Leire Díez y Vicente Fernández, unidos por su animadversión a la juez Alaya por el caso de la mina de Aznalcóllar

Vicente Fernández (Málaga, 1973) es un funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, se podría decir que hasta un brillante letrado que obtuvo el primer puesto en las oposiciones y llegó a ser interventor general de la administración autonómica. Leire Díez (Portugalete, 1975) es una militante socialista que estudió Periodismo y que ha actuado como fontanera de Santos Cerdán para desmontar casos judiciales que afectaban a su partido. ¿Qué hacen estas dos personas, de tan distinta procedencia, juntos en una trama que ahora investiga la Audiencia Nacional?

La carrera, brillante, de Vicente Fernández se truncó en 2019 a causa de una de las personas que forman parte del universo obsesivo de Leire Díez: la juez Mercedes Alaya, instructora de las macrocausas que comenzó con el caso ERE, cuya investigación adjudicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a uno de sus jefes, el entonces comandante -y ahora teniente coronel- Antonio Balas, otro de los perseguidos por la fontanera socialista.

Vicente Fernández era el interventor general de la Junta cuando María Jesús Montero fue nombraba ministra de Hacienda en 2018. El letrado contaba con un buen perfil técnico, había colaborado con la sevillana en la Consejería de Hacienda y, a priori, guardaba un perfil idóneo para presidir la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), la poderosa tenedora de las acciones del Estado en empresas como Telefónica, Navantia y RTVE.

Así que Montero se lo llevó a Madrid y le dio el cargo mejor pagado de la administración estatal, pero la juez Mercedes Alaya reabrió en dos ocasiones el caso Aznalcóllar y le obligó a dimitir. Este caso carecía de fundamento, la UCO analizó más de 124.000 correos electrónicos y no encontró nada contra él, que era uno de los investigados al haber sido secretario general de Industria, Innovación y Energía de la Junta de Andalucía. El caso, de hecho, se archivó en dos ocasiones, pero Alaya se empeñó en llevarlo a juicio, tanto que así fue y, finalmente, el pasado 5 de diciembre, se publicó la sentencia absolutoria de los 16 acusados, entre los que se encontraban Vicente Fernández y una decena de funcionarios de la Junta de Andalucía. La sentencia llegó diez años después de que se iniciara el proceso judicial.

Leire, de público en la primera sesión del juicio de la mina

El anterior presidente de la SEPI podía sentirse una víctima de la juez, y Leire Díez se dedicaba a buscar información que desacreditase a la magistrada, a la UCO y a la empresa Emerita Resources, cuya denuncia motivó esta causa judicial. De hecho, uno de los registros que la UCO realizó este viernes fue en la sede de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica.

Su interés por el juicio en el que estaba procesado Vicente Fernández hizo que Leire Díez acudiera el pasado 3 de marzo a la primera sesión de la vista oral en la Audiencia de Sevilla, donde las defensas arremetieron con vehemencia contra las decisiones de la juez Alaya. La sentencia absolutoria del ex presidente de la SEPI recoge un tremendo varapalo del tribunal para las acusaciones, de las que llega a afirmar que su denuncia era "infundada".

Aunque hay un factor más que une a ambos: la militante vizcaína había sido la responsable de Comunicación de Empresa Nacional de Uranio (Enusa), una entidad pública de la SEPI dedicada a la explotación de este material. También sería después directora de Filatelia en Correos, ambos cargos gracias a la mano de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y que está investigado por otro caso, el de las mordidas en las obras públicas a través de la empresa de la que es socio, Servinabar.

Dos años después de marcharse de la SEPI, Vicente Fernández solicitó el permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno central para trabajar precisamente en Servinabar, la empresa navarra de la que es copropietario Santos Cerdán. La autorización se hizo efectiva el 19 de mayo de 2021 y allí trabajó hasta febrero de 2023. El caso por el que está detenido tiene a Servinabar como epicentro, por eso han sido arrestados Díez, Fernández y el propietario oficial de la empresa, Antxon Alonso.

Vicente Fernández conoció a Servinabar en su puesto de presidente de la SEPI, porque el empresario vasco le realizó una propuesta sobre construcción de diques que le venía bien a Navantia. Años después le llegaría la oferta de empleo.

Pero hubo algo más que llena de sentido la relación entre los tres detenidos. Vicente Fernández le prestó a Leire Díez, a quien conocía por su interés por el caso Aznalcóllar, su piso de Madrid de la calle Diego de León. Este apartamento servía de sede del despacho de abogados que abrió el ex presidente de la SEPI, y Leire Díez se reunió allí con varios empresarios, según la UCO. Algunas reuniones perseguían buscar información contra jueces, fiscales y la UCO, pero otras, aún en investigación, pueden estar relacionadas con contrataciones irregulares.