La ardua batalla ideológica por la salida al mercado libre de pisos protegidos

El debate es ideológico. El Gobierno central entiende que todas las viviendas protegidas deben serlo a perpetuidad para garantizar un amplio parque público de viviendas; la Junta de Andalucía que deben tener un período de protección determinado y, a partir de ahí, salir al mercado libre porque así facilitan el acceso de los jóvenes a la propiedad de un piso.

Ninguna de las dos administraciones atiende a razones; ambas están convencidas de que su propuesta es la acertada. Pero se están produciendo movimientos dignos de tener en cuenta. Porque en el primer borrador de la Ley de Vivienda que está trabajando la Junta de Andalucía se recogía que el tiempo máximo de protección de estos pisos era de diez años antes de poder venderse en el mercado libre, un plazo de protección que ha desaparecido en el segundo borrador, el que ahora continúa tramitándose. ¿Por qué? No se trata de una cuestión menor; ha requerido hasta la decisión del Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal se pronunció sobre el recurso que la Junta de Andalucía presentó contra la Ley estatal de Vivienda por invasión de competencias y concluyó que las viviendas protegidas de las promociones que se están construyendo en la década 2020-2030, en el denominado Plan Vive de la Junta de Andalucía, sí podían desclasificarse en determinadas condiciones.

Así, los andaluces que estén comprando o hayan comprado una vivienda en este plan de vivienda podrán venderla a precio de mercado una vez que pasen 15 años desde su adquisición en el caso de las viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos; 10 años en el caso de las viviendas protegidas de régimen general y 7 años para aquellas viviendas protegidas de precio limitado.

Unos plazos mucho más flexibles que los que planteaba el Gobierno central y que se establecía en 30 años para permitir la descatalogación de este tipo de viviendas que se adquieren con ayudas de las administraciones públicas, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Ambas administraciones han cambiado en sus posturas. La Consejería de Fomento baraja una propuesta de flexibilidad total; habrá viviendas que se podrán desclasificar en un plazo, otras en otro diferente y otras que no lo puedan ser nunca. Las viviendas y los alojamientos que se construyan en suelos dotacionales (es decir en suelos destinados a equipamientos comunes y que se han cambiado de uso para construir más pisos), tendrán una protección permanente y no podrán desclasificarse nunca. El Gobierno central movió ficha en la Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado 6 de junio en Barcelona. Pedro Sánchez ofreció aumentar la inversión en viviendas hasta 7.000 millones de euros con dos condiciones: que las viviendas protegidas lo sean a perpetuidad y que las administraciones autonómicas aporten el 40% de estos fondos.

La propuesta fue muy mal recibida por las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Andalucía. La consejera Rocío Díaz insiste en que la normativa del Gobierno es “intervencionista” y no funciona; que la Junta tiene su propio plan de trabajo. Pero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha seguido hacia adelante con su plan.

Y Cataluña, Canarias, País Vasco, Asturias y Navarra han aceptado la propuesta del Gobierno sobre vivienda y recibirán 1.538 millones de euros para construir viviendas protegidas.

El Gobierno central ya se ha puesto a trabajar con estas comunidades y financiará el 60% de esas promociones. Cataluña podría acceder a 966 millones; Canarias, 353 millones; y Asturias, 219. El País Vasco y Navarra están fuera del plan estatal de vivienda, por lo que se financiarían con recursos propios. Rodríguez considera “inexplicable” que las comunidades del PP y también Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, rechacen tener fondos para la construcción de nueva vivienda.

Rodríguez ha llamado a la rectificación para que se puedan sumar a este plan, que ella insiste en que está abierto a todos los territorios del país. Es más, Isabel Rodríguez entiende que este programa ya está listo y ha manifestado que los fondos podrían pactarse antes del verano.

El cambio de postura de la Junta con respecto a las viviendas construidas en suelos dotacionales abre la puerta a que estas promociones sí cuenten con fondos procedentes del Estado.