Elma Saiz (Pamplona, 2 de diciembre de 1975) ha elegido Sevilla para su primera visita a la comunidad andaluza tras poco más de dos meses a los mandos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "el Ministerio de las personas", como ella misma lo define, al que se enfrenta "con ilusión", pero "con mucho trabajo por delante".

Recibe a este periódico en el barrio más pobre de España, el Polígono Sur, donde ha centrado su visita a un proyecto de inclusión social pionero en Andalucía y España, la residencia de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide Flora Tristán. En una sala amplia, con vistas al barrio y con una decoración muy simbolista con la propia idiosincrasia del papel de las instalaciones en esta zona, la ministra habla abiertamente sobre "derechos humanos" como eje central en la gestión de los flujos migratorios o del "ejemplo" de España en esta materia para Europa e, incluso, para los EEUU, y se muestra cauta en cuanto al pacto migratorio con Junts, con férreas referencias al marco constitucional y a una Ley Orgánica aún por perfilar.

En un repaso a todas las "patas" de su ministerio califica de "datos inmejorables" en cuanto a afiliación a la Seguridad Social en nuestra comunidad, poniendo el acento en las mejoras en el empleo joven y el empleo femenino; o de la garantía de sistema de pensiones y su revalorización "histórica" que ya se está comunicado por carta individualizada a nuestros mayores.

- Algo más de dos meses desde que cogió las riendas del Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué balance hace?

- Es un balance muy positivo, pero también un trabajo muy exigente. Éste es un ministerio en el que sus tres patas influyen directamente en la vida de las personas. Podríamos decir que es el ministerio de las personas, con importantes retos en materia de pensiones, en materia migratoria y en materia de inclusión. Es todo un reto, pero que afronto con mucha ilusión, con mucho trabajo en equipo y con una hoja de ruta muy clara:  derechos, empleo y convivencia.

- Tras su reciente visita a EEUU informó de la firma de un acuerdo trilateral pionero, en el que se incluye Canadá, en materia migratoria. ¿En qué consiste?

- Es un acuerdo que se firmó en 2023 y en mi pasada visita a Washington pude constatar cómo en diferentes cuestiones que emanan de ese acuerdo trilateral hay miradas que nos ponen como ejemplo. Es decir, pude comprobar que, no solamente Europa mira a España en esta materia migratoria, sino que también Estados Unidos nos mira. Es un acuerdo que tiene ver con experiencias relacionadas con la gestión de la migración circular con prácticas que ponen el acento, no solamente en la vulnerabilidad, sino también en la empleabilidad. Hablamos de poner en el centro los derechos humanos y sirva como ejemplo esa migración circular que se da en provincias como Huelva, que en 2023 trajo a trabajar en torno a 16.000 mujeres, sobre todo, como temporeras en la fresa. Es una maniobra en la que también se aborda la gestión migratoria desde la perspectiva de género. En resumen, es un acuerdo que pone en el centro los derechos humanos para esa gestión de flujos migratorios con experiencias como esa aplicación circular de Huelva u otros proyectos que también se dan en otras provincias donde se combate el fenómeno de la despoblación.

- ¿Cuál diría que es la aportación en términos de empleo y de cotización a la Seguridad Social de la población inmigrante en nuestro país?

- Creo que es muy importante destacar que esta población la conforman personas que vienen a desarrollar su proyecto vital a nuestro país, que contribuyen sin lugar a dudas a la sostenibilidad del sistema de pensiones y también contribuyen a reforzar nuestro mercado de trabajo en aspectos como el ejemplo al que me refería de Huelva. Numéricamente podríamos cifrar en torno al 2,7 millones de afiliados, es un 10% del total de afiliados. E, insisto, son personas que vienen a integrarse en nuestro sistema, a desarrollar su proyecto vital y, le garantizo que el saldo es favorable porque, por contra, su percepción de prestaciones es mucho menor a lo que aportan. 

La ministra Elma Saiz durante la entrevista.

- ¿Cuál diría que es la principal vía de entrada de la migración irregular?

