El Gobierno andaluz presenta un recurso de inconstitucionalidad por el reparto de los niños migrantes

El Gobierno andaluz ha dado este miércoles el último paso legal para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y que establece el reparto territorial de los 4.400 niños migrantes que están hacinados en Canarias esperando una solución. Así lo ha anunciado la consejera portavoz de la Junta, Carolina España, quien ha detallado que la base del recurso es que se invaden competencias autonómicas en la protección de los menores, que el decreto se ha aprobado sin diálogo y sin escuchar a las comunidades, y que tampoco se transfieren los recursos económicos para atender debidamente a estos niños. El procedimiento se inició el pasado 9 de abril y ahora se han culminado los trámites legales para el recurso.

Los argumentos de Andalucía son los mismos que han esgrimido las otras comunidades del PP que han hecho lo propio (como Madrid) y también la de Castilla La Mancha, gobernada por el socialista García Page, que ha tomado el mismo camino. Según las primeras estimaciones, que no son definitivas, a Andalucía llegarían 796 niños migrantes que están solos y pasarían a la tutela de la administración, la segunda comunidad por detrás de Madrid a donde podrían ir 806 menores. Una de las claves de estas disputas es que a Cataluña sólo se trasladarían 26 niños, en lo que el resto de autonomías considera un agravio y fruto del pacto del PSOE con Junts, formación que se niega a acoger a estos niños.Así lo explicaba la consejera portavoz: "No podemos permitir que el Gobierno cargue a unas comunidades sí y a otras no, y libere al independentismo de ese reparto de menores. Usando un drama humano, como la migración de menores, para hacer un favor a los independentistas en un nuevo maltrato a Andalucía".

A pesar del recurso ante el Constitucional, la consejera Carolina España ha explicado que el decreto ley está en vigor y se está aplicando en Andalucía, "nosotros cumplimos con la ley aunque no estemos de acuerdo; la norma está en vigor y la vamos a cumplir, aunque no vamos a quedarnos de brazos cruzados y seguiremos reclamando". "Andalucía es una tierra solidaria y de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y sin los medios necearios para atenderlos. Tenemos falta de recursos e invasión de competencias".

Argumentos jurídicos

La norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales. El Gobierno andaluz pone en tela de juicio la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifica la aprobación del Real Decreto Ley. Así, asevera que, si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos. Por otro lado, el Gobierno andaluz cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española.

Los datos provisionales

Según los datos que se han hecho públicos, el reparto sería el siguiente: Madrid: 806; Andalucía: 796; Comunidad Valenciana: 477; Galicia: 326; Castilla y León: 309; Castilla-La Mancha: 291; Murcia: 190; Aragón: 186; Cantabria: 170; Extremadura: 169; Navarra: 164; La Rioja: 154; Asturias: 151; País Vasco: 87; Baleares: 58; Melilla: 34; Cataluña: 26