Andalucía acogerá a 677 menores inmigrantes y País Vasco y Cataluña a ninguno

El Gobierno a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha determinado el reparto entre todas las comunidades autónomas de los menores inmigrantes no acompañados que colapsan las instalaciones de Canarias entre todas las comunidades autónomas. A Andalucía llegarán un total de 677, notablemente menos que los 796 que la Junta había hecho en sus previsiones hace apenas dos semanas.

La distribución de los 3.975 menores no acompañados comenzará este mismo verano, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que más menores acogerán, con 677 y 647 respectivamente, mientras que tanto el País Vasco como Cataluña no tendrán obligación de acoger a ninguno de ellos, aunque esta última llegarán 31 de manera voluntaria. Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

En un principio los traslados previstos ascendían a 4.400, que finalmente se quedan en 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar unos 850 de Canarias que serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo. Después de Madrid y Andalucía, les siguen la Comunidad Valenciana, con 571; Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.

El número de menores que finalmente llegarán a cada comunidad autónoma es un máximo; es decir, no todos los traslados tendrán que llevarse a cabo, ya que dependerá de diferentes circunstancias, entre ellas la capacidad de tramitación de expedientes por parte de las comunidades de origen.

Este plan del Gobierno incluye el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación. Los traslados de las personas menores serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, mínimo, los tres primeros meses de todos los jóvenes trasladados.

El Ministerio compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros. Andalucía percibirá 8.834.850 euros, la Comunidad Valenciana, por su parte, 7.451.550 euros según esta propuesta, y Castilla-La Mancha, 4.176.000, cifra muy cercana a los 4.149.900 euros de La Rioja, los 4.136.850 de Galicia o los 4.097.700 de Islas Baleares. Por debajo de los 4 millones está Aragón, que podría hacerse con 3.614.850 euros de estos fondos; Navarra, con 3.184.200 euros; Castilla y León, con 2.570.850 euros; Cantabria, con 2.088.000 euros; Extremadura, con 2.074.950; Asturias, con 1.879.200 euros; Región de Murcia, con 1.735.650 euros; Ceuta, con 1.372.200 euros; Melilla, con 993.300 euros, y Cataluña, con 404.550 euros.

"Corregir diferencias"

El Ministerio de Juventud e Infancia convocó la Comisión Sectorial del área para el próximo martes, reunión en la que se abordará el orden del día de la futura Conferencia Sectorial, que girará en torno a la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades y al reparto de fondos. Fuentes del Ministerio reconocieron que este sistema de derivación de los jóvenes busca garantizar un equilibrio entre los diferentes territorios, teniendo en cuenta el esfuerzo previo y el número de plazas creadas. “Hasta ahora han existido enormes brechas entre los diferentes sistemas, con algunos que han realizado un buen trabajo previo y otros que no lo han hecho, y este real decreto viene a corregir estas diferencias históricas”, explicaron desde el Ejecutivo.

Desde el Ministerio lamentaron el “bloqueo sistemático” de algunas comunidades, que han intentado “dilatar los plazos”, y han agradecido la buena disposición de otras, como Cataluña, que “voluntariamente ha decidido participar de la acogida”.

Andalucía recurrió al Constitucional ese reparto. Los argumentos esgrimidos por la Junta según reconocía su portavoz, Carolina España, pasan por “no poder permitir que el Gobierno cargue a unas comunidades sí y a otras no y libere al independentismo de ese reparto de menores. Usan un drama humano para hacer un favor a sus socios”, algo que definió como “un nuevo maltrato a Andalucía”.