La Junta está decidida a echar un pulso al Gobierno central a cuentas del déficit en dos frentes. No está dispuesta a que siga instalado en la "mentira" y el enfoque "torticero" de que son las comunidades las que tienen el gasto descontrolado, y que es lo que ha llevado a dispararlo hasta el 8,51% de PIB, cuando el problema es que estas tienen un listón de déficit muy bajo (1,3%), y es fácil sobrepasarlo, mientras el Estado lo tiene muy alto (4,4%). Y el segundo, ya de puertas adentro, es no ver correspondencia entre el esfuerzo de contención que se está exigiendo a Andalucía, mientras desde La Moncloa no se están cumpliendo las obligaciones de financiación. El dato son 3.000 millones que aún no están en las cuentas andaluzas, y que supondrían dejar el déficit autonómico por debajo de ese 3,22% que ha fijado el Ministerio de Economía, incluso colocándolo en la barrera del 1,3% pactado para garantizar la estabilidad presupuestaria.

En contra de esa "etiqueta de despilfarro" que el Gobierno ha colgado a las comunidades, a la Junta lo que le queda es "levantar la voz". Tras abordar este asunto del déficit en el Consejo de Gobierno, la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, indicó que la Junta se verá en la tesitura de tener que explicar a la ciudadanía que el 60% del déficit del país corresponde al Estado, por lo que lejos de entrar en la discusión de "quién gasta y quién ahorra", habrá que ver "en qué se gasta y en qué se ahorra", porque si no se condenará a tales restricciones a las comunidades que lo que se acabará poniendo en riesgo es el gasto sanitario, educativo y en las políticas sociales, que son los que absorben la mayor partida presupuestaria autonómica.

El "malestar" del Ejecutivo andaluz en el segundo caso se resolverá vía alegaciones, y en ningún momento está previsto que suponga una modificación de los presupuestos autonómicos de 2012. No se tocarán porque se está pendiente de que el Gobierno cumpla esas obligaciones de financiación, de los que 1.379 millones son con cargo al Fondo de Competitividad de 2011 y los otros 1.504 millones son por las inversiones no ejecutadas en los años 2008 y 2009 -se pactaron con el anterior ejecutivo de Rodríguez Zapatero poco antes de las elecciones generales del 20-N-. Esta última partida, recogida en la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz, no se liquidará vía inversiones, sino que será una transferencia directa a las cuentas andaluzas.

El Ejecutivo andaluz cree que la solución a esta guerra de cifras pasa por una "lealtad" en materia de financiación autonómica por parte del Gobierno, y más aún cuando la Junta ha hecho los deberes con una "gestión óptima" de sus cuentas, pero también por el diálogo constructivo de la "flexibilización" del déficit. Un debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que también se podrían revisar los objetivos internos de España, porque un control excesivo del gasto como el que se está imponiendo desde la UE, según la Junta, lo único que está favoreciendo es la recesión y una mayor destrucción de empleo.

Para el Gobierno andaluz, este debate a dos sobre el déficit lo que subyace es un debate "ideológico" en el que lo que está en juego es un modelo social. Sólo en esa clave entiende el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra la subasta de medicamentos, por el que se pretende mantener las ganancias de los laboratorios a costa del bolsillo de los pacientes, mientras el objetivo perseguido por Griñán es que "ganen" estos y la industria siga ganando, aunque algo menos.