Repsol obtuvo un resultado neto de 3.168 millones de euros en 2023, lo que representa una caída del 25,5% con respecto a los 4.251 millones de euros de ganancias en el ejercicio anterior, informó la compañía, que ha lanzado este jueves además un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2027.

El beneficio neto ajustado del grupo, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ascendió a 5.011 millones de euros, con un descenso del 26% con respecto a los 6.774 millones de euros de 2022.

El flujo de caja de las operaciones durante el año 2023 del grupo ascendió a 7.064 millones de euros, 1.859 millones de euros inferior respecto al de 2022.

En lo que respecta a la deuda neta de Repsol, al cierre del año se situó en 2.096 millones de euros, 160 millones de euros inferior a la del cierre de 2022. El ratio de apalancamiento de la compañía a finales de 2023 se situó en 6,7%, frente al 8,0% al cierre de 2022.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, señaló que 2023 fue "un año extraordinario", en el que el grupo alcanzó esos 7.064 millones de euros de flujo de caja de las operaciones, "la segunda mayor cifra en nuestra historia en medio de un entorno incierto y volátil". "Esto es una clara evidencia de nuestro portafolio integrado de alta calidad, una gestión disciplinada y una estrategia de futuro. Hemos finalizado 2023 con una sólida posición financiera, logrando un progreso significativo en nuestros objetivos estratégicos y preparados para avanzar en nuestra estrategia para ser una compañía con emisiones netas cero en 2050", dijo.

En 2023, la energética realizó una inversión histórica de 6.167 millones de euros, de la que un 43%-más de 2.600 millones de euros- se destinó a proyectos en la Península Ibérica y un 30%, a activos de generación renovable.

Contribución fiscal en España de más de 10.400 millones

Además, la compañía presidida por Antonio Brufau destacó que su contribución fiscal en España -la mayor del Ibex 35- se situó en 10.446 millones de euros.

En lo que respecta a las renovables, puso en marcha 1.100 MW, alcanzando los 2.800 MW de potencia instalada, principalmente en España. Las inversiones en el negocio Industrial sumaron 1.161 millones de euros en el periodo, que contribuyeron al mantenimiento y generación de empleos industriales y a dinamizar las economías locales.

Asimismo, el negocio de Cliente mantuvo durante el ejercicio una atractiva política de descuentos para los usuarios y finalizó el año con 2,2 millones de clientes de electricidad y gas. Los clientes digitales aumentaron hasta los 7,9 millones gracias a los beneficios asociados a la aplicación Waylet.

Repsol anunció también la propuesta para su próxima Junta General de Accionistas del pago de un dividendo complementario de 0,5 euros por acción que, unido a los 0,4 euros ya abonados a cuenta, supondrá incrementar en un 30% la remuneración, alcanzando los 0,9 euros por títulos y superando así objetivo de remuneración previsto para 2025 en el plan estratégico.

Además, se procederá a un nuevo programa de recompra de acciones propias por un máximo de 35 millones de acciones y se propondrá a la Junta una reducción de capital de 40 millones de acciones que se prevé ejecutar antes de finales del mes de julio mediante la amortización de acciones propias.

Imaz ve un cambio en el marco fiscal

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que percibe un "cambio" con respecto a la posibilidad de mejoras en el marco regulatorio y fiscal en España y se ha mostrado un "poco más positivo", después de haber cargado en los últimos tiempos contra la posibilidad de prolongarse en el tiempo el impuesto especial del Gobierno sobre las energéticas.

En una presentación ante analistas del nuevo plan estratégico de la compañía, Imaz señaló su confianza en que de "algún modo las cosas podrían cambiar a corto plazo" teniendo en cuenta el discurso del Gobierno de la necesidad de invertir en el sector energético en el país. "Tengo un poco más de perspectiva positiva de la que tenía algunas semanas atrás sobre eso. Pero vamos a esperar, vamos a ver", dijo.

El directivo se refería así a la opción del Gobierno de prorrogar este gravamen especial, instaurado inicialmente por dos años -2023 y 2024- para hacer frente al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania-, aunque suavizándolo al incluir en los Presupuestos incentivos a la reinversión.

A este respecto, también señaló que la Comisión Europea ha indicado que esté impuesto debería ya ver su fin y que va en contra de la necesidad de invertir en la descarbonización de la economía europea".

No obstante, Imaz recordó que en el pasado fue "cristalino" cuando advirtió de que no se abordarían inversiones en la transformación de sus centros en España si "no se veían retornos y una certidumbre clara" regulatoria y fiscal.

Posteriormente en rueda de prensa, el ejecutivo de Repsol insistió en la idea de rebajar el enfrentamiento con el Gobierno de los últimos tiempos y reiteró su confianza en que existe la idea de que el impuesto extraordinario "debe ser modificado".

Con un cable de alta tensión en mano, Imaz defendió que "no tiene ningún sentido" primar al que lo produce fuera y luego lo introduce por un puerto en España, frente al que "invierte y crea empleo industrial en España". "No se puede sostener con la mirada alta que esto es social. Un gravamen que está discriminando al que apuesta e invierte en España y favorece al que no y crea la riqueza en otro país", dijo.

Por ello, consideró que el presidente Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha señalado que este gravamen debe reformularse, "ya que la prioridad debe ser la inversión".

Así, tendió la mano a un "diálogo abierto" con el Gobierno, y con una batería de proyectos de inversión presentada en su actualización estratégica para realizar, para que haya un marco regulatorio y fiscal "adecuado" que le permita a la compañía "llevar toda esta inversión industrial adelante". "Sería muy bueno para el país y los ciudadanos", añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que las inversiones "se pueden hacer o no hacer", y todo dependerá de que se cuenten con ese marco regulatorio y fiscal adecuado, ya que "no estamos en un mercado regulado". "Nos da el precio el barco que entra por Bilbao o Cartagena, y cuando una refinería india compra crudo ruso y tiene unas condiciones fiscales y regulatorias distintas, pues no podemos competir y las inversiones se pueden hacer o no hacer", subrayó.