El juicio contra Roberto Macías, un ex trabajador de UGT-Andalucía que denunció presuntas prácticas corruptas en el sindicato, se aplazó este jueves por una cuestión procesal pero en una breve comparecencia ante la juez el debate se centró en si le ampara o no la directiva aprobada hace dos días por la Unión Europea para proteger a los whistleblowers o alertadores de corrupción.

El abogado de Macías, Francisco José Sánchez Ramón, afirmó que esa directiva europea “es de aplicación directa”, así como la Ley de Transparencia andaluza, según la cual los datos de UGT están sujetos a publicidad, y sobre todo cuando se trata de bienes públicos.

El fiscal Fernando Soto, sin embargo, aportó al juzgado penal 15 una copia de la declaración de Macías ante la Guardia Civil, donde denunció las prácticas del rapel y bote para afrontar gastos del sindicato difíciles de justificar. Dicha declaración se produjo el 15 de enero de 2014 y la copia masiva de documentación de los ordenadores de UGT se había realizado el 7 de noviembre de 2012.

El acusado “guardó más de un año la documentación que obtuvo ilícitamente en su casa y la estuvo entregando a la prensa”, y “no destapó ni denunció la corrupción, solo se aprovechó de una circunstancia para eximirse de un delito previamente cometido”, afirmó el fiscal.

Para que un alertador de corrupción se acoja a la directiva europea, “previamente tendría que haber denunciado internamente en UGT o externamente ante la Policía, Guardia Civil o juzgado”, explicó el fiscal.

Y resumió así: Macias “no ha colaborado con la Justicia sino que la utilizó en beneficio propio”.

El ex trabajador se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de cárcel por revelación de secretos, pena que la propia UGT eleva a cuatro años. La documentación que, según la acusación, Macías sustrajo de los ordenadores del sindicato es la misma en la que se basa el juzgado de instrucción 9 para mantener como investigados a 20 responsables de UGT, entre ellos su ex secretario general andaluz Manuel Pastrana, por presentar facturas falsas para justificar subvenciones.

La actual secretaria general, Carmen Castilla, acudió hoy al juzgado para declarar como testigo pero el juicio se aplazó al 6 de febrero de 2020 porque el anterior abogado de Macías renunció por diferencias en la línea de defensa. El nuevo letrado, que es también presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), expuso a la juez que hace unos días sufrió en su despacho el robo de documentación referente a este y otros casos de corrupción.

UGT, por su parte, indicó en un comunicado que Macías declaró, al igual que otros trabajadores, en la causa de las facturas falsas pero lo hizo después de que se abriese el procedimiento contra él por el robo de documentación. “Es irreal afirmar que dicho procedimiento es una represalia por su declaración”, mantiene el sindicato.