Pedro Sánchez propone a las comunidades triplicar la financiación estatal y blindar la vivienda pública de por vida

El presidente del Gobierno envía una carta a Juanma Moreno con sus propuestas de cara a la Conferencia de Presidentes

Los presidentes debatirán de financiación, apagón e infraestructuras críticas además de universidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. / Eduardo Parra / EP

El presidente del Gobierno acaba de enviar una carta a todos los presidentes autonómicos, incluyendo al andaluz Juanma Moreno, con su propuesta de acuerdo de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes. Sánchez plantea la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.

Según consta en la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, dicho acuerdo debería basarse en tres compromisos recíprocos empezando por la financiación. Así, Sánchez plantea triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022 - 2025 a unos 7.000 millones para el periodo 2026 - 2030. El Gobierno de España se compromete en el nuevo plan a aportar el grueso de esa suma (4.000 millones) siempre y cuando las diferentes comunidades autónomas asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.

El jefe del Ejecutivo recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida y defiende su argumento que las comunidadees autónomas “nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora” (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018), por lo que sostiene “es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler.”

Esta oferta tiene una contrapartida. Sánchez propone blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública, lo que supondía que no podrían pasar al mercado privado como renta libre, como sucede ahora, una vez pasado un determinado número de años.

Según los datos del Gobierno, en los últimos 45 años, las administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre.

El Gobierno propone a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas “las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía.”

Sánchez también propone a las autonomías "acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad. Sólo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa".

El presidente del Gobierno concluye su carta animando a los presidentes autonómicos a estudiar sus propuestas de "más financiación pública, menos especulación y más transparencia" para poder debatirlas “de forma serena y constructiva este viernes” y lograr “llegar a un acuerdo antes de verano.” Según subraya, “los españoles y españolas no nos eligen para que nos tiremos los trastos a la cabeza o llevemos el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos, acordemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura.”

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