Doñana, más conservación y menos desarrollo sostenible

A la memoria de los conservacionistas de Doñana: José Manuel Rubio, Fernando Molina, Jesús Vozmediano y Juan Luis Muriel

Doñana es probablemente el símbolo y la imagen más potente de la conservación de la naturaleza en España. No es el espacio natural más antiguo, su declaración como Parque Nacional remite a 1969, pero su historia como territorio a conservar, primero como coto y después como espacio protegido para la investigación científica, abierto a la cooperación internacional, ha sido tal que su proyección ha trascendido países y continentes. Por ello es de lamentar que, desde hace 50 años, Doñana para la sociedad haya sido más noticia por los impactos negativos que degradan su integridad natural que por las que actúan a favor de ellas. Entre éstas cuentan las 132.000 hectáreas que en sentido estricto constituyen en la actualidad el territorio protegido de Doñana, formado por dos reservas biológicas, un parque nacional (ampliado en 1978, 2004 y con la gestión transferida del Ministerio a la Junta Andalucía), unos monumentos naturales y un parque natural. Además, todo el territorio es Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA (Directiva 79/409/CEE), forma una amplia Reserva de Biosfera, es Sitio Ramsar, Diploma Europeo y Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).

Sin duda, el elemento clave de la conservación de Doñana es el agua, y enfrentado a él, el desarrollo económico de su entorno, basado en la explotación “sostenible” de este recurso considerado siempre supuestamente inagotable. Sin embargo, desde finales del siglo XX la tendencia climática seca constante y la extracción inmisericorde de su acuífero y de las aguas superficiales de la cuenca de La Rocina, están provocando una situación deficitaria para Doñana. La situación comenzó a ser previsible en 1992, cuando la Junta Andalucía constituyó la Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo Económico del Entorno de Doñana, coordinada por Manuel Castells, que elaboró un dictamen para la configuración de los planes de “desarrollo sostenible” de Doñana. Para entonces, se establecieron recomendaciones de extracción del acuífero de 18 hectómetros cúbicos por año. Se trataba de una cifra que pronostiqué públicamente fomentaría la puesta en cultivo de la zona forestal norte de Doñana, conllevando, además de un cambio de uso, una demanda excesiva de agua para la agricultura a corto y medio plazo, mermando, como así ha sucedido, los aportes de agua para la conservación de los procesos geoecológicos del Parque Nacional. Adviértase, que hoy, 2023, 31 años después de 1992, con más de 10.000 hectáreas en regadío con agua proveniente del acuífero, los regantes están demandando, como sustitución de las extracciones que llevan a cabo, el trasvase de agua superficial de 19,9 hectómetros cúbicos por año desde el Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, que fue aprobado por Decreto-Ley con carácter de urgencia en 2018. El regadío se vio respaldado con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) en 2003. Era un plan “sostenible” con prohibiciones de extracción y limitaciones en función del Plan Hidrológico, lo que no fue óbice para que entre 2003 y 2009 los usos contrarios al POTAD se aceleraran en los municipios de la Corona Forestal (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). El resultado fue la ocupación de más de 1.600 hectáreas pertenecientes a las parcelas forestales protegidas en el Potad, conculcándose a mi entender la Ley Forestal de Andalucía. Estas irregularidades quedaron legalizadas con el conocido Plan de la Fresa elaborado entre 2007-2014. El año de su aprobación (2014), tras las denuncias presentadas desde 2008 por el Club Doñana, WWF, etc., se abrió el primer expediente sancionador a España por la UE, por los incumplimientos de las directivas Hábitats y Agua y el “mal estado” del acuífero de Doñana. Con todo, no se revirtieron las acciones degradantes, sino que, en el año seco de 2016, los regantes del Plan de la Fresa demandaron al Parlamento amnistía para los regadíos ilegales y la ampliación de la zona regable de la Corona Forestal. En junio de 2021 llega la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por las continuas extracciones ilegales de agua para la agricultura y el abastecimiento urbano, y, en consecuencia, la falta de protección del agua en Doñana. Sin embargo, la presión continúa y, apelando a la sostenibilidad, se registra en el Parlamento de Andalucía (enero, 2022) la Proposición de Ley Para la Mejora de la Ordenación de las Zonas Agrícolas del Condado de Huelva (…), presentada por PP, Cs y Vox con la abstención del PSOE, aprobándose su tramitación por la vía de urgencia el pasado 12 abril.

Doñana forma parte del patrimonio natural de Andalucía, España y de la Humanidad, al mismo nivel que La Alhambra o la Catedral de Sevilla. Su conservación debiera ser un motivo de orgullo y de desarrollo humano. La solución que ofrece esta Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía vía los trasvases de agua superficial no es tal ya que la demanda de agua para la actividad agrícola intensiva se ha demostrado insaciable y la tendencia seca es acusada. Sólo un “Pacto por la Preservación de Doñana”, que prohíba legalizar nuevas hectáreas de regadío y parcelas, que acometa el cierre de pozos y balsas ilegales, que desarrolle un plan de restauración, depuración y regeneración hídrica (incorporando las cuencas de La Rocina y el Guadiamar), permitiría conservar sus maltrechos geoecosistemas y seguir manteniendo “el mito de Doñana” [Aquilino Duque dixit], referente mundial de la conservación española.