La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha excluido a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía  -el ex director general de Trabajo Juan Márquez; el ex director de IDEA Jacinto Cañete; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández Garcia; y Bienvenido Martínez Martínez,ex director de Inversiones de IDEA- de la pieza separada de los ERE relativa a la ayuda de casi 400.000 euros concedida en 2008 a la empresa EDM Séneca. Este pago se realizó a través de la agencia IDEA.

En referencia a Bienvenido Martínez, para quien el sobreseimiento ha sido provisional, el auto destaca que "en el expediente de concesión del préstamo a EDM Séneca no aparezca ni siquiera su nombre o cargo; es más desde su cargo no tenía capacidad decisoria alguna en su otorgamiento, sin que se indique en los autos recurridos ni en los escritos de impugnación del recurso que haya podido influir de manera concreta y directa en la concesión de dicho préstamo". Fue procesado porque era consejero de Invercaria y , segíún la acusación, "conocía" el crédito de IDEA a EDM.

El auto estima los recursos de apelación de los investigados y revoca parcialmente el auto de procesamiento y el de su ratificación, dictados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por una ayuda de 384.841,65 euros que la Junta concedió a través de IDEA "sin sujeción a procedimiento legalmente establecido y con el pretendido destino" de pagar las nóminas de EDM mientras se analizaban sus "problemas de reestructuración".

El pago se realizó en virtud de un convenio de colaboración con la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida presupuestaria 31-L. Según las defensas de Fernández, Márquez y Cañete, el procesamiento iba contra el principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, puesto que Antonio Fernández García, Juan Márquez y Jacinto Cañete ya han sido juzgados por esta cuestión en el denominado procedimiento específico de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía pedían cinco años de cárcel para cada investigado por malversación y prevaricación al defender que la ayuda no provenía de la partida 31-L sino de la Consejería de Innovación.

La Sección Séptima considera probado que el dinero en efecto salió de Innovación, aunque el programa "al que estaba vinculado de forma expresa" era el de Empleo y cuando el préstamo "fue fallido", porque no se devolvió, IDEA "regularizó su contabilización" y lo imputó "a la partida a la que se encomendó su otorgamiento", la 31-L.

Anticorrupción y la Junta "dan a entender" que la ejecución del cargo, y por tanto el delito, se produjeron "al darse por fallido el préstamo" el 31 de diciembre de 2013, pero entonces "ninguno" de los investigados tenía en la Junta "ningún cargo del que pudiera derivarse responsabilidad", según el tribunal.

La Sección Séptima, por tanto, estima que el programa que "ha soportado ese menoscabo de fondos" fue el 31-L .