El Algarrobico tarda 32 años en ser declarado "no urbanizable"

El paraje de El Algarrobico ha sido declarado oficialmente suelo no urbanizable de especial protección tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería de la normativa que protege estos terrenos. El abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, ha calificado esta medida de tardía, al llegar "con 32 años de retraso" y después de que hayan sido necesarias "14 sentencias del Tribunal Supremo" para que el Ayuntamiento de Carboneras acatase la legalidad ambiental vigente. El anuncio ha sido insertado en el boletín almeriense tras el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al Consistorio. Con esta publicación, el Ayuntamiento cumple finalmente con la obligación de oficializar que el paraje es suelo no urbanizable de especial protección, una calificación que debió haberse aplicado en 1993, cuando se amplió el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El letrado de la organización ecologista ha expresado su denuncia a través de la red social X (anteriormente Twitter), donde señaló: "Por fin publica hoy el BOP de Almería que el Algarrobico es zona protegida, algo que el Ayuntamiento de Carboneras debió hacer en 1994". Durante tres décadas, la administración local ha mantenido la calificación de urbanizable en contra de la normativa superior del parque natural, generando un conflicto que ha requerido múltiples intervenciones judiciales.

La publicación realizada este lunes en el BOP constituía el requisito indispensable para que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, evitase las multas coercitivas de 1.000 euros personales con las que el tribunal le había amenazado. El plazo límite vencía precisamente el mismo día en el que finalmente se ha producido la inserción del anuncio. Con la entrada en vigor de esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la calificación del suelo se ajusta por primera vez a la realidad física y legal del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. No obstante, aunque este paso cierra la vía urbanística e impide nuevas construcciones en la zona, la solución definitiva al conflicto sigue pendiente de resolución según los ecologistas.

José Ignacio Domínguez ha advertido que, pese a este avance administrativo, queda pendiente otro frente fundamental: "Ahora falta que el Consistorio anule la licencia". El representante legal de Greenpeace pone el foco en que la estructura del hotel de Azata del Sol continúa teniendo una licencia de obras que, a efectos formales, aún no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico por la vía administrativa.

El 18 de enero del año pasado, Greenpeace solicitó al TSJA que ordene la apertura de un nuevo expediente de revisión de la licencia de obras. Esta petición surge tras certificar que el procedimiento actual, iniciado el pasado mes de julio de 2024, caducó al cumplirse el plazo legal de seis meses sin que el Ayuntamiento lo resolviese a tiempo. La organización ecologista mantiene que la anulación es el paso definitivo para resolver el conflicto urbanístico que rodea al hotel, cuya construcción se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de presunta vulneración de la normativa medioambiental en España.

La declaración oficial de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección impide de forma definitiva cualquier nuevo desarrollo urbanístico en la zona. Esta calificación supone la máxima protección que puede otorgarse a un terreno desde el punto de vista urbanístico y garantiza que no puedan concederse licencias para construcciones futuras.

No obstante, esta modificación del PGOU no afecta directamente a las construcciones ya existentes con licencia en vigor, como es el caso del hotel de Azata del Sol. Para lograr su demolición, resulta necesario que el Ayuntamiento proceda a anular formalmente la licencia de obras mediante un expediente administrativo de revisión, tal como reclaman las organizaciones ecologistas y han ordenado diversas sentencias judiciales.

Tras la publicación en el BOP de la calificación protectora del suelo, el siguiente paso esperado es que el TSJA se pronuncie sobre la petición de Greenpeace para ordenar la apertura de un nuevo expediente de revisión de la licencia. La organización argumenta que el procedimiento anterior ha caducado por el transcurso del plazo legal sin resolución. Si el tribunal acepta esta solicitud, el Ayuntamiento de Carboneras deberá iniciar un nuevo proceso administrativo para revisar y eventualmente anular la licencia de obras del hotel. Este trámite podría allanar el camino para la demolición de la estructura, aunque previsiblemente seguirá generando recursos y nuevos procedimientos judiciales por parte de los propietarios del inmueble.