Más de 56.000 firmas en el Parlamento contra la tala de olivos para megaplantas solares

SEVILLA/Sigue la polémica por la implantación de megaplantas solares en zonas de olivar tradicional en Andalucía, especialmente en las provincias de Jaén y Córdoba.

Este miércoles, las plataformas ciudadanas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares entregaron en el Parlamento andaluz más de 56.000 firmas para exigir la paralización de estos proyectos. La causa que ha movilizado a miles de ciudadanos gira en torno a la tala de alrededor de 500.000 olivos centenarios, que serían eliminados para dar paso a instalaciones fotovoltaicas de gran escala.

Según denuncian las plataformas, estas actuaciones suponen una “transformación radical e irreversible” del territorio y se están llevando a cabo “sin planificación, consenso ni evaluación real del impacto socioeconómico y medioambiental”.

La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha lamentado que ni el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, hayan accedido a reunirse con los colectivos, pese a la magnitud del apoyo ciudadano recibido.

Declaración de utilidad pública

Las críticas se centran en el uso de mecanismos legales como la declaración de utilidad pública para facilitar expropiaciones a favor de intereses privados. Según Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte, esto ha generado situaciones de “coacción” sobre propietarios de fincas de olivar tradicional. "Estamos asistiendo a una auténtica injusticia social, económica y medioambiental", ha afirmado.

En la localidad jiennense de Lopera, uno de los puntos más conflictivos, se prevé eliminar más de 42.000 olivos distribuidos en 426 hectáreas. Un informe de la cooperativa La Loperana estima que esta pérdida supondrá dejar de producir anualmente unos dos millones de kilos de aceituna, 400.000 litros de aceite de oliva y unos tres millones de euros en ingresos directos para la población local, lo que representa aproximadamente el 25% de la economía del municipio.

Suelos agrícolas fértiles en superficies industriales

Las organizaciones ecologistas y agrarias también alertan del riesgo que implica convertir suelos agrícolas fértiles en superficies industriales.

La Fundación Descubre, dependiente de la propia Junta, advierte que la pérdida de apenas 30 centímetros de suelo fértil destruye en una hora lo que la naturaleza ha tardado 3.000 años en generar.

Además, estudios recientes señalan que el 69,6% de las plantas fotovoltaicas en Andalucía se están construyendo sobre suelos agrícolas de alta calidad, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y acelerando el despoblamiento rural.

La Junta se defiende: las afimaciones son “equivocadas y tergiversadas”

Frente a estas acusaciones, la Junta de Andalucía ha salido al paso. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha calificado de “equivocadas y tergiversadas” las afirmaciones sobre una amenaza al olivar. En una entrevista en Canal Sur Radio, Paradela subrayó que “en la provincia de Jaén hay hoy 4.000 hectáreas más de olivar que hace cinco años”, rechazando así que la expansión de las energías renovables esté poniendo en peligro este cultivo emblemático.

En relación con el polémico proyecto de Lopera, el consejero desmintió las cifras que circulan sobre la tala de olivos: “Se está hablando de que se van a arrancar 100.000 olivos, y no es cierto. Está cartografiado y no llega a 13.000”. Según Paradela, se trata de una desinformación que no refleja la realidad de los proyectos.

El consejero también puso énfasis en que el desarrollo de energías renovables responde a una estrategia promovida tanto por la Unión Europea como por el Gobierno de España. Las instalaciones de más de 50 megavatios, explicó, son tramitadas directamente por el Ministerio de Transición Ecológica, mientras que la Junta gestiona aquellas de menor potencia, como las que se proyectan en Jaén y Córdoba.

Batalla judicial

No obstante, algunos de estos proyectos ya han sido impugnados judicialmente por los colectivos afectados, que cuestionan la declaración de interés público otorgada por la Junta, al considerar que favorece la expropiación sin garantizar una negociación equitativa entre propietarios y promotores.

También denuncian prácticas como el fraccionamiento artificial de proyectos para eludir una evaluación ambiental más exigente a cargo del Estado.

Ante la magnitud del problema, desde SOS Rural se exige la paralización inmediata de la tala de olivos, una moratoria sobre las expropiaciones agrícolas destinadas a plantas fotovoltaicas y la revisión urgente de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Las plataformas consideran imprescindible reevaluar el impacto global de estos proyectos antes de permitir que continúe un proceso que, a su juicio, pone en riesgo no solo el patrimonio agrícola, sino también el equilibrio demográfico y medioambiental de buena parte del medio rural andaluz.