El letrado Francisco Torres, abogado que ejerce la acusación particular en la causa contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, ha reiterado este lunes que el pequeño estuvo "cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada".

Durante su intervención en el inicio de la vista con jurado popular, ha mantenido que la muerte del niño no fue un accidente, como mantiene la defensa de Quezada.

De haberlo sido -ha argumentado al respecto- la mujer pudo haber llamado al 061, a la Guardia Civil o a cualquier servicio de emergencias para socorrerlo, pero no lo hizo.

"No cabe tanta maldad, hacer tanto daño a un niño", ha dicho Torres, quien ha apuntado a que el móvil de Quezada fue doble, "económico" y porque "Gabriel le estorbaba". "Jamás he visto escenas de tanta maldad", ha reiterado.

Además ha sostenido que aprovechó que el padre del menor, Ángel Cruz, trabajaba el 27 de septiembre del año pasado para llevarse al pequeño a una finca de Rodalquilar (Níjar, Almería), con cualquier "pretexto", un lugar "donde nadie te va a escuchar, apartada del mundo".

"En esa finca mata al niño", ha dicho Torres, quien ha negado que Gabriel muriese por asfixia directamente, sino que primero sufrió diversas lesiones y que cuando Quezada iba a enterrarlo se dio cuenta de que respiraba y lo asfixió.

En su opinión, "se le fue de las manos" porque no esperaba que hubiese tanta afluencia de personas en un pueblo con unos cincuenta habitantes.

La defensa: "Si estaba planeado fue chapuza enorme"

El letrado Esteban Hernández Thiel, letrado de Quezada, ha sostenido que si el pequeño falleció porque "todo estaba planeado" como sostienen acusación particular y Fiscalía, "parece una chapuza enorme".

"Matarle en la vivienda de su padre; quedarse allí con el revuelo mediático que se forma; seguir con ellos -con los familiares-... Un móvil que tiene poco sentido", ha mantenido ante los miembros del jurado, insistiendo en que su intención no era provocar unas lesiones al niño, ni añadir un sufrimiento añadido a los padres sino que "no se descubriese lo que había hecho" posteriormente.

Ha apuntado que la acusación particular mantiene que le dio una "somanta de palos" a Gabriel antes de matarlo, algo que no prevé la Fiscalía y que Hernández Thiel niega rotundamente, sino que provocó su muerte de forma accidental para acallarlo.

"Nuestro relato se realiza en función de la declaración -de Quezada- ante la Guardia Civil. Cuando la detienen dice que el niño le comenzó a gritar, a insultar, que le tapó la boca, le puso la mano en la boca y que cuando se vino a dar cuenta no respiraba", ha señalado.

Ha apostillado que esta versión es compatible además con los informes de los médicos forenses y con las lesiones que presentaba el niño. "No murió estrangulado, no hubo una sucesión de golpes por ninguna parte", ha precisado.

Jurado popular

El jurado popular que enjuiciará a Ana Julia Quezada, la dominicana de 45 acusada del crimen del pequeño Gabriel Cruz, ya ha quedado constituido, tras lo que dará comienzo a la vista oral contra la acusada, que se alargará hasta el próximo 18 de septiembre, cuando se entregue el objeto de veredicto.

Los nueve miembros del jurado, así como dos suplentes, han sido seleccionados entre 36 posibles candidatos -siete mujeres y dos hombres- y ha quedado constituido sobre las 12:00 tras los descartes de las distintas partes personadas en la causa.

Llegada a la Audiencia

Quezada ya se encuentra en la Audiencia Provincial de Almería para asistir a la vista oral del proceso, primera de las ocho sesiones que servirán al jurado popular para determinar si finalmente se le impondrá la pena de prisión permanente revisable o no.

La Policía Nacional ha conducido a la acusada desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería hasta el Palacio Provincial de Justicia, al que ha llegado sobre las 08:55 horas.

Ana Julia, vestida con una americana de color azul y pantalón blanco, ha accedido escoltada por agentes de la Policía Nacional sin incidentes, ante la mirada de los medios de comunicación.

La acusada se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía.

Solicita también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda de Gabriel y además, en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.

La Fiscalía también solicita que Quezada, compañera sentimental del padre de Gabriel cuando el niño, de ocho años, fue asesinado, en febrero del año pasado, no pueda comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de los padres durante 30 años.

El escrito de calificación fiscal señala que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición del niño, el 27 de febrero del año pasado, por "asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima".