La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que archive la causa contra 12 imputados en el caso de los ERE fraudulentos –entre ellos uno fallecido en enero pasado- al estimar que han prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de extraneus que se les atribuyen, según un escrito presentado el pasado 18 de marzo por el Ministerio Público.

A la vista de esta petición, la juez ha dictado una providencia dando traslado a las acusaciones particulares y populares para que se pronuncien en el plazo de tres días sobre la posible prescripción, y mientras tanto ha decidido suspender las declaraciones de 35 nuevos imputados previstas para esta semana y entre los que se encontraban algunos de los implicados para los que se ha solicitado la prescripción de los delitos.

En su escrito, la Fiscalía pide a la instructora que declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados "perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas" contenidos en el auto del pasado 6 de febrero de 2015 –en el que imputó a estas 35 personas relacionadas por ayudas relacionadas con la Sierra Norte-, cuyo importe sea "claramente inferior a 450.000 euros, siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda al dictado del auto referido hayan pasado más de 10 años", dice el fiscal.

En esa situación estarían los siguientes imputados: Antonio Diana Expósito –que recibió una ayuda de 60.000 euros pagada en julio de 2004-; Antonio Florencio Suárez -60.000 euros-; José Gómez Muñoz -90.151,81 euros-; Eustaquio Reina (fallecido en enero) y José Reina Espínola, quienes percibieron 300.000 euros; José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Barranquero, por una ayuda de 390.657,87 euros; José Manuel Prieto Guerra -180.303,63 euros-; Luis García García -270.455,44 euros-; Miguel Ángel Sáez Fernández -150.252 euros-; Joaquín Llano Heredia -150.253,03-; y Beatriz Pérez Martín. Ésta última es hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA, y percibió para la empresa Producciones Barataria ayudas por importe de 200.354,24 euros en 2004, aunque tiene otra ayuda en 2007 que no habría prescrito.

El fiscal recuerda que, de acuerdo con el artículo 131.5 del Código Penal, el plazo de prescripción a contar corresponde en el caso de concurso de delitos al que tenga el delito "más grave", en este caso, la malversación de caudales públicos. Y el plazo para el cómputo inicial del plazo de prescripción debe ser el del dictado del auto por el que se dio traslado a cada imputado del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto en el que "se le identificaba plenamente y se contenía una descripción suficiente de los hechos imputados" y que en este caso tiene fecha del pasado 6 de febrero de 2015.

El fiscal considera que el supuesto agravado –por el importe de la cuantía- y que elevaría el plazo de prescripción de 10 a 15 años, no debe aplicarse a aquellas ayudas inferiores a 450.000  euros, porque a partir de esta cantidad las subvenciones "debían pasar por la ratificación/aprobación del consejo Rector de IEA, signo evidente de que la Administración Pública concedente las consideraba de especial relevancia por su cuantía".

De esta forma, el Ministerio Público considera que aquellas ayudas inferiores a 450.000 euros "no podrían ser consideradas de especial gravedad a los  efectos de la aplicación del subtipo agravado del artículo 432 del Código Penal". Y, por el contrario, en aquellas que superan esa cantidad el plazo de prescripción para el fiscal debe elevarse a 15 años a contar desde la fecha del último pago.

No obstante, en los 12 casos que el fiscal considera que el delito ha prescrito, sí interesa que se aplique lo previsto en el artículo 122 del Código Penal, "procediendo a exigir a la persona física o jurídica perceptora/beneficiaria nominalmente de la ayuda su íntegra devolución". Y también pide que, en ese caso, se les tome declaración como testigos.

De otro lado y en relación con el atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte, Anticorrupción ha pedido a la instructora que cite a declarar a otros cinco imputados, entre los que se encuentran Verónica Galloso, por haber recibido una ayuda de 60.000 euros a modo de ayuda directa a empresa los días 12 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007 por el bufete Estudios Jurídicos Villasís, pago realizado por orden del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a cuenta de las "sobrecomisiones cobradas de las pólizas formalizadas por la mediación de la entidad Uniter".

También pide la imputación de Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz, por una ayuda de 430.000 euros de 2004 para su empresa El Venero de Móstoles; así como de Rogelio Becerra Martín, por su participación en la obtención de ayudas para las empresas del corcho de la Sierra Norte; y de Fernando Pedro Moreira Oliveira Alves, también por su participación en la obtención de ayudas para la empresa Cortansa, corchos de Cazalla y de Corchos Higuera.