El calvario del patrón de Huelva encarcelado en Mauritania por un supuesto homicidio múltiple: "Creía que no volvía"

"Ahora tampoco puedo dormir. Como mucho lo hago una hora y media al día. Mi mujer dice que no soy el mismo". Así habla José Bermúdez, un patrón pesquero de 41 años que lleva tres cuartas partes de su vida en el mar, días después de regresar a España tras pasar un auténtico calvario personal y judicial en Mauritania y ser enjuiciado, supone sin saberlo a ciencia cierta, bajo la acusación de haber matado a cuatro marineros locales a los que presuntamente arrolló el barco donde ejercía como segundo patrón mientras él estaba al cargo. Acompañado de su abogado, Fernando Osuna, el pescador de Isla Cristina (Huelva) contó este martes en Sevilla los detalles más relevantes de una odisea que lo llevó a estar casi dos semanas en un calabozo, ir "cuatro o cinco veces" a juicio y abandonar Mauritania recorriendo 900 kilómetros en taxi sin tan siquiera tener la certeza de si estaba en libertad o no. Y así continúa hoy en día. "Me acusaron de tantas cosas que creía que no volvía", dijo.

Todo comenzó a mediados de julio. José hizo su guardia nocturna "sin novedad", pero al llegar a puerto el día 14 fue arrestado y entonces "empezó la pesadilla". Para empezar, "el primer patrón, que era mauritano, se lavó las manos y dijo que el primero era yo", relató. Y en cuanto al suceso, "si yo hubiese trincado a ese barco a la velocidad a la que iba el mío, no habría dejado ni las astillas", espetó. "Si hay un accidente, yo no dejo a nadie tirado en el mar. La vida humana es sagrada", afirmó.

No hubo pruebas y puede que no hubiese ni cadáveres. "Fueron a buscarlos a la semana siguiente del supuesto accidente y dijeron que habían encontrado dos, pero nadie los ha visto", lamentó. Pese a todo eso, José fue encarcelado y se pasó los dos primeros días sin comer. Después, un guardia civil le llevó algo de comer. "Todavía recuerdo aquella hamburguesa gigante", relató. A los "ángeles verdes" de la Benemérita, a la Legión y a la Policía Nacional que lo esperaba en el aeropuerto les dio las gracias el marinero onubense, muy emocionado durante gran parte de su comparecencia.

"Pasé por tres jueces diferentes y tuve cuatro o cinco juicios. Tuve que ser mi propio abogado, tenía traductor pero no podía fiarme de lo que traducía. Yo no entendía nada, firmé documentos que no sabía qué ponían, estaba todo en árabe. Todo fue muy turbio, me he visto indefenso y abandonado", denunció también José, que fue muy crítico con el cónsul porque "cada vez que hacía algo, era un infierno".

Tras pasar trece días en el calabozo, en condiciones insalubres e incluso agredido allí mismo por presuntos familiares de las presuntas víctimas, José recuperó el pasaporte y pudo regresar al barco, que estaba en reparación porque había sufrido "una avería gorda" tras salir de Dakar (Senegal). Pero cuando volvió a zarpar, él se quedó en un hotel. "Casi no salía, veía fantasmas por todos lados", rememoró. Y así hasta finales de agosto, cuando un empleado de la empresa armadora se presentó en su hotel una madrugada y le dijo "sal, pita". Lo hizo "sin un documento, ni una sentencia, ni nada", resaltó. "No sé cómo he salido de aquel país. No sé si estoy en libertad o no. Debo de estar libre, pero al cien por cien no lo sé, no hay ningún documento que lo acredite", reiteró.

"Ahora mismo no soy capaz ni de coger una bicicleta. No me siento seguro. Lo que he vivido no deseo que le pase a nadie. Se han cargado mi ilusión de ser patrón", contó José. "Me he sentido abandonado por todo el mundo", insistió.

De la evaluación psiquiátrica a las posibles indemnizaciones

A partir de ahora, su abogado plantea varias vías para que su cliente sea resarcido. El primer paso será recabar la evaluación de los psiquiatras para solicitar una incapacidad en el caso de que el daño en su salud mental sea relevante. También pedirá una indemnización por daño moral y emprenderá una acción laboral al entender que lo que le ha ocurrido ha sido un accidente de ese tipo. Y, por último, Fernando Osuna no descarta denunciar por la vía penal a las autoridades españolas "por no auxiliarlo", lo que podría desembocar en una acusación por un delito de omisión del deber de socorro.