Huelva, entre las provincias con peores salarios

Precariedad laboral, deterioro de los servicios públicos y desigualdad estructural marcan el día a día en la provincia de Huelva. A pesar de ciertos avances en contratación gracias a la reforma laboral, los salarios siguen entre los más bajos de España, con especial castigo para las mujeres. La sanidad y la educación públicas muestran síntomas graves de abandono institucional, con centros de salud sin pediatras, aulas cerradas y un aumento de la privatización. En este contexto, CCOO reivindica su papel como barrera de contención frente a la desprotección social y los retrocesos en derechos.

Pregunta.–¿Cuál es la situación actual de la negociación colectiva en la provincia de Huelva y cuáles son los principales retos que enfrentáis desde el sindicato?

Respuesta.–En tiempos tan convulsos y cambiantes como los que actualmente estamos viviendo, donde empresarios gestionan potencias mundiales y deciden prácticamente sobre la economía global o incluso sobre conflictos bélicos, lo único seguro son las organizaciones sindicales. Hace 100 años hacíamos lo mismo que hacemos hoy, y dentro de 100 años seguiremos haciéndolo: defender los derechos de las personas trabajadoras, cambiar su realidad, transformar la sociedad y mejorar sus vidas desde el centro de trabajo. Intervenimos negociando condiciones con las empresas mediante comités y delegados sindicales; a través de la negociación colectiva acordamos convenios que funcionan como leyes para el sector. Desde CCOO hemos sido parte de acuerdos clave: la subida del salario mínimo interprofesional, que ha aumentado en un 60% y beneficia especialmente a Huelva, donde 6 de cada 10 personas trabajadoras cobran el SMI o menos; la reforma laboral, que redujo la temporalidad de los contratos del 90% al 40%; la eliminación del despido por baja médica; y la reforma de las pensiones, que mejora la cotización de los contratos fijos discontinuos, muy comunes en nuestra provincia. Nos desprestigian porque somos la barrera frente al capitalismo y las políticas neoliberales, pero nuestra fuerza reside en la unidad y en nuestra capacidad para negociar cualquier transición: ecológica, tecnológica o laboral.

P.–¿Cómo describirías el estado del mercado laboral en Huelva? ¿Qué sectores están más precarizados y dónde ves mayores oportunidades de crecimiento?

R.–El estado del mercado laboral en Huelva varía según la variable que utilicemos para medirlo. Si lo analizamos por la contratación, gracias a la reforma laboral hemos conseguido invertir la tendencia: hoy, 6 de cada 10 contratos son indefinidos. Sin embargo, sigue habiendo fraude en sectores donde se abusa del contrato fijo discontinuo. Si lo vemos desde el punto de vista salarial, la situación es lamentable: Huelva tiene el segundo salario medio más bajo de España, en torno a 17.000 euros anuales. La mujer onubense es la peor pagada del país, con 14.000 euros anuales, por debajo incluso del salario mínimo interprofesional. Además, hay mucha parcialidad en la contratación. Los sectores más precarizados son limpieza, ayuda a domicilio, comercio, agricultura y hostelería. Estos presentan salarios bajos y contratación parcial. No obstante, también en estos sectores hay oportunidades de crecimiento, especialmente si se mejora la calidad del empleo. Además, Huelva cuenta con un sector industrial fuerte, una construcción en auge y un sector turístico con mucho potencial. En ayuda a domicilio, por ejemplo, hay mucha demanda debido al envejecimiento de la población, pero las condiciones laborales siguen siendo precarias por contratos mal gestionados con la administración pública.

P.–En relación a la sanidad pública en la provincia, ¿cuáles son las principales carencias que detectáis desde CCOO y qué medidas creéis que son prioritarias para reforzarla?

R.–La situación de la sanidad pública en Huelva es lamentable y vergonzosa. Los ciudadanos sufrimos largas esperas para obtener cita médica en atención primaria —hasta 20 días— y muchos centros de salud cierran por la tarde o carecen de pediatra. Desde que el Partido Popular gestiona la sanidad en Andalucía, hemos observado un deterioro progresivo. Se está invirtiendo más de 1.000 millones de euros en la sanidad privada mientras se desinvierte en la pública. Además, Huelva carece de infraestructuras esenciales o un hospital materno-infantil, que sí tienen otras provincias andaluzas. Esto obliga a muchas familias a desplazarse a Sevilla incluso para intervenciones básicas. El problema no es económico —hay dinero—, sino ideológico y de gestión. Se está promoviendo un modelo sanitario privatizador que obliga a muchas familias, con sueldos ya bajos, a pagar seguros privados para tener acceso a atención médica.

P.–La educación en Huelva ha sido objeto de diversas críticas en los últimos años. ¿Qué diagnóstico hacéis desde el sindicato y qué cambios propondríais para mejorar la calidad educativa y la equidad?

R.–La educación pública en Huelva sufre un deterioro similar al de la sanidad. Bajo el gobierno del Partido Popular en Andalucía, se han cerrado más de 214 unidades escolares en nuestra provincia. En lugar de aprovechar la bajada de natalidad para reducir la ratio y mejorar la atención educativa, se están eliminando aulas, lo que sobrecarga al profesorado. Además, la inversión en la educación pública ha disminuido mientras aumentan los conciertos con centros privados (más de un 14%) y se multiplican los centros privados de formación profesional, donde un ciclo puede costar entre 3.000 y 5.000 euros. También estamos viendo el auge de universidades privadas en detrimento de las públicas, a las que se les ha impuesto un nuevo sistema de financiación que las asfixia. En las privadas, lo que prima es el dinero, no el talento o el esfuerzo, lo cual atenta contra la igualdad de oportunidades. Defendemos una educación pública fuerte, inclusiva y gratuita que garantice el acceso de todos, independientemente del nivel económico familiar.

P.–¿Consideras que las políticas públicas actuales están siendo eficaces para reducir las desigualdades sociales y laborales en la provincia?

R.–No. Las políticas públicas actuales no están priorizando la igualdad. Tanto en sanidad como en educación vemos cómo se está promoviendo la privatización, lo cual incrementa la brecha social. En vez de reforzar los servicios públicos, se desmantelan, lo que obliga a las familias con menos recursos a pagar por derechos básicos como la salud o la educación, agravando la desigualdad.

P.–¿Qué papel crees que deben jugar los sindicatos en los próximos años ante los cambios tecnológicos y la transición ecológica que ya están impactando el empleo?

R.–Los sindicatos tenemos un papel esencial ante los desafíos tecnológicos y la transición ecológica. Seremos garantes de que cualquier cambio sea una transición justa, negociada y acordada, con medidas concretas que protejan los derechos laborales. Seguiremos adaptándonos, como siempre hemos hecho, porque nuestra función es inmutable: defender y mejorar la vida de las personas trabajadoras. Nuestro mensaje es claro: los sindicatos somos la herramienta más eficaz para defender los derechos laborales, lograr avances sociales y garantizar justicia en el mundo del trabajo.Frente al individualismo que promueven los poderes económicos, la unidad sindical es la clave para resistir y conquistar derechos. Por eso intentan deslegitimarnos: porque saben que somos la última línea de defensa frente al neoliberalismo y el autoritarismo, pero nuestra historia y nuestros logros nos avalan.