Los consejeros de la Junta de Andalucía renuncian a los escoltas

Los trece consejeros se han quitado ya la escolta permanente. Hay que aprovechar los agentes asignados a los miembros del actual Gobierno para que se dediquen a tareas relacionadas con la seguridad de los ciudadanos en diferentes ámbitos. Los recursos han sido reorganizados de forma discreta y con un criterio claro en menos de dos meses de andadura que lleva el Ejecutivo.

Se tiene claro que Andalucía es una tierra tranquila, sin amenazas y de vida pacífica en la calle. También es una región con 8,5 millones de habitantes que cuenta con pocos, muy pocos policías nacionales adscritos a la denominada unidad autonómica, un cuerpo que tiene que cumplir con diversas funciones de seguridad asignadas por el Estatuto de Autonomía. Por eso hay que concentrar la gran mayoría de los agentes en el cumplimiento de las funciones marcadas, como son la prevención de incendios forestales, el control del juego y las apuestas, los asuntos relacionados con los menores de edad, la seguridad de las estaciones de esquí, etcétera.

La comunidad cuenta con una plantilla de 400 agentes propios cuando debería tener justo el doble, pero fuentes consultadas por este periódico aseguran que el Ministerio del Interior, del que la unidad autonómica sigue dependiendo, no convoca nuevas plazas desde hace más de tres lustros.

La apuesta del Ejecutivo andaluz es que, salvo el presidente del Gobierno, Juan Manuel Moreno, y el del Parlamento, Jesús Aguirre, los trece consejeros sean atendidos de otra manera en materia de seguridad, con fórmulas de prevención y contravigilancia, sin necesidad de una asignación permanente de dos agentes que, en muchas ocasiones, no tienen más tareas que estar disponibles.

Ningún miembro del Gobierno andaluz ha puesto reparos a esta decisión, pues han recibido explicaciones sobre cómo se organizará su seguridad a partir de ahora, detalles que, por razones obvias, no son reveladas. Todos mantienen, eso sí, el servicio de conductor para poder desplazarse por las ocho provincias de la región.

El Gobierno considera que el tiempo de amenaza terrorista ya ha pasado. No consta ningún altercado en la calle donde se hayan visto afectados los consejeros. No habría mayor demostración real de un Gobierno de la calle que la de estar en contacto con la gente de a pie sin mayores problemas ni cortapisas, una ‘presión’ que no se debe perder precisamente en tiempos de mayoría absoluta.

Este planteamiento no será óbice para que la Junta de Andalucía siga exigiendo la convocatoria de plazas para cubrir las vacantes que se sufren en la Policía Autonómica, una unidad que también tiene asignada la vigilancia de las sedes oficiales. La referida falta de concursos de personal, que no se convocan desde el año 2013, ha dejado a la unidad adscrita en una situación precaria, con solo el 60% de su plantilla y un riesgo serio de que en breve este porcentaje sea rebajado hasta el 50%.

A finales de 2007 se firmó el quinto acuerdo entre las dos administraciones (Junta de Andalucía y Ministerio del Interior) para regular el funcionamiento de este cuerpo policial, un documento que debe renovarse cada tres años, pero desde entonces no se ha vuelto a negociar nada. Esta unidad autonómica de la Policía nace de un acuerdo de 1992 que se renueva en sucesivas prórrogas. A nadie escapa que una de las claves que pueden demorar la renovación del pacto es que el Ministerio del Interior asume el pago de los salarios, pues los agentes siguen siendo funcionarios del Estado, policías nacional en toda regla, aunque estén adscritos a la Junta de Andalucía y dependan directamente de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo autonómico. Interior no está dispuesto de momento a ningún aumento de las cargas salariales, de ahí que no se convoquen las plazas.

El Ministerio del Interior, como ya ha trascendido, querría repartir al 50 por ciento del coste de las nóminas, lo que supondría un importante esfuerzo para las arcas andaluzas cercano a los 15 millones de euros. El caso es que, mientras tanto, el cuerpo policial se va reduciendo. Y no queda otra que, aunque sea como un “gesto”, renunciar a los escoltas para que, al menos, puedan cumplir con eficacia sus otras funciones.