276 megavatios y la capacidad debía repartirse entre proyectos industriales y necesidades de distribución. Y no caben todos. La clave estaba en la prelación que estableciera el Ministerio de Transición Ecológica para determinar qué iniciativas avanzan primero y cuáles deberán esperar a futuros refuerzos. De momento, ya se sabe que Moeve y Atlantic Copper se han adjudicado, provisionalmente, la potencia en este nodo, pero habrá que esperar al BOE para conocer el reparto definitivo y si se ha dejado espacio para la distribución.
Según ha podido saber este diario, Endesa ha solicitado refuerzos en subestaciones clave como Palos, Huelva Norte y Costa Luz, fundamentales tanto para el polo industrial como para el crecimiento urbano. Sin embargo, la mayor parte de esas alegaciones han quedado fuera de la planificiación por el momento. Solo el segundo transformador de Puebla de Guzmán, subestación ya en ejecución y considerado estratégico para proyectos mineros de la faja pirítica, figura como actuación de peso incorporada al horizonte inmediato. Si los refuerzos solicitados no se materializan, el riesgo —según fuentes consultadas— es que el territorio pueda quedar prácticamente parado durante un par de años en un momento decisivo para atraer inversión.
El debate eléctrico no puede aislarse del contexto competitivo europeo. Juan del Olmo, presidente de AIQBE y director de la planta de Enagás en Huelva, ha advertido de que Europa impulsa la electrificación y el hidrógeno, pero introduce condiciones regulatorias que complican su desarrollo, al tiempo que países como Alemania movilizan ayudas públicas muy superiores y ofrecen menores peajes eléctricos a su industria electrointensiva. En ese escenario, cualquier retraso en infraestructuras energéticas supone una pérdida de velocidad frente a competidores directos.
Un anuncio sin documento y un techo de potencia ya cuantificado
La pregunta que queda tras el Congreso es incómoda, pero inevitable: ¿quién tiene razón, la Junta o el Gobierno? La respuesta, hoy, no está en un titular ni en una intervención institucional, sino en una publicación del BOE, la de la planificación eléctrica 2025-2030, que aún no existe. Montero asegura cobertura, pero el texto definitivo no ha salido. Por su parte, la Junta cuantifica 2,1 gigavatios de proyectos que no encajan. Endesa dibuja una red con apenas 55 megavatios libres en la provincia y concursos donde la capacidad es insuficiente. Y el consejero de Industria advierte de que sin refuerzos estructurales, la competitividad se resiente.
Por eso la frase de María Molina se convierte en algo más que una declaración. El hidrógeno en Huelva ya no es un horizonte aspiracional. Es una ecuación de potencia. Y, a día de hoy, el techo lo marca la red, no la ambición industrial.
Huelva puede ser un hub energético europeo. Tiene puerto, industria pesada, experiencia en procesos electrointensivos y una cadena de valor que se reorganiza en torno al hidrógeno. Pero el salto de escala exige kilovoltios reales y actuaciones ejecutadas, no solo planificadas. El riesgo no es que falten proyectos; es que los proyectos se queden esperando a una planificación que llega tarde o que llegue sin la potencia suficiente para sostener los discursos.
Si el sector ha entrado en fase de consolidación, como repiten empresas y administraciones, el mensaje también se consolida: se construirán tantos proyectos como la electricidad permita. Lo demás —ofertas, offtakers, ayudas y anuncios— vendrá después. O no vendrá.
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