Coronavirus Andalucía Reclaman la adecuación de la desescalada a los centros para personas con discapacidad intelectual

  • La federación Plena inclusión Andalucía pide a la Junta la adaptación de la normativa a la naturaleza de las instalaciones y de sus usuarios

  • La reanudación de la actividad de los centros genera inquietud por un rebrote de contactos

Una monitora realiza una actividad con en un centro de discapacidad intelectual. Una monitora realiza una actividad con en un centro de discapacidad  intelectual.

Una monitora realiza una actividad con en un centro de discapacidad intelectual. / Juan Carlos Muñoz

Plena inclusión Andalucía, federación andaluza que agrupa a 125 entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ha remitido una carta al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para reclamar una adecuación de lo previsto en las órdenes de 4 de junio y de 19 de junio de 2020 a la naturaleza de las actividades de los centros ocupacionales y los centros de día que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que han reanudado su labor el 1 de julio tras permanecer cerrados desde la declaración del estado de alarma.

Las órdenes mencionadas, y especialmente la aprobada el 19 de junio, determinan el estricto cumplimiento de medidas que garanticen la distancia social y el uso de mascarillas en estos centros y que son difíciles de adoptar, dada la naturaleza de la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Los servicios y apoyos que estos centros ofrecen a este colectivo no pueden ser tratados en ningún caso desde la perspectiva de la atención sanitaria, sino como un modelo de intervención social, ciudadana y de calidad de vida.

Plena inclusión Andalucía insiste que es preciso aclarar que no son servicios sanitarios y que los usuarios no pueden ser considerados población de riesgo, ya que no presentan más problemas de salud que el resto de la ciudadanía, sino que lo hacen en la misma proporción que ella. También se especifica en la carta dirigida a Aguirre que, tal y como la propia legislación admite y regula, en estos centros se comparten instalaciones y se fomentan las relaciones interpersonales como una vía más hacia una mayor autonomía e inclusión social posibles.

Las disposiciones normativas mencionadas no contemplan la realidad de estos centros y de sus usuarios, muchos de los cuales no admitirán el uso de mascarillas, tanto en el transporte, como se exige, como en las instalaciones del centro, lo que tampoco podrá solucionarse a través de la imposición, puesto que son personas que precisan de apoyos intensos y permanentes y, en algunos casos, presentan también trastornos de conducta que dificultan aún más el seguimiento de estas medidas. Otra realidad no contemplada tiene que ver con el cumplimiento de la distancia de seguridad, poco viable en los apoyos necesarios que se prestan a las personas usuarias de estos centros.

Plena inclusión Andalucía también traslada en su escrito al consejero de Salud el hecho de que muchas instalaciones son compartidas por los centros ocupacionales, de día y los residenciales, por lo que es prácticamente imposible garantizar que no exista contacto físico entre los usuarios de los centros y las residencias.

Escaso material enviado por la Administración

A las entidades que prestan estos servicios se exige la implantación de unas medidas que requieren una inversión económica extraordinaria en cuanto a equipos de protección, servicios de limpieza e higiene y otros requisitos que recoge la normativa y que muchas de ellas no podrán soportar. A esto se suma la escasa e insuficiente provisión de material preventivo por parte la Administración, lo que ha provocado que gran cantidad de entidades hayan tenido que adquirir estos medios de prevención por su propia cuenta, sin que aún se haya establecido cómo se compensará el coste que ha supuesto.

Otra reivindicación sustancial que traslada Plena inclusión Andalucía es que se hagan test a todos los usuarios y profesionales de manera periódica, así como el establecimiento de un canal ágil y eficaz de contacto inmediato con los sistemas sanitarios que resuelva cualquier duda, incidencia o riesgo.

Dada la imposibilidad de establecer medidas que garanticen la ausencia de riesgos, añade la federación andaluza, las familias retrasarán la incorporación de sus hijos o hijas a estos centros, por lo que Plena inclusión Andalucía ve indispensable el establecimiento de una nueva regulación que contemple estas decisiones sin que ello conlleve a la pérdida de la plaza o cualquier otra penalización.

Para Plena inclusión Andalucía, las administraciones competentes han de ser conscientes, como lo son las entidades titulares de estos centros, de que por su naturaleza y la de sus actividades y condiciones concretas, la reanudación de su actividad, prevista para el comienzo de julio, no permite establecer estrictas medidas de prevención, sino que, por el contrario, la existencia de contagios entre usuarios, familiares y residentes es una clara posibilidad. Plena inclusión Andalucía entiende que no se puede exigir a las entidades titulares de estos servicios responsabilidad de ningún tipo en caso de contagios por coronavirus.

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