La Junta cambia de manos los controles para los contratos que firma el SAS

El Gobierno andaluz ha cambiado el control y la fiscalización de los contratos de conciertos, obras, servicios y suministros sanitarios que firma el SAS en un movimiento que se mira con suspicacia por una buena parte del cuerpo de interventores y por los grupos de la oposición pero que desde el Ejecutivo explican dentro de la remodelación y modernización de la Intervención de la Junta de Andalucía que se inició a principios de año; el SAS era el último servicio que quedaba por modificar. Una información que ha adelantado el diario El País.

La clave de este cambio está en dos aspectos clave. El primero, que la fiscalización de los contratos sometida a fiscalización previa seguirá en manos de la Intervención del SAS, si bien el control financiero permanente se realizará de manera generalizada por parte de la División de Control Financiero y Supervisión Continua II, división que está adscrita a la Intervención General de la Junta de Andalucía y no a la del SAS como sucedía hasta ahora.

En la práctica supone que tanto el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa Teva, como la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (que es interventora de carrera en la administración) tendrán un control más estrecho sobre los contratos que se firmen. Será pues, la Consejería de Hacienda la que controle todo el volumen de contratación del SAS, el más abultado de toda la administración; hay que tener en cuenta que su presupuesto es de 15.274 millones de euros en este año 2025. Este modelo se ha implantado ya en toda la administración andaluza y sólo faltaba el SAS.

Hay otro dato a tener en cuenta que es relevante. Será la Intervención General de la Junta y la Viceconsejería de Hacienda quienes ejerzan una supervisión más estrecha sobre la detección de incidencias, irregularidades y la información remitida a los juzgados justo cuando falta un año para las elecciones autonómicas. Esta situación genera inquietud en entre los interventores, ya que perciben una posible menoscabo de su independencia y un mayor control político sobre las funciones de control interno. El Consejo de Gobierno designó a Miguel Ángel Figueroa como interventor general de la Junta el 8 de enero en sustitución de María Antonia González Pavón, quien llevaba dos años en el cargo e, inmediatamente, ha tomado las primeras decisiones en su tarea de fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía. De hecho, protagonizó una agria polémica en el mes de enero cuando cesó a cinco de los ocho interventores al poco tiempo de tomar posesión.

Además, según la normativa vigente, los contratos de más de 8 millones de euros tienen que pasar obligatoriamente por el Consejo de Gobierno, lo que supone un control financiero previo, ya que hasta que no está todo debidamente justificado y detallado, el expediente no llega hasta el Palacio de San Telmo y se autoriza la firma del contrato. Los interventores se decantan por la fiscalización previa (no se autoriza ningún gasto hasta que todo no esté correcto) pero se trata de un procedimiento mucho más lento que paraliza la gestión de la administración. La introducción de los robots para conceder determinadas ayudas a los ciudadanos, sobre todo las que se refieren a políticas de empleo, impide esa fiscalización previa. Con el control financiero permanente es posible subsanar los errores que se puedan producir durante el proceso del expediente administrativo.

Descentralización

A pesar de estos cambios, el control financiero permanente no está completamente centralizado solo en la Consejería de Hacienda. Si bien se ha producido una centralización específica de la coordinación de los controles financieros del SAS en los servicios centrales de la Intervención General, los interventores provinciales mantienen sus funciones de emisión de informes de control financiero sobre diversas materias en sus respectivos ámbitos. Además, la Intervención Central del SAS conserva responsabilidades en relación con ciertos controles financieros que no han sido transferidos. Por lo tanto, el sistema de control financiero de la Junta de Andalucía sigue siendo descentralizado en parte, con responsabilidades compartidas entre la Intervención General, los interventores provinciales y, en menor medida, la Intervención Central del SAS para ciertos aspectos. La medida actual se enfoca principalmente en la coordinación y supervisión de los controles financieros del SAS para un mayor control estratégico por parte de los servicios centrales, no solo del la propia Intervención General, sino también de la Viceconsejería de Hacienda, a pesar de que los interventores han de ser totalmente independientes en sus trabajos y no recibir ningún tipo de presión política, al menos en el contenido y resultado de sus controles, ni si siquiera de su superior jerárquico que al final no deja de ser un alto cargo.

Las quejas de los interventores

El Cuerpo de Interventores de la Junta de Andalucía está formado por funcionarios de carrera que han ido ascendiendo con su experiencia a lo largo de los años. El Gobierno andaluz aprobó una ley para dotarlos de más autonomía que no ha logrado cumplir las expectativas de los funcionarios.

De hecho, los interventores denuncian que se han producido nombramientos recientes en puestos de nivel 30 (el máximo en la administración que tiene también la retribución más alta) que no corresponden a perfiles con una trayectoria consolidada dentro del cuerpo de intervención y auditoría, a diferencia de los niveles 28 y 26, lo que entienden que les plantea dudas sobre la idoneidad para dirigir divisiones técnicas que requieren un profundo conocimiento de la materia.