Julia Perea: “La situación de la sanidad pública es muy preocupante”

Reelegida el pasado mes de marzo como secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea se ha convertido ya en una de las voces más activas del sindicalismo onubense. Las protestas por la sanidad pública, las denuncias sobre la situación en los centros de menores, el “deterioro” de la educación pública o “el colapso del sistema de dependencia” ocupan buena parte de su agenda. En esta entrevista, Perea alerta de los “recortes” en sectores esenciales como la sanidad y la educación y reclama una regularización extraordinaria para miles de migrantes que trabajan en la economía sumergida.

-Huelva ha vuelto a movilizarse en defensa de su sanidad pública. ¿Qué diagnóstico hace CCOO de la situación?

-Huelva sigue movilizándose porque la situación de la sanidad pública es muy preocupante. Hay miles de personas en lista de espera para especialistas (65.000 personas) y para intervenciones quirúrgicas (12.000), y las citas de atención primaria tardan varias semanas, lo que refleja un evidente deterioro que viene de atrás. Las consecuencias del desvío continuo de inversión de la sanidad pública a la privada se han visto claramente con la crisis de los cribados.Desde CCOO entendemos que hay una falta de inversión suficiente que impide reforzar el sistema de atención primaria, que es clave para la prevención y la detección temprana. Nos preocupa que algunas personas estén recurriendo a seguros privados ante la dificultad para obtener cita, especialmente en una provincia con salarios bajos. Por eso pedimos más recursos para la sanidad pública: para centros de salud que abran todo el día en pueblos alejados, más equipos y más profesionales y pruebas diagnósticas. Calculamos que Andalucía necesita miles de profesionales más para alcanzar la media estatal, y la prioridad debe ser aumentar y consolidar plantillas y reforzar los turnos, incluidos los de tarde, para aliviar la presión asistencial. La media de profesionales por habitante es baja y eso afecta a la calidad del servicio. No puede haber personal encadenando contratos muy breves, porque dificulta su estabilidad y la continuidad asistencial. También es necesario mejorar las condiciones laborales de contratación para evitar que los profesionales se marchen a otras comunidades donde encuentran mayor estabilidad. En Huelva esta situación se agrava por infraestructuras que siguen pendientes, como los chares o el materno-infantil, que no aparece en los últimos presupuestos. Son necesidades históricas que deberían materializarse cuanto antes para garantizar una atención adecuada. Además, creemos que reforzar la oferta pública y mejorar los tiempos de respuesta ayudaría a reducir los desplazamientos de muchos pacientes y a equilibrar las cargas entre los distintos centros de la provincia.

-La preocupación por el acoso escolar sigue creciendo. ¿Qué papel debe jugar la comunidad educativa y qué reivindica CCOO?

-El acoso escolar es una preocupación creciente. Los datos que manejamos indican que un porcentaje significativo del alumnado se ha sentido víctima en algún momento, y una parte de ellos reconoce haber sufrido un impacto emocional importante. Para afrontar este problema creemos que es imprescindible una educación pública fuerte, con recursos suficientes para atender al alumnado de manera individual. Uno de los principales obstáculos que detectamos son las ratios elevadas. Cuando un docente tiene aulas con 27 o 30 alumnos, la capacidad de observar señales de alarma se reduce muchísimo. Por eso desde CCOO pedimos una bajada de ratios y un aumento del personal de apoyo: orientadores, psicólogos, profesionales de atención a la diversidad y enfermería escolar. También defendemos que se revisen los protocolos frente al acoso para garantizar que exista una respuesta rápida y coordinada. Además, señalamos que la externalización de determinados servicios educativos, como la atención a necesidades especiales, comedores o limpieza, ha generado desigualdades y dificultades de coordinación. Creemos que estos servicios deben estar debidamente reforzados y prestarse desde lo público en condiciones óptimas para garantizar que el alumnado recibe la atención que necesita. También pedimos mejorar las condiciones del personal interino, que cada año cambia de destino, de alumnado y de centro, porque la estabilidad del profesorado es clave para la calidad educativa.

-En los centros de menores se han producido casos de agresiones al personal ¿Qué valoración hace CCOO y qué pide a las instituciones?

-En el caso de los centros de menores tutelados, estamos hablando de un servicio especialmente delicado que requiere todas las garantías posibles. Hablamos de niños y niñas tutelados por la Administración y esto no se puede privatizar ni externalizar con empresas que solo buscan el beneficio recortando en personal y en recursos. En el caso de Huelva la respuesta no ha sido adecuada. Aquí hay un responsable principal, que es la empresa, pero hay un responsable subsidiario, que es la Junta de Andalucía, que tendría que velar porque se garanticen todas las medidas de seguridad. Hay medidas organizativas que creemos que podrían implantarse, como sistemas de aviso rápido o mecanismos de protección para el personal que trabaja solo, como el botón del pánico (similar al botón de la dependencia, que es una llamada de emergencia) y que en las evaluaciones esté recogida y reconocida la agresión. Desde CCOO consideramos que para ofrecer esa protección es fundamental una dotación adecuada de personal, formación específica y protocolos de prevención que estén actualizados. Lo que defendemos es que las administraciones deben reforzar la supervisión, mejorar los mecanismos de seguridad y garantizar que el personal que trabaja con menores disponga de herramientas y apoyo suficiente ante posibles situaciones de riesgo. Desde el sindicato pedimos que se revisen los procedimientos y que se garantice que se aplican de forma efectiva todas las medidas de prevención..

-¿Qué diagnóstico hace CCOO del sistema de dependencia y de la situación de las personas con discapacidad?

-Tenemos personas dependientes que mueren mientras esperan un derecho que la ley les reconoce. La principal preocupación es el retraso en los procedimientos. Hay familias que esperan durante meses, e incluso años, para que se les reconozca el derecho a una prestación o para que se revise su situación. Esto retrasa el acceso a recursos esenciales y coloca a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad muy difíciles. En el caso de la discapacidad, la espera de hasta dos años para obtener una valoración afecta directamente a la capacidad de adaptar un puesto de trabajo o solicitar una reducción de jornada. Esto provoca que haya personas trabajadoras que, ante la falta de reconocimiento oficial, no puedan demostrar su situación y se vean forzadas a renunciar a su empleo. Desde CCOO pedimos que se refuercen los equipos técnicos y se agilicen estos procedimientos para garantizar derechos básicos

-Huelva sigue dependiendo de mano de obra migrante. ¿Qué propone CCOO?

-Las personas migrantes desempeñan un papel fundamental en la economía provincial y contribuyen al sostenimiento del sistema con su trabajo y su consumo. En sectores como el agrícola su presencia es imprescindible. En Huelva hay personas que llevan años viviendo y trabajando aquí sin regularizar su situación administrativa, lo que genera inseguridad jurídica y limita sus derechos laborales.