EL PSOE de Andalucía lleva cuatro años desnortado, desde que salieron de su burbuja de poder y comprobaron, allá por diciembre de 2018, que la sociedad andaluza había dejado de considerarlo el partido de la centralidad política y el principal instrumento que tenía para ejercer el autogobierno.

Más de 37 años de poder, por temporadas absoluto habían alejado de la realidad a los socialistas. No creían posible que los andaluces optaran por otras opciones que configuraran una alternativa.  En 2018 fue la suma de tres partidos. Y en 2022, una mayoría absoluta para que el principal de ellos, que venía de unos sus peores resultados pero había podido gobernar, tuviese todos los resortes disponibles para asegurar el progreso –progresar no es patrimonio de la izquierda– de Andalucía.

El 19 de junio pasado el PSOE-A comprobó en las urnas cuán lejos está de ser alternativa de gobierno. Un resultado que demostró que el problema no era sólo, aunque también, de liderazgo. Susana Díaz se desentendió de los problemas reales de los andaluces y vivió su última etapa de gobierno ensimismada en su fracasada carrera política nacional.

Pedro Sánchez optó por imponer un cambio de liderazgo que ha resultado desastroso en cuanto a resultados. Al PSOE de Juan Espadas no se le reconoce como alternativa y vive sumiso al Gobierno del líder nacional, que genera un enorme rechazo.

En unos días se convocarán formalmente las elecciones del 28 de mayo, que en Andalucía serán exclusivamente municipales. Y Espadas se lo juega todo en esa cita, pese a que ya no es candidato a alcalde.

En ese contexto, los socialistas andaluces andan empecinados en mezclar como sea al PP-A de Juanma Moreno con la corrupción. La máxima expresión de ello es que ayer en el Parlamento Espadas hablase de un caso emergencias. Cree que puede llegar a encontrar en los contratos de emergencia firmados en la pandemia una madeja que permita igualarse con el interminable caso ERE, que aún sigue cobrándose víctimas políticas. La última la directora general de la Guardia Civil, la sanluqueña y malagueña de adopción María Gámez.

No se ve por ahora que su desesperada estrategia tenga las consecuencias que buscan. Pero mal harían en el PP-A y el Gobierno de la Junta de Andalucía si deciden ignorar que han de extremar el control sobre la gestión del dinero público y de los servicios públicos, con especial atención al SAS, convertido en principal ariete político en este largo año electoral.