La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha abierto una segunda causa, denominada Avales II, en relación con un nuevo grupo de empresas que recibieron avales y préstamos de la agencia Idea, una nueva investigación que se suma a otra en la que ya se investigan las ayudas a un conjunto de 18 empresas.

En un auto fechado el 14 de febrero, la juez Bolaños ha acordado incoar unas nuevas diligencias previas, en las que ha incorporado la documentación aportada por la agencia Idea con la relación de empresas que recibieron avales y préstamos.

La instructora también ha requerido a la Intervención General de la Junta para que designe un perito que examine los expedientes concretos y emita un informe sobre determinados aspectos.

La juez quiere saber si la simultaneidad constatada en estas nuevas empresas que van a ser investigadas es “contraria o no a las disposiciones que resulten de aplicación y, en concreto, a la normativa comunitaria”.

El perito también deberá pronunciarse sobre si la interpretación que s realiza sobre la cuestión relativa a la “superación del límite presupuestario –avales dictados en base a delegación de competencias- resulta manifiestamente contraria a la norma o por el contrario es una interpretación admitida en parámetros de normalidad de actuación y razonabilidad”.

De la misma forma, la juez quiere un informe de la interpretación que se realiza sobre la “no necesidad de autorización previa del Consejo Rector o, en su caso, del Consejo de Gobierno sobre subvenciones del año 2009 por aplicación del criterio de cuantificación por riesgo y no en su cuantía total, resulta manifiestamente contraria a la norma o por el contrario es una interpretación admitida”.

Lo mismo requiere sobre la autorización previa de la Comisión Europea y sobre si la falta de publicidad detectada pudiera ser “relevante en orden al dictado de resoluciones arbitrarias e injustificadas”.

Por último, Bolaños pide al perito que se pronuncie sobre “si los efectos derivados de las anteriores interpretaciones o actuaciones entrañan un riesgo de menoscabo de fondos públicos, de los que pudieran derivarse responsabilidad patrimonial del funcionario o, en su caso, pudiera ser indiciaria de ilícito penal”.

Esta nueva causa se suma a la ya existente sobre los avales y préstamos de Idea. De las numerosas ayudas que, en principio, la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, tenía intención de investigar en un sumario que algunos habían vaticinado que sería más grande incluso que el de los ERE fraudulentos, la instrucción de la causa de los avales se acotó inicialmente a sólo 18 empresas después de que la magistrada María Núñez Bolaños limitara el objeto de la investigación en un auto dictado el 2 de marzo de 2016, en el que reclamó a IDEA únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Las 18 empresas a las que se limita la investigación de la primera causa de los avales son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.