El 'boom' de las fotovoltaicas coge al campo sin vallar

El Sol lleva regando de energía la Tierra desde sus inicios, pero sólo desde hace unas pocas décadas la tecnología ha conseguido transformar su luz en electricidad. Es una energía limpia, inagotable y barata, pero la proliferación de parques fotovoltaicos ha comenzado a provocar las reticencias de algunos ayuntamientos andaluces, el rechazo de vecinos y, últimamente, la oposición de un grupo de olivareros de Jaén que ha logrado que su protesta salte a países como Francia y Reino Unido.

La semana pasada, una de las empresas del sector, TotalEnergies, inauguró en el municipio sevillano de Guillena una megaplanta de 400 hectáreas de extensión, capaz de aportar una potencia de 263 megavatios (MW) a la red. Atrás han quedado los pequeños huertos solares de hace una década: 400 hectáreas de placas es mucha electricidad, pero también 400 campos de fútbol de espejos y metal. Un mar eléctrico y brillante en medio del secano. Cerca de allí, en el municipio de Gerena, donde hay planes para construir parques con una extensión total de hasta 570 hectáreas, su Ayuntamiento va a introducir un cambio en su plan de ordenación municipal para preservar suelo rústico de tales instalaciones.

Este diario ha hablado con empresas, ayuntamientos y con muchos de los que ven con recelo este tipo de energía, y aunque ninguno de estos últimos se opone a la generación fotovoltaica como tal, sí critican la concentración en puntos muy concretos del territorio, la alteración de los paisajes y el uso de buenas tierras agrícolas para estos usos industriales. Ha sido ahora cuando algunos ayuntamientos andaluces han comenzado a introducir en sus planeamientos urbanísticos una ordenación especial para las instalaciones energéticas porque, en determinado modo, el boom de éstas ha cogido al campo sin vallar.

Una legislación favorable

Una legislación muy favorable ha permitido un rápido desarrollo de las energías renovables en Andalucía, pero con muy pocos contrapesos. La Ley del Sector Eléctrico, de carácter nacional, permite la Declaración de Utilidad Pública de las instalaciones energéticas, lo que avala la expropiación forzosa de los suelos, y la ley de ordenación del territorio de Andalucía, conocida por su acrónimo como Lista, incluye a estas plantas como un uso compatible con el suelo rústico común. No obstante, cada planta debe pasar un proceso medioambiental. Si son menores de 50 megavatios, el trámite corresponde a la Junta; si lo excede, al Ministerio de Transición Ecológica.

Alcalá de Guadaíra también va a ordenar su territorio, aunque este municipio sevillano ha conseguido ser el que más potencia fotovoltaica concentra de todo el país. Ayuntamientos como el de Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Cañete la Real, San Juan del Puerto, La Palma del Condado y Lopera se han sumado a una planificación territorial que, hasta ahora, no existe en Andalucía. Cada planta sí debe pasar por un filtro medioambiental y, de hecho, hay muchos proyectos rechazados por su afectación a las poblaciones de linces y de aves esteparias, pero no se tienen en cuenta otras consideraciones más amplias como el paisaje, la concentración o la pérdida de las tierras más fértiles.

En Setenil de las Bodegas se había proyectado un cinturón de placas alrededor de uno de los pueblos más pintorescos de España, pocos paisajes le pueden igualar. Sin embargo, el proyecto, que contaba con una oposición vecinal, decayó por otras razones: afectaba a tres cortijos protegidos y a la existencia de un corredor de aves.

Carmona es una de las excepciones. Una planificación trabajada desde hace una década ha permitido un desarrollo muy alto de la energía fotovoltaica con la protección paisajística de lugares tan especiales como la Vega de Carmona que se ve desde el Parador. Su alcalde, Juan Ávila, es un defensor de la energía solar porque entiende que aporta mucha riqueza al municipio. De hecho, de las 97.000 hectáreas del término, 3.800 se destinarán a placas, pero hay paisajes vedados y una promoción de otros usos dentro de las plantas, tales como el pastoreo y la apicultura. "Estos son 10 años de hablar con mucha gente, con las empresas, con los agricultores, con vecinos, con las administraciones, hay un asesoramiento del CSIC, no es de ahora", indica Ávila.

Como ocho centrales nucleares

Andalucía ha conseguido en muy pocos años un desarrollo extraordinario de la energía fotovoltaica, y aún queda camino para conseguir los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta, pero el movimiento de rechazo se deja notar. En la comunidad hay ahora instalada una potencia de energía fotovoltaica de 8.854 Mw. Si hiciéramos la comparación con las nucleares, se habría necesitado construir ocho centrales en Andalucía para lograr esa potencia. Y si se suman las otras renovables como las eólicas, la cifra sube a los 14.500 Mw. Si se considera que la superficie agrícola andaluza es de 4,38 millones de hectáreas, las 9.000 que ocupan las placas son una insignificancia. Es algo menos de la superficie que se dedica en Andalucía al cultivo del aguacate y un poco más de lo que ocupan las fresas de Huelva.

