Las familias fundadoras de Abengoa SA, agrupadas en la sociedad Inversión Corporativa (IC), se han personado en la sección sexta del concurso de la compañía –en la que se califica el mismo–, que está disuelta y en liquidación por orden judicial desde julio de 2022, y han solicitado a la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla que se declare culpable dicho concurso y responsable del mismo al consejo de administración que presidía Gonzalo Urquijo, así como que se condene a sus miembros a cubrir la totalidad del déficit concursal.

Enel escrito, al que ha tenido acceso este periódico y que fue adelantado este martes por el diario económico Expansión, IC solicita que se declare culpables a Urquijo y a los seis consejeros que integraban el consejo –Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps– entre noviembre de 2016 y el mismo mes de 2020, y al administrador de las sociedades instrumentales creadas en la primera reestructuración Christian Anders Digemose, que consideran "administrador de hecho" del grupo que estuvo cotizado hasta su liquidación.

La petición de concurso culpable se basa en las mismas acusaciones que IC hace en la querella que presentó contra estos mismos administradores y que investiga un juzgado de Sevilla –aunque está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si es competente la Audiencia Nacional, que ya instruye otras querellas presentadas por accionistas–, aunque la razón formal que esgrime es que el consejo no formuló, ni presentó ni depositó las cuentas de Abengoa de 2019 en tiempo y forma, lo que ya es causa automática de culpabilidad, según el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Según el escrito de IC, los miembros del consejo de administración "actuaron de forma desleal, agravando la insolvencia de la sociedad concursada e irrogando importantes daños y perjuicios tanto a Abengoa como a sus socios minoritarios".

El escrito hace un repaso de lo acontecido en Abengoa desde que se declaró preconcurso en 2015, tras la destitución forzada de Felipe Benjumea –actual presidente de IC– como presidente de la empresa fundada entre otros por su padre, las reestructuraciones en falso de 2017 y 2018 y los procesos fallidos para una tercera que buscaba la liquidación ahora en ejecución por la vía concursal.

En base a la no presentación de cuentas y a las reestructuraciones que buscaban un fin distinto para el que formalmente se anunciaron al mercado, Inversión Corporativa concluye que "la ocultación de información ha originado la insolvencia del presente proceso, en beneficio de las entidades financieras –socios y acreedores–", según afirma en el escrito presentado.

Además de la declaración de culpabilidad del concurso de la que hacen responsable al citado consejo, aunque de momento no al consejo que pidió el concurso en febrero de 2021 –integrado por Juan Pablo López Bravo y Margarida de la Riva Smith–, IC plantea que sean inhabilitados para administrar los bienes ajenos.