El nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno de España para frenar la creciente subida del precio de los combustibles, consecuencia de la guerra activa entre Rusia y Ucrania, entra en vigor el viernes 1 de abril.

La medida incluye una rebaja de hasta 20 céntimos por litro en el importe de los carburantes y se extiende hasta el 30 de junio de este mismo año.

La bonificación se aplica a todos los ciudadanos españoles durante estos tres meses y supone al Estado un coste estimado de 425 millones de euros mensuales, al asumir el Estado 15 céntimos de la bonificación. El Real Decreto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. 

La bonificación se aplica directamente en las gasolineras

Mediante esta medida de choque el Gobierno de España busca asumir la subida de los carburantes y descargar a los ciudadanos de las consecuencias económicas actuales. Por ello, de los 20 céntimos previstos para dicha bonificación, el Estado se hace cargo de 15 céntimos mientras que los operadores de carburantes correrán con los 5 céntimos restantes. 

Las bonificaciones son aplicadas directamente en los puntos de repostajes desde el viernes 1 de abril y se ve reflejada en el recibo final. De hecho, esta factura de compra debe reflejar tanto el importe final de la operación como el importe previo sin dicho descuento.

Tal y como ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, estas medidas suponen hasta un ahorro de 75 euros en los hogares con vehículos de gasolina, mientras que para los usuarios de diésel dicho ahorro será de 65 euros, durante el tiempo en el que se extienda la bonificación. Algunas petroleras como BP, Repsol y Cepsa, han anunciado además rebajas adicionales que se unirán a esta bonificación.

Aunque este nuevo mecanismo forma parte del acuerdo llegado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, la medida es extensible a toda la población del país español. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado las razones de aplicarla en todos los colectivos de ciudadanos; argumentando que es técnicamente imposible aplicar bonificaciones en función de la renta de cada ciudadano. Por ello, el modelo a seguir de España es el que ya utilizan países como Italia o Francia.

La inversión final en el mes de junio, siguiendo los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, ascenderá por parte del Estado hasta los 1.275 millones de euros. Si las medidas se mantienen hasta finales de este año 2022 esta cifra llegaría a los 5.100 millones de euros. En cuanto a las petroleras, los costes de esta medida se estiman en 140 millones de euros mensuales, con un coste final al cabo de los tres meses de 425 millones de euros.