Provincia de Cádiz

La Junta pide al Gobierno un plan de choque para Airbus y su industria auxiliar

  • El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha llevado la propuesta a la reunión que mantiene este miércoles con el secretario general de Industria, Raúl Blanco

Concentración de trabajadores de Airbus ante la factoría de Puerto Real.

Concentración de trabajadores de Airbus ante la factoría de Puerto Real. / Julio González

La Junta de Andalucía reclama al Gobierno central un plan de choque a corto plazo de ayudas a la industria aeronáutica y la elaboración de una estrategia que garantice la carga de trabajo y el empleo en la próxima década. Ésta es la propuesta que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha trasladado este miércoles al secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, en una reunión para tratar la crisis de Airbus. La iniciativa andaluza se basa en un documento elaborado con las aportaciones de la Confederación de Empresarios de Andalucía (a través del clúster Andalucía Aeroespace, Aerocádiz-Femca y Fedeme) y los sindicatos CCOO y UGT.

Tanto el plan de choque como el Plan Estratégico Nacional Aeroespacial deberían incluirse en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España presentará a la Unión Europea para acceder a la financiación del Plan de Recuperación Europea, según el documento, que hace hincapié en que si los otros países donde Airbus tiene mayor presencia cuentan con planes tecnológicos nacionales, partirán de una situación más favorable que España para competir y acceder a paquetes de trabajo.

En esta Estrategia se pone de manifiesto que la principal debilidad de la industria aeroespacial en la comunidad es la ausencia de un Plan Estratégico Nacional. En ese sentido, destaca que el esfuerzo inversor de la administración desde el año 2003 hasta el año 2016, que incluía planes de apoyo a programas como A380, A350, A400M, o MRTT, supuso un incremento de la facturación del sector de 37.500 millones de euros.

Con posterioridad a esta fecha el Estado español no ha recuperado este tipo de programas, "vitales para marcar la línea de acción a nivel de país", se indica en el informe. A juicio de la Junta, los empresarios y los sindicatos, el Plan Nacional es imprescindible, porque los tres niveles de actuación -europeo, nacional y regional- son sucesivos y complementarios, incluso en el sector de Defensa. La Junta de Andalucía se propone condicionar las ayudas al mantenimiento de los centros de trabajo y, en lo posible, de la actividad productiva y del empleo. 

La propuesta andaluza parte del reconocimiento del carácter estratégico para España del sector aeroespacial, ya que "traslada estabilidad a largo plazo, evita la salida de inversores financieros y es un reclamo para futuras inversiones".

Tres lineas de actuación

La iniciativa andaluza abarca "tres líneas estratégicas de actuación" en materia de financiación; promoción de nuevos productos y mercados; y potenciación del ecosistema aeroespacial.

En cuanto a la financiación se plantean ayudas al capital circulante (dirigidas a proporcionar liquidez a las empresas); al patrimonio (un sistema de capital riesgo que se adapte a las necesidades de las empresas) y a los proveedores de servicios (destinadas a mantener o incrementar distintos programas de compras). Asimismo, se propone una línea específica de financiación de la I+D+i.

La línea de promoción de nuevos productos y mercados hace referencia a la apuesta por compra pública de innovación como mecanismo fundamental para incentivar la innovación, así como el impulso a actividades de MRO (Mantenimiento y Reparación de Aeronaves), la industria espacial y el RPAS (aviones no tripulados).

La línea de potenciación del ecosistema aeroespacial consistiría en la articulación de un programa de impulso integral al sector (con actuaciones para atraer inversiones, asesorar a pymes o potenciando la concentración empresarial), además de con medidas de coordinación y seguimiento o actuaciones para flexibilizar obligaciones fiscales, aplazamientos o fraccionamientos de pagos sin necesidad de aportar avales o alivio a la carga impositiva a las empresas que inviertan en capacidades tecnológicas, I+D o generación de empleo.

En cuanto a las medidas sociales y laborales incluidas específicas, enmarcadas en la línea de potenciación del ecosistema, el documento se centra en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La premisa es que se prolonguen hasta que las empresas puedan volver a una situación de normalidad, poniendo como ejemplo el modelo francés, que alarga estos instrumentos hasta 2022.

Se sugiere también negociar la obligación de mantener el empleo cuando la empresa esté en pérdidas o sufre una disminución significativa de su carga de trabajo, así como flexibilizar los pagos en las cotizaciones empresariales sin penalizaciones o desarrollar planes que faciliten el teletrabajo a los empleados.

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