Pero como explica Rafael Alcalá, de la plataforma de la Campiña Norte de Jaén contra las megaplantas, "esos porcentajes no significan nada si las placas están concentradas" en un municipio. Este vecino de Lopera, profesor de Ciencias Naturales, le ha puesto la voz a los olivareros de la comarca que no quieren arrendar sus tierras para la instalación de una megaplanta solar de Greenalia. Muchos han aceptado los acuerdos económicos, otros esperan, pero hay dos expropiaciones forzosas, que son las que han terminado por soliviantar a una parte de la población. "Se están arrancando olivos, que son sumideros de dióxido de carbono, para instalar placas". Con ese mensaje, demoledor, la plataforma se está abriendo paso en la opinión pública nacional.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, recibió hace unos días a esta plataforma y a SOS rural, que opera a nivel nacional. "Lo que hace el Gobierno andaluz -ha indicado- es cumplir la ley, el Gobierno andaluz no es el que promueve un parque de renovables, lo que hace es cumplir una ley que viene de un marco estatal". Sus cifras indican, por ejemplo, que en Jaén hay ahora 18.000 hectáreas de olivos más que en 2018. 27.000 más en Andalucía. "Por tanto -sigue-, no es cierto que el paisaje esté cambiando en Andalucía".

Sin negar las cifras globales, Rafael Alcalá subraya el "error" de analizar el problema con perspectivas tan globales. "Los números globales -sigue- son engañosos y peligrosos, porque cada uno los interpreta como quiere; una vez me enseñaron un mapa de España donde sólo se veían unos puntos donde estaban las placas, pero uno de esos puntos era mi pueblo".

Greenalia va a construir en los términos municipales de Marmolejo, Arjona y Lopera un parque de 387 hectáreas, se trata de olivares tradicionales asentados en algunos de los suelos más fértiles de Jaén. La empresa ha alcanzado acuerdos económicos con los propietarios que tienen el 86,2% de los suelos afectados, pero aún quedan muchos con los que no hay pacto. De éstos últimos, doce son dueños de los olivares donde se levantarán las placas y otros 76 en discordia tienen terrenos por donde pasan las líneas de evacuación de la electricidad.

Sobre las 3.000 euros por hectárea

La extensión de las renovables por Andalucía se debe en buena parte a que los propietarios, en efecto, logran buenos acuerdos con las promotoras. Los contratos de arrendamiento suelen durar 30 años y se han estado pagando entre 2.500 y algo más de 3.000 euros por hectáreas. Pero hay casos, como los de Lopera, donde los agricultores quieren seguir siendo agricultores y, además, hacen cuentas y no les compensa.

Greenalia ha explicado a este medio que "estamos en un fuego cruzado entre las plataformas y la Junta de Andalucía en el que no tenemos nada que ver". "La tramitación -sigue- ha sido rigurosa, contó con los informes favorables de los tres ayuntamientos y hubo dos parques que se retiraron del proyecto por el impacto sobre el lince". El propietario que más ha ganado, el que tenía más terrenos, cobrará 233.061 euros cada año, un total de siete millones en total, y el que menos, 14.355 euros anuales.

Como un alien

Jesús Rodríguez, de la consultora Territoria, explica que el paisaje va más allá de su sentido estético o de una visión romántica contra los cambios, también tiene un sentido político y de pertenencia al carácter rural. "Lo que está gente está viendo -se refiere a los opositores que surgen por todo el país- es que no se les tiene en cuenta en el desarrollo de unas instalaciones que tienen una alta productividad económica y que ésta no se distribuye; creo que se les está ninguneando, no son negacionistas del cambio climático, son gente que sabe, que están vinculados al terreno y mucho de éstos colectivos lo que están pidiendo es que se planifique".

Tal como subraya este consultor, "tenía que haber habido un planeamiento del territorio, aunque casi no ha habido tiempo, es como un problema que se está metabolizando". Una de sus críticas es que no se ha tenido en cuenta el efecto acumulativo que supone sumar distintas plantas en una misma zona o que se haya descartado la multifuncionalidad de los terrenos, de modo que, además, de las instalaciones de placas, se hubiera dejado un enclave para el arbolado, un arroyo o una zona de pasto para el ganado. Y es que, en efecto, tal como él mismo califica, algunas de las megaplantas han surgido como aliens en el mundo rural.