- Tenemos que ser conscientes de la situación geopolítica, el cambio climático, las guerras que acontecen... Todo eso hace que haya personas que ponen en riesgo su vida, incluso lanzándose al mar, y que lo que buscan es una oportunidad en su vida. En este contexto es en el que cobra más sentido la gestión migratoria que hace nuestro país, la de poner en el centro los derechos humanos, pero, insisto, estas personas arriesgan su vida buscando un futuro mejor y nuestra manera de concebir la gestión migratoria es una gestión migratoria ordenada, segura y regular.

- Tras la última crisis migratoria en Canarias, el pasado otoño, la península acogió a numerosos inmigrantes, siendo Andalucía la principal comunidad receptora con cerca de 10.000 personas acogidas. ¿Cómo se han gestionado esas entradas?

- Los territorios frontera como Andalucía o Canarias tienen que saber que no están solos en la gestión migratoria que el Gobierno de España les acompaña y aprendimos lecciones muy importantes de esa crisis. Estamos preparados para ser con el sistema permeable y flexible para acometer y para afrontar la gestión migratoria, el desafío, y transformarlo como una oportunidad, que es como lo consideramos. Hay una importante construcción de centros, también, evidentemente, los fondos Next Generation contribuyen  a ayudar en esa gestión migratoria, pero el mensaje claro que quiero trasladar es que esos territorios frontera cuentan con el apoyo del Gobierno, de hecho, por ejemplo, en el pasado Consejo de Ministros se aprobaron 50 millones para Canarias y también para menores no acompañados otros 20 millones. En definitiva, que el Estado del Gobierno de España está con Canarias o Andalucía, en este caso, que no están solos y que se les acompaña con gestión y, por supuesto, con recursos de gestión migratoria.

- ¿En qué consiste el pacto el PSOE y Junts sobre inmigración? 

- Con total sosiego, y dentro de la Constitución y de la gestión y la vertebración de nuestro territorio, le digo que se trata de un acuerdo entre partidos que de lo que habla es de desarrollar una Ley Orgánica que establecerá esa delegación de funciones. Será esa ley la que tendrá que encontrar el recorrido y los apoyos para salir adelante, pero siempre dentro del marco de la Constitución y siendo conscientes de que somos un estado de autonomías en el que ya hay otros ejemplos como es la gestión del Ingreso Mínimo Vital, cedido a territorios como Navarra o el País Vasco, que ya están gestionándolo. Es decir, que esto se puede hacer.

- ¿Puede decirnos qué competencias delegará el Gobierno?

- Será la Ley Orgánica, que tiene que aprobarse, la que lo determine porque es una cuestión de ámbito constitucional. La Constitución ya prevé esa delegación de funciones y tenemos ejemplos. Es una ley tendrá que trabajarse y negociarse.

- Junts, por su parte, sí ha llegado a decir que la delegación de competencias en materia de inmigración debe ser integral...

- Hay que trabajar con rigor jurídico. Acabamos de ver una sentencia del Constitucional que ha respaldado, frente a bulos, en este caso tras un recurso presentado por Vox, que el ingreso mínimo vital sea gestionado por el País Vasco y Navarra. El Gobierno de España actúa con rigor jurídico, con seguridad jurídica, desmontando fantasmas como, en este caso, que hablaban de que se rompía la caja única o que se rompía España. Son bulos que se desmontan con verdad. Y en materia migratoria los derechos humanos son el centro de nuestra acción política y se va a proceder siempre con seguridad jurídica, respeto al marco constitucional y con diálogo y búsqueda de consenso. Porque ese es el hacer del Gobierno de España. 

- ¿Podría salpicar ese acuerdo a otras comunidades frontera como la nuestra, por ejemplo?

El Gobierno de España dialoga constantemente con las comunidades. Tenemos la obligación de esa vertebración territorial y esa coordinación interadministrativa, desde la entidad local hasta las comunidades que ya se está produciendo en todo lo que tiene que ver con la atención y con servicios que desarrollan con esa población como administración más cercana a la ciudadanía. Y ese objetivo de coordinación y de vertebración territorial es la manera de funcionar. Con un diálogo constante, a través de las conferencias sectoriales, e incluso, también, la reciente creación de esa comisión interministerial. Ese es el modus operandi de una Administración que trabaja con seguridad jurídica y con diálogo permanente con las Comunidades Autónomas.

La ministra Elma Saiz, durante la entrevista.

- Los últimos datos de enero dejan unos 43.600 afiliados menos a la Seguridad Social en Andalucía. ¿Son números que preocupan?

- Los datos de afiliación conocidos en enero son espectaculares. Hay que tener en cuenta que hay que quitarle el efecto calendario para poder analizarlos con más rigor. Hablamos de que en Andalucía hay 3.373.000 afiliados y afiliadas y está creciendo a un ritmo del 9,6%, e incluso más que el 8,1 que es el que el ritmo de crecimiento de España. Además, poniendo el acento en las tres patas, el empleo joven, que se está mejorando más de 14 puntos en menores de 30 años; el empleo femenino, ya hay casi 10 millones de mujeres afiliadas en nuestro país; y, por supuesto, en materia de contratos indefinidos y en sectores estratégicos. Con lo cual son datos muy buenos que hablan de un enero histórico, también en Andalucía. Insisto en otro dato de las mujeres también.

- Respecto a esa brecha de género laboral, ¿en qué posición se sitúa Andalucía?

- El empleo femenino ha crecido notablemente. Hablamos que en 2024 hay un 46,2% de mujeres trabajando. Es un salto muy importante porque son casi más de 120.000 más respecto a 2020. Aparte, hay un dato muy importante, las bases de cotización de las mujeres están creciendo un 2,8% más que las de los hombres lo quiere decir que el reemplazo ha venido. También se está mejorando una brecha también salarial importante de la mano del diálogo social y con una escucha activa. Esa es la senda y hay que seguir caminando en ella, ya la emprendimos la pasada legislatura y continuamos en estos próximos cuatro años que tenemos de trabajo. Pero quiero poner de manifiesto que, a todo lo que tiene que ver con cambios estructurales, que hacen avanzar en nuestro mercado de trabajo, el Partido Popular ha votado no cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo.

- Muy relacionado, el Ingreso Mínimo Vital, que llega ya a más de 745.000 hogares, tiene como principales beneficiarios a mujeres y menores. ¿Cómo interpreta su ministerio esta situación?

- Es un reto que en cualquier país europeo, una prestación de este tipo hubiera costado siete años ponerlo en marcha, y aquí se ha puesto en un contexto muy complicado. Es una realidad y está llegando. Pero hay que indicar que aquí las comunidades autónomas podían hacer tres cosas, es decir, podían ampliar la cobertura, podían extenderlo a más población o podían reducir esa protección. Es importante destacar que en los últimos cuatro años, el Ingreso Mínimo Vital protege 13 veces más que la Renta Mínima de Inclusión, en este caso, de la Comunidad Autónoma en Andalucía. Con esto estamos viendo cómo se está destinando mucho más por parte del Gobierno de España que por parte del Gobierno de la región. La coordinación entre Administraciones es muy importante para ser eficaces y poner en el centro a las bolsas de actividades de la ciudadanía.

- En cuanto a las pensiones, acaban de ser revalorizadas, pero, ¿cree que es sostenible este sistema? ¿Garantiza a aquellos que ahora ronda los 40 ó 50 años que van a cobrar su pensión el día de mañana?

- Mire, todos los pasos que estamos dando en mejora del empleo o con la reforma laboral, son una herramienta muy importante para esa sostenibilidad del sistema de pensiones. Por territorizar esa revalorización, le digo que una pensión media en Andalucía va a incrementarse 647 euros al año. En los últimos cinco años supone más de un 30% de revalorización. Esa es la manera de acompañar y de paliar los efectos de la inflación y dar seguridad jurídica a nuestros pensionistas. A los de hoy y también los de mañana.

- ¿Se había llegado alguna vez a esta revalorización?

- Nunca. Y, además, siempre habían estado sometidas a las decisiones de las incertidumbres en gobiernos del Partido Popular. En este momento está garantizado por ley y son los datos que hacen que un pensionista medio andaluz vea incrementada su pensión en 647 euros al año.