De proletario e inquilino a dueño y propietario

La vivienda, la falta de ella, se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los españoles y será una de las cuestiones que se aborde en la Conferencia de Presidentes de este viernes. El tema no es menor. La solución al problema de la vivienda no es sencilla, hay multitud de intereses en juego y el consenso político se adivina remoto. Después de varias décadas sin una política decidida que suministrara pisos a precios asequibles, el Gobierno ha propuesto un acuerdo a las comunidades autónomas para dedicar conjuntamente 7.000 millones desde 2026 a 2030. La propuesta incluye que esta vivienda protegida no se transforme con el tiempo en un mero bien de mercado, una cuestión que divide a los partidos.

La falta de vivienda se ha agravado en los últimos años. La población crece a un ritmo mayor que la disponibilidad de pisos y los precios se han disparado. Los ejemplos son innumerables. Hay sindicatos policiales que están pidiendo dietas más elevadas para los agentes que se desplazan como refuerzo a la Costa del Sol, una de las zonas donde el coste de la vivienda crece de un modo inusitado. Y si los funcionarios tienen obstáculos, el problema para encontrar alojamiento a un precio razonable se hace extraordinario en gremios como el de los camareros de la restauración, los botones de los hoteles o el servicio de la limpieza de los pisos turísticos. El problema no afecta sólo a los ciudadanos, afecta a las empresas y las administraciones cuyos empleados comprueban lo difícil que resulta vivir en el área donde desempeñan su trabajo.

La preocupación por la vivienda es creciente en la Costa del Sol, lo está siendo en capitales como Sevilla, Cádiz o Granada y se va extendiendo como el gas por la región. Hay datos: la subida del precio en Andalucía ha sido en 2024 la más alta de España, señala el INE. Más datos: los barómetros de opinión de la Junta en los que los andaluces expresan más y más inquietud por las dificultades de encontrar un techo bajo el que residir. La inquietud se ha contagiado a las administraciones públicas aunque las recetas que ofrezcan sean variopintas, dependiendo de la sartén desde la que se cocine.

El desacuerdo de los partidos dificulta las soluciones

Hay estudiosos en la materia, como Javier Burón, gerente de la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra, que avisa de que no hay soluciones fáciles. La receta para que un piso deje de ser exclusivamente para ahorradores dignos de premio o gente adinerada dependerá de múltiples factores que sólo un pacto de Estado resolvería. "Las políticas serias de vivienda son complicadas, caras, multivectoriales, lentas, socialmente divisorias y electoralmente arriesgadas", ha dejado escrito Burón en el libro El problema de la vivienda (Arpa). Los principios, valores e intereses de los partidos políticos, a menudo contrapuestos, dificultan el derribo de los obstáculos.

Los planteamientos de la llamada derecha difieren de la denominada izquierda. En general, exponiendo los dos extremos sin matices, la una propone un mercado libre y la otra propone la regulación; la una apunta a la okupación y la inquiocupación (los inquilinos morosos) y la otra pone en cuestión que las cifras de tales problemas sean notables; la una sirve una alfombra roja al turismo y al alquiler vacacional y la otra promueve el alquiler de larga duración y limitar los temporales; la una plantea más suelo y más construcción y la otra limitar los precios en zonas saturadas o vetar la descalificación de la vivienda social o protegida.

El último desacuerdo gira en torno a la duración de la calificación protegida de una vivienda social o protegida. Desde las décadas de los sesenta del siglo pasado, los poderes públicos han promovido millones de pisos protegidos que se han ido transformando en pisos de mercado dispuestos para el arriendo o la venta al mejor postor. El objetivo primigenio era hacer "propietarios" a los "proletarios". El argumento de quienes defienden esa misma política ahora, entre ellos los Gobiernos del PP, es que blindar la calificación protegida no resulta "atractiva" para los promotores ni para los compradores, ha defendido la Consejería de Fomento y Vivienda andaluza.

La protección permanente frente al trasvase al mercado

La ley estatal prescribe el blindaje de treinta años para la vivienda protegida. El Plan Vive de la Junta aprobado en 2020 establece no obstante periodos de protección de quince años, diez años y siete años, dependiendo del régimen. En Navarra, Euskadi y Cataluña se califica de modo permanente la vivienda protegida y, hasta el cambio de las últimas elecciones autonómicas, Valencia y Baleares también. La llegada del PP a estas dos regiones ha revertido la medida.

El argumento que defiende la calificación permanente de los pisos se agarra a dos ventajas, tal como sostienen especialistas como Javier Burón. Si los millones de viviendas protegidas construidas en los últimos sesenta años hubieran permanecido tal cual no solamente habría beneficiado a sus usuarios, por pagar una rentas no sometidas a la especulación, sino que habría "presionado a la baja" el precio de los pisos privados erigidos con las solas directrices del mercado. "La competencia siempre tiene efectos, por mucho que haya una legión de académicos negadores de la realidad", añade Burón, que cita ejemplos europeos de este ciclo virtuoso de precios menos desorbitados, como Ámsterdam o Viena.

La Junta de Andalucía, que critica la última legislación estatal de vivienda por haber facultado topes al precio del alquiler, está elaborando desde hace un año una ley de vivienda propia. El borrador del texto legislativo andaluz propone lo contrario que el Gobierno central y las regiones anteriormente citadas: en términos generales, el usuario podrá descalificar el carácter protegido del inmueble después de diez años. Es el tiempo en el que habría una vivienda protegida menos y una sometida al libre mercado más, un inquilino menos y un dueño